sábado, 11 de marzo de 2017

Intervención de Estados Unidos en México y Centroamerica: la continuación de la economía de guerra

Intervención de Estados Unidos en México y Centroamerica: la continuación de la economía de guerra

Por Santiago Navarro F
Entonces, al hablar de la guerra contra el narcotráfico en México y Centroamérica, necesariamente se tendría que habar del flujo de armas, un pilar fundamental que sostiene a la delincuencia organizada, pero también al mercado de la industria bélica.
Mientras que los mandos del Comando Sur y el Comando Norte de los Estados Unidos realizaban un recorrido por puntos estratégico en Honduras, México y Guatemala, a principios de este año 2017, el recién electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazaba a Enrique Peña Nieto, presidente de México, sobre una posible intervención militar en caso de que no pueda resolver el tema del narcotráfico.
El Comando Sur (SOUTHCOM) es uno de 6 Comandos Combatientes Unificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y es responsable de las operaciones militares de USA, la cooperación y la creación de asociaciones en una región que incluye 31 países y 10 territorios en el Caribe, América Central y América del Sur.
El Comando Norte (NORTHCOM) es responsable de la defensa interna de Estados Unidos, y abarca Alaska, Canadá, México y porciones del Caribe (Cuba incluida).

México

Era el 31 de enero cuando el jet Gulfstream IV (C20-F) de la de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) aterrizaba en el hangar de la Marina en la frontera sur de México, Tapachula, Chiapas. Lori Robinson, jefa del Comando Norte de Estados Unidos, Kurt Tidd, líder del Comando Sur, y la Embajadora, Roberta Jacobson, se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. Entre ellos estuvo la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores y el canciller Luis Videgaray. De acuerdo con fuentes del medio británico, Reuters, los asistentes pidieron el anonimato. Entre otros temas que se abordaron en esta reunión, se tocaron ejes sobre migración y la delincuencia organizada.
Esta reunión se llevaba a cabo mientras se tensaban las relaciones diplomáticas vía telefónica entre el gobierno de Enrique Peña Nieto de México y Donald Trump de los Estados Unidos, donde este último exigía al presidente mexicano que su país tendría que pagar por la construcción del muro fronterizo que divide a los dos países. Trump también lanzaba una amenaza a Peña Nieto diciéndole que si los militares mexicanos no podían combatir a los cárteles de la droga, entonces tendría que enviar tropas de su país a solucionar el problema.
Han pasado ya varios días desde este acontecimiento, y las declaraciones de Trump parecen ser la continuidad de una intervención militar planeada desde antes del año 2010, según una filtración de WikiLeaks con fecha del 10 de septiembre del año 2010 (Latam) Mexico-100910. El documento revela que un equipo de la inteligencia de México y el entonces embajador de este país en los Estado Unidos, Arturo Sarukhán, realizaron reuniones secretas en las instalaciones del Comando Norte del Pentágono. Por parte de Estado Unidos estuvo el Departamento de Seguridad Nacional y representantes de la Fuerza Aérea. La filtración también sostiene que, el entonces comandante del Comando Norte, el almirante James A. Winnefeld Jr., había ordenado la evaluación de la posible asistencia militar a México, más allá de la formación y programas de intercambio.
Aunque el mandatario mexicano negó que en la conversación con Trump se haya hablado sobre una posible intervención al territorio de México, al parecer las declaraciones de Trump y la última visita de los mando militares estadounidenses en territorio mexicano tienen un sentido más amplio que exige la participación y cooperación del gobierno de Peña Nieto para una intervención de las fuerzas militares estadounidenses para sumarse a la guerra contra el narcotráfico y la contrainsurgencia. Ya que la filtración también afirma que Hillary Clinton hizo una comparación de los acontecimientos con los contextos de guerra en medio oriente, por tanto, la guerra contra el narcotráfico en México tendría que ser considerada como una guerra contrainsurgente.
En esta guerra contra el narcotráfico en México, donde Estados Unidos ha sido participe, la realidad arroja cifras de más de 200 mil muertos durante una década, acompañada por el fortalecimiento del crimen organizado y el aumento del flujo de armas y drogas. Mientras estos mandatarios se esfuerzan por intercambiar sus discursos más inteligentes , por los menos 2000 armas entran diariamente de forma ilegal a México, es seguro que en la bolsa de valores forman parte de los 10 000 millones de dólares anuales que representa el negocio de la industria armamentista estadounidense. Las armas son mercancías que obviamente fluctúan de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. Ya que según un informe publicado en el año 2014 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de México, se estima que esas 2000 armas son compradas de forma legal en uno de los más de cien mil permisionarios que las venden en negocios legítimamente constituidos o a través de las llamadas ferias de las armas -Gun shows- que operan a lo largo de la frontera con Estados Unidos y México.
Un ejemplo es el rifle de asalto AR-15 fabricado por la armería más grande de Estados Unidos, la firma Smith & Wesson, es una de las armas preferidas de los narcotraficantes, pero también de uso exclusivo del ejército Mexicano y los ejércitos centroamericanos. Esta firma que cotiza sus acciones en NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) con el símbolo SWHC, solo en el año 2016 registró 722.91 millones de dólares en sus ventas. Las exportaciones de armas de las principales industrias del mundo aumentaron en un 14% entre los años 2011 y 2015 con respecto al lustro anterior, donde Estados Unidos figura como el principal vendedor de armas a nivel mundial, según el informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en inglés) publicado en febrero del año 2016.
A las armas ilegales se suma el armamento comprado por los Estados Nación. Un ejemplo es México, desde el año 2012 hasta el año 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto aumentó la compra de equipo militar a Estado Unidos, como aviones, helicópteros, camiones todo terreno y armas de alto poder. Esta adquisición se hizo a través del programa de ventas militares extranjeras (FMS) por
El gasto militar por persona aumentó en el período 2004-2014; en Honduras pasó de 9,0 a 30,7 dólares y en El Salvador se elevó de 26,8 a 41,0 dólares.
más de 1 billón de dólares, registró el informe publicado en el año 2015 por el Comité de Servicios Armados del Senado y de la Agencia de Defensa Seguridad y Cooperación ( DSCA por su siglas en ingles), de los Estados Unidos. Esto significa que la industria militar estadounidense adquiere ganancias de ambas partes de la guerra, con la delincuencia organizada y con el gobierno, mientras que las más de 200 mil vidas perdidas en este contexto, solo son daños colaterales, y las personas que son obligadas a migrar, se convierten en ilegales.
Entonces, al hablar de la guerra contra el narcotráfico en México y Centroamérica, necesariamente se tendría que habar del flujo de armas, un pilar fundamental que sostiene a la delincuencia organizada, pero también al mercado de la industria bélica.
Otro ejemplo es el aumento de compra de armas hacia Estado Unidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo por parte de los países de América Central. Los países que aumentaron su armamento y equipo militar son: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. De acuerdo con los datos que ha documentado el Informe, “Estado de la Región” del Consejo Nacional de Rectores de las universidades públicas de Costa Rica, las adquisiciones a Estados Unidos ascendieron 2.015 millones de dólares en el periodo que comprende de 2004-2014. Honduras concentró el 75,3% del total regional ($1.518 millones de dólares). Y el país sin ejército, Costa Rica, totalizó $142,6 millones, posicionándose en el segundo lugar.


 
Este contexto de la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo en América Latina se presenta como la nueva economía política dictada por el mercado internacional de la Industria Militar, ya que todo se ajusta a los lineamientos de la seguridad nacional de Estados Unidos, que a su vez, velan por los megaproyectos de alcance regional, como el Proyecto de integración Mesoamérica, que ha creado un entramado de complejos extractivitas y zonas especiales donde circulan de entra y salida las materias primas y mercancías, bienes y servicios, pero también las armas y las drogas. Es claro que para mantener el ritmo de producción de cualquier industria, es necesario la demanda en los mercados, y para la industria militar, la mejor demanda se encuentra principalmente en los contextos de guerra, como la del narcotráfico y el terrorismo. Entonces, la posible intervención de los Estado Unidos a México, tiene otro sentido más allá de acabar con esta guerra, ya que terminar con la guerra contra el narcotráfico implicaría terminar con el mercado de las armas en al región.
Con la intervención militar de Estados Unidos a México se estaría cerrando una parte de la pinza que hace falta en su área de influencia con presencia oficial del ejército estadounidense, ya que los siete países que integran América Central (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá) han tenido presencia de las tropas estadounidenses en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, pero esto no significa que hayan tenido buenos resultados.

Guatemala

Los mandos del Comando sur y del Comando Norte de los Estados Unidos, el mismo día que visitaron el sur de México, también viajaron hacia Guatemala donde visitaron la Fuerza de Tarea Interinstitucional Tecún Uman, creada en el año 2013 con más de 250 militares de elite para combatir el narcotráfico, contrabando y otras actividades del crimen organizado en las zonas fronterizas con México.
“Las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales buscan posicionarse en los principales centros fronterizos con México, Belice, El Salvador y Honduras. Estamos hablando de alrededor de 7 Fuerzas de Tarea formadas en y desde Estados Unidos. Hay infraestructura y un andamiaje institucional y financiamiento de este país, es decir, ellos están detrás de estas Fuerzas de Tarea”,
La visita del Comando Sur no es la primera que realiza en Guatemala. La primera que realizó de forma oficial fue en el marco de la inauguración de la 1ª Fuerza de Tarea, Tecún Uman, en abril del año 2013, como una muestra de continua cooperación de seguridad trasnacional entre Guatemala y Estados Unidos, el General Frederick S. Rudesheim, quien era el Comandante del Ejército Sur, visitó este país centroamericano para dar luz verde al acto de inauguración del entrenamiento de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Tecún Umán, en San Marcos. En un boletín de prensa emitido antes de la inauguración se anunciaba que la embajada estadounidense había donado al Ministerio de la Defensa Nacional, 42 vehículos tácticos marca Jeep J8, con un costo total de 5.5 millones de dólares. Incluyendo 9.2 millones de dólares en equipamiento personal y organizacional y 10.71 millones de dólares en la construcción de una base de apoyo logístico y de operaciones.
“Las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales buscan posicionarse en los principales centros fronterizos con México, Belice, El Salvador y Honduras. Estamos hablando de alrededor de 7 Fuerzas de Tarea formadas en y desde Estados Unidos. Hay infraestructura y un andamiaje institucional y financiamiento de este país, es decir, ellos están detrás de estas Fuerzas de Tarea”, explicó para Avispa Midia el investigador Luis Solano, quien también es autor del libro, “Guatemala Petróleo y Minería en las Entrañas del Poder”.
