Dejaron correr más de tres semanas de trabajos en comisiones unidas, se congratularon por la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley3de3 y avalada por más de 600 mil firmas, dejaron correr la discusión legislativa bajo la modalidad de Parlamento Abierto para eliminar las “negociaciones en lo oscurito”, pero el jueves 21 de abril el coordinador de la bancada de los priistas, Emilio Gamboa Patrón, plantó la estocada al paquete de 7 leyes anticorrupción en el Senado señalando que la Ley3de3 podría desatar una “cacería de brujas”.
“Hay un artículo por ahí que dice que cualquier hombre o mujer que denuncie algo especial de su vecino se quedaría con el 10 por ciento de una comisión. Me parece que esto va a desatar una cacería de brujas”, afirmó Gamboa Patrón en conferencia de prensa.
Gamboa Patrón, experto operador de las órdenes de Los Pinos en el Senado, ejemplificó la supuesta “cacería de brujas”: “si mañana llegas tú con un carro nuevo: ‘a ver, investíguenla. ¿Con qué lo compró, qué dinero utilizó, qué cheque dio, qué depositó?’. Me parece que hay cosas que van a lastimar a la sociedad mexicana”.
Los senadores Armando Ríos Piter, del PRD, y Laura Rojas, del PAN, le respondieron que la Ley3de3 sólo hace referencia a servidores públicos y a las personas físicas y morales que reciban recursos públicos, pero el veto priista ya estaba colocado.
El objetivo del PRI y de su aliado el Partido Verde no fue evitar una “cacería de brujas” sino ganar tiempo y frenar la posibilidad de que se discutieran y aprobaran 7 leyes que eran reglamentarias de la reforma constitucional en materia anticorrupción, en especial, las reformas al Código Penal Federal y la creación de una Fiscalía General Anticorrupción.
Desde el principio, los enlaces de la Secretaría de Gobernación en el Senado y de la conserjería jurídica de Los Pinos, encabezada por Humberto Castillejos, buscaron frenar la posibilidad de que las leyes anticorrupción tuvieran “dientes” penales y que se creara la figura de un “zar anticorrupción”, defendida por la alianza del PRD y del PAN.
El senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, comentó a Proceso que el bloque priista buscaba sacar solamente las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas y las reformas al Tribunal Fiscal y Administrativo, pero nada que abriera la posibilidad a la sanción penal de quienes incumplieran lo establecido en la reforma anticorrupción.
Divide y Vencerás
La alianza del PAN y del PRD en el Senado, junto con las organizaciones promotoras de la Ley3de3, encabezadas por organismos empresariales como la Coparmex, académicos del CIDE y del ITAM, así como Transparencia Mexicana, Fundar o el Instituto Mexicano de la Competitividad prendió los focos de alerta en el bloque oficial.
El bloque del PRI-Verde primero optó por dejar correr el reloj legislativo sin participar en las discusiones de las comisiones dictaminadoras. Después fracturaron a la bancada del PAN, con ayuda del propio presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, a quien el propio senador Ernesto Ruffo le reclamó airadamente en sesión privada de la bancada, el jueves 28: “¿estás trabajando al servicio del gobierno?”.
El llamado “bloque calderonista” al interior de la bancada panista en el Senado se alejó de la alianza con PRