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PNV y fracking: una cuestión de recursos

Por Luis Karlos García, periodista y miembro de Fracking Ez Arabako Errioxa

“La naturaleza no escapa a las relaciones de fuerza sociales: es la más política de las entidades”. (Razmig Keucheyan)

El Gobierno Vasco no ha dejado de potenciar el fracking. Es algo que ya sabíamos, así que este artículo pretende documentarlo y extraer varias conclusiones, ahora que acaba la legislatura y hay qu serie de conclusiones polien proclama lo contrario.
1 Hacer fracking no es solo perforar. Tan importante como eso es saber surfear el viento racheado de coyunturas globales desfavorables, desbrozar la maleza a los permisos vigentes, ofrecer ayuda de asistencia al sector en general, enmarañar la senda de una ley antifracking, allanar el camino a la presentación de un recurso a la misma o preparar a la opinión pública con estudios, la buena nueva de futuras técnicas inocuas y la apocalipsis que llegará en forma de indemnizaciones si a las empresas se les para los pies. Eso (y más) es lo que modela el apoyo irrestricto de Lakua al fracking.
2 Esta semana (31 de mayo y 1 de junio) se reúne en el BEC la Oil & Gas Conference, cumbre internacional de petroleros, perforadores y empresas auxiliares. No lo organiza el Gobierno Vasco, pero es el alma que late debajo. No hay más que echar un vistazo al panel de expertos, con un responsable de SHESA (Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, perteneciente al Departamento de Industria) a la cabeza. ¿Qué ha estado haciendo el Gobierno estas semanas, cuando el mandato que tenía era defender la ley vasca, recurrida por el Estado? Pues promover una cita extractivista de altos vuelos con algunos de los más connotados “actores de la cadena de valor del sector”, como ellos mismos pregonan. Por cierto: ¿dónde paraba el lehendakari el pasado jueves 19? ¿En Madrid, peleando la ley? No, en Muskiz, con Petronor, consolando a nuestro campeón contaminante en un momento que “sabemos no es el mejor”…
3 Hagamos una retrospectiva. Septiembre de 2014: el movimiento social reúne más de 100.000 firmas que exigen una normativa que pare el fracking. ¿En qué andaban en esos días en Lakua? ¿Interiorizando tal reclamo? Pues no: preparaban una doble página de impacto, que se publicaría dos semanas después en el diario vasco de mayor audiencia; el publirreportaje lo presidía la consejera, Arantza Tapia, y junto a ella sonreían varios empresarios vascos de primera línea relacionados con este negocio. ¿Objetivo? Persuadir a la sociedad de que el fracking es una oportunidad de negocio que no se puede desaprovechar. Intereses singularmente particulares socializados como universales.
4 Llega 2015. En la fase de elaboración de la ley el PNV maniobra para hacerse con la comisión que llevaría el proceso y dilatar las discusiones. Pero eso es pecata minuta comparado con el apoyo que brinda en Madrid en marzo a la Ley de Hidrocarburos del PP, que instaura la venalidad a la hora de que la sociedad trague con los pozos. Y en abril, cuando es de suponer que todos se dedicaban en cuerpo y alma a lograr la mejor norma, ¿qué hacía Industria? Filtrar a la prensa un globo-sonda para vender el fracking limpio, una nueva “técnica que reduce el riesgo contaminante”. Es también cuando solicita al Instituto Orkestra un informe cuya virtud era vestir ante la opinión pública los planes de Lakua en la materia, encargado con la premisa de que ignorara la ley en camino.
5 A comienzos de verano se aprueba la ley. El PNV brama pues le toca retratarse junto a UPyD (ambos son los únicos que no le dan el sí). Inmediatamente suena el teléfono en el Ministerio, descuelgan y reciben un manual de instrucciones para recurrirla… En septiembre, solo un par de meses desde la aprobación, Tapia ya se desentiende completamente de la norma. Se le cuestiona si siguen en vigor los contratos de explotación de hidrocarburos y responde taxativamente que sí, tanto para exploración como para, “en caso de éxito, explotación de hidrocarburos”.
6 La negociación del presupuesto de fin de año entre PNV y PSE es otra cata. Lakua accede a cumplir con la ley solo ante el riesgo de que los socialistas no apoyen las cuentas; mas lo hace después de intentar burlar a sus interlocutores escondiendo las partidas para el fracking dentro del proyecto de Angosto-1. La jugada confirma que el Gobierno Urkullu no desdeña deslocalizar (en Burgos) lo que aquí no se le permite, en una suerte de colonialismo de nuevo cuño, y esgrime que la ley no impide operaciones fuera que ofrecerían “retornos” tanto “técnicos como económicos beneficiosos”. El partido de orden por excelencia, encastillado en la insumisión a la ley y aferrado a un relato extemporáneo que raya la mofa: no hay por qué renunciar a los permisos dado que la ley tal vez prohíba hacer fracking, pero no explorar si hay recursos…
7 En los últimos meses el PNV ha operado un cambio formal por estrategia electoral, con el propósito de evitar salir en la foto junto al PP. Así, en marzo en el Congreso y a principios de este mes en el Parlamento opta por votar contra sí mismo (contra su doctrina y línea política consolidada). En Madrid apoyó prohibir el fracking (aunque ni siquiera tomó la palabra para explicar tamaño viraje) y en Gasteiz secundó la petición de paralización de proyectos en Euskadi (unas horas después de que Tapia reconociera en otro foro que busca el resquicio jurídico a fin de ”retomar” los proyectos). En Juntas de Araba lo ha vuelto a hacer. La máxima es no quedarse solo con el PP. Pero si en un concurso se pregunta el nombre de los dos partidos del estado que lo apoyan con recursos, estructura y discurso, la respuesta correcta es: PP y PNV.
8 Estamos ante una cuestión de recursos: recursos naturales en disputa, recursos que presenta el Estado y un catálogo de recursos y tácticas elusivas de Lakua y estructuras de poder del PNV. En otoño el movimiento social les pidió en nota de prensa que asumieran que el fracking no tiene licencia social, algo que el pasado 5 de mayo reconoció en pleno un portavoz jeltzale. Pero tampoco les importa no tenerla, y perseveran en su idea de esperar agazapados el momento de recuperar iniciativa (de ahí su interés por introducir en la ley la moratoria, equivalente a un fracking, en este momento, no); por eso dan pasos ocultos, aplican un plan B, aran el terreno y asisten al sector. En este punto no les vendría mal una reflexión. Por un lado, porque los citados ámbitos políticos están peligrosamente anidados en el negocio energético, en un tiempo nuevo en que cada vez más las políticas extractivistas son una losa para los gobiernos que las promueven frente a una sociedad que abomina de las eléctricas, las políticas energéticas o el lobby de los combustibles fósiles. Y porque es un error más grave si cabe posicionarse sin empacho alguno a lomos de esa lógica que identifica el poder político como lanzadera del poder corporativo. En definitiva: ser un operador político del capital extractivista es una apuesta de riesgo creciente. Y es que hay un dato incontestable: Lakua detenta hoy uno de los aparatos más potentes que una Administración tiene para impulsar el fracking. Es una temeridad política, económica y ambiental de primer orden.
9 Sí se puede, pero no se quiere. El Gobierno Vasco dispone de recursos suficientes para superar de facto el recurso del Estado. Solo ha de mirar al Este… Y paralizar por la vía de los hechos los permisos, como ha hecho el Gobierno de Aragón; e interiorizar -como ha insistido el de Catalunya- que por mucho cortocircuito que llegue de Madrid, con voluntad política, adiós al fracking. Pero la realidad es que en nuestro ámbito hay dos proyectos vivos, Enara y Angosto, y en ambos Lakua figura como promotor.