Aunque cada militar de las Fuerzas de Tarea cuenta con tecnología especializada, como sensores de calor y visores de alcance de 2 kilómetros para realizar operaciones nocturnas, así como armamento de alto poder y vehículos tácticos, las actividades del narcotráfico no han disminuido. Solano asegura que las Fuerzas de Tarea están contaminadas con las estructuras gubernamentales corruptas que se debieron haber limpiado con la creación de las primeras Fuerzas de Tarea Interinstitucionales. “Tras la caída del gobierno de Otto Pérez Molina y todas las estructuras alrededor de ellos, se presentó como un proceso de limpieza de las instituciones claves del Estado, pero que son las mismas que forman esas Fuerzas de Tarea. Por más financiamiento que haya, no ha habido una disminución del narcotráfico”, dijo Solano.
En Guatemala se han realizado una serie de capturas y extradiciones de narcotraficantes, pero no se han tocado a los altos mandos del ejercito y la policía que han sido participes de la delincuencia organizada dice el investigador. “Sí han habido muchas capturas y extradiciones, pero las estructuras no decaen, por el contrario, se reconvierten y lo que se genera son luchas internas. En Guatemala lo que se observa es que hay reciclajes y hay cambios de mando en el poder de esos carteles de la droga. También el Estado tiene una presencia clave y una fuerte influencia. Incluso hay denuncias de la existencia de una organización narcotraficante dentro de la policía que se encarga de decomisar cargamentos y pasarlos a otros carteles”, explica Solano.
Efectivamente, en el año 2014, un informe aparentemente producido para las agencias de inteligencia y antinarcóticos de Estados Unidos y publicado en el diario elPeriódico, se refiere a estos policías corruptos como el “Cartel de la Charola”, y afirma que surgió luego de que algunos narcotraficantes empezaron a pagarle a ciertos oficiales de la policía de Guatemala para que protegieran sus cargamentos de drogas en los años noventa. Según la investigación, algunos policías empezaron a robar estos cargamentos (una práctica conocida como “tumbe”) para venderlos a traficantes en la zona fronteriza entre Guatemala y México.
Aunque elPeriódico no especificó cómo obtuvo el informe de inteligencia ni identificó a los autores o su fecha, el investigador Solano afirma que, “en el caso del ejército, es él quien realmente controla el narcotráfico en el país. Las organizaciones de narcotraficantes no operarían sin un apoyo o relación, o presencia de la inteligencia o contrainteligencia, de militares o comandantes de zonas, siempre hay un vínculo. Esto no es nuevo, es histórico, en los años 90 hubo una organización que se llamó Los Capitanes. Se detuvieron a 10 capitanes del ejército que tenían el control del narcotráfico en esa época, pero nunca fueron extraditados, no hay ninguno de los altos mandos detenidos”.
La creación de una Fuerza de Tarea en México quizá no sea la excepción en el sentido de que no este compuesta por una estructura corrupta y que suceda algo similar que en Guatemala, no acabarían con el problema, sino que serian parte de él. Lo que si es seguro es que con este grupo de elite creado por los Estados Unidos, se cierra la pinza de la presencia del ejército estadounidense en la región.
“Las Fuerzas de Tarea al igual que otros programas implementados por los Estados Unidos no han cumplido con los objetivos ofrecidos. Por el contrario, los megaproyectos de infraestructura para la extracción de minerales, petróleo, agua y gas han aumentado de forma violenta, esto junto al narcotráfico han sido un factor de expulsión de la gente en sus comunidades que son obligados a migrar. Guatemala sigue siendo un punto clave de paso del narcotráfico hacia México y hasta Estados Unidos. Por distintas formas, vía área, marítima y terrestre, y todas las formas posibles para trasladar las drogas. Todas las rutas comienzan en Honduras y el Salvador, y terminan en Peten, Huehuetenango y San Marcos que son los departamentos que tiene la frontera con México. Aquí hay una gran cantidad de puntos de cruce del narcotráfico de forma impresionante, y que no han sido alterados desde la formación de la primer Fuerza de Tarea que supuestamente tiene presencia en esta zona”, dice Solano.

Honduras

Honduras es un país conocido por la gran riqueza cultural y de bienes comunes de la naturaleza con los que cuenta, pero también es conocido por el alto índice de asesinatos de defensores del medio ambiente y el derecho de los pueblos indígenas. El caso de Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo del año 2016, hizo que los ojos del mundo voltearan a ver a este país. Más de 100 activistas que defendían sus territorios contra proyectos de alto impacto de empresas nacionales y transnacionales fueron asesinados entre el año 2010 y 2016, un dato que contrasta con el aumento de la militarización en este país, incluso con presencia del ejército de los Estado Unidos que llegó para establecer el “orden y la paz”.
El Comandos Sur y Norte también habían visitado este país un día antes de haber aterrizado en el sur de
“tiene que ver más con el apoyo a las empresas transnacionales que están saqueando nuestro país y son las que se están adueñando las tierras para los monocultivos o para sus políticas conservacionistas”
México. Fueron recibidos por los embajadores de Honduras y de Brasil en la Base Aérea Soto Cano, ubicada en el valle de Comayagua, Honduras. En esta base operan 600 militares estadounidenses y 650 civiles estadounidenses y hondureños como Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (FTC-Bravo).
“El propósito” de la visita, según el sitio oficial de la Fuerza de Tarea, “es fortalecer el entendimiento entre el Comando Norte y el Comando Sur sobre los intereses de seguridad a lo largo de la frontera México-Guatemala para la lucha contra la delincuencia”.
Aunque para los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPHIN), el cual fundó Cáceres, la presencia del ejército estadounidense en sus tierras, “tiene que ver más con el apoyo a las empresas transnacionales que están saqueando nuestro país y son las que se están adueñando las tierras para los monocultivos o para sus políticas conservacionistas”, dijo el indígena Lenka, José Martínez, Coordinador de actas del COPHIN.
El duro golpe que han recibido lo integrantes de esta organización al perder a una de sus principales figuras en su proceso de resistencia, los ha obligado a continuar con más fuerza y considerando los altos costos que puede tener esta determinación. “Esto ha sido desde antes y durante el golpe de Estado que los miembros del COPHIN hemos sido objetos de espionaje. Incluso en mi casa he recibido una gran cantidad de anónimos de amenazas de muerte. Juan Orlando Hernández (presidente de Honduras) es uno de los personajes que tiene grandes intereses en el país y es quien está poniendo en bandeja de plata a nuestro país a manos de las compañías trasnacionales estadounidenses y europeas. El 35% de la geografía nacional de nuestro territorio ya está concesionado. Y es por eso que él está fortaleciendo la fuerza ejército, por ejemplo la policía militar ha sido entrenada por los Estados Unidos”, señala José Martínez para Avispa Midia.
Las visitas que han realizado ambos comandos en América Central vienen a fortalecer las propuestas que lanzó Orlando Hernández desde que asumió el poder tras el golpe de Estado en Honduras. Sobre la creación de una fuerza multinacional que pueda combatir el narcotráfico en Centroamérica. Aunque parece que no es una propuesta que nació a partir de este mandatario, ya que casi simultáneamente los países Centroamericanos han creados sus Fuerzas de Tarea con apoyo de Estado Unidos para las mismas políticas, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Era el año 2014 cuando el presidente de Honduras anunciaba la creación y ejecución de las actividades de la Fuerza de Tarea Maya-Chortí, en la frontera de Honduras con Guatemala. “Estamos estableciendo un grupo de alto nivel con Guatemala, con Estados Unidos también. Trabajamos con un grupo de alto nivel en seguridad con México y ya con ellos estamos en proceso. Igual estamos por activarlo con Panamá y Nicaragua, con quienes hemos obtenido una excelente relación en materia de seguridad”, fueron las palabras del mandatario durante la inauguración.
En Honduras, aparte de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, existe La fuerza de Tarea de Propósito Especial Aire-Tierra de Marines-Sur (Especial Purpose Marine Air-Ground Task Force-Sout), y el mandatario de este país, tras una serie de denuncias de diversas ONG y la sociedad civil, asegura que no se está violando la soberanía de su país. “Quiero dejar algo claro, Palmerola (Bese Área Soto Cano) es territorio hondureño, Palmerola es una base militar hondureña y de nadie más, que no le quede duda a nadie, ni en Honduras ni fuera de Honduras, que ese es un territorio hondureño”, sostuvo en abril del 2015 Orlando Hernández.
Desde diciembre del año 2012 la Dra. estadounidense Adrienne Pine, antropóloga y catedrática de la American University, denuncio que la Base Área Soto Cano fue utilizada durante el golpe de Estado ejecutado en el año 2009 durante el gobierno de Manuel Celaya. “Estado Unidos siempre dice lo mismo, que no es base nuestra, es base hondureña y simplemente somos invitados. Eso sabemos que es mentira”. Así mismo, la catedrática asegura que junto a su colega, el antropólogo David Vine, de la American University, han identificado, “13 bases o instalaciones dentro de honduras que son construidas o financiadas por los Estado Unidos: Soto Cano; Caratasca; Gunaja, La Venta; Mocoron, El Aguacate y en Puerto Castilla hay tres tipos de bases de operación de avanzada utilizada para operaciones en Irak; Puerto Lempira; La Brea en Rio Claro; Naco; en Tamara hay una área de entrenamiento; y Zamorano es una área de tiro de entrenamiento”.
Cuando se le pregunta al indígena Lenka sobre qué pensaba de la presencia del ejército estadounidense en su país, sin titubear y con una gran seguridad comparte que, “como dicen los hermanos zapatistas, es una guerra definitiva contra los pueblos indígenas que no pudieron exterminar. La presencia de Estado Unidos en Honduras es geoestratégica, porque busca asegurar que las empresas puedan terminar de saquear a nuestros pueblos con el Proyecto Mesoamérica, pero también está construyendo más bases porque quiere atacar a otros procesos hermanos de otros países de Latinoamérica. Si no detenemos estos proyectos, en un plazo de 30 años la tierra terminara asesinada, porque estos proyectos son de muerte, por eso el territorio Lenka está siendo militarizado”, dice el miembro del COPHIN.
Martínez es una persona mayor, con una gran sabiduría y comprometido con su pueblo y su organización. Sabe que le pueden arrebatar la vida en cualquier momento, pero no tiene miedo, teme más por sus compañeros que son parte de su organización, algunos muy jóvenes, de no más de 20 años. “Estamos en la mira del ojo del huracán por parte de las empresas transnacionales y el gobierno sólo está cumpliendo los lineamientos de los Estados Unidos, de la Unión Europea, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Pero tenemos que luchar, con nuestro conocimiento y nuestra sabiduría indígena, porque es una guerra de exterminio, porque para los Estados Unidos, nosotros, los indígenas, representamos un peligro para el capitalismo, y somos sus enemigos porque no creemos en su discurso de desarrollo. Es su desarrollo el responsable del cambio climático que sufre nuestra madre tierra”.

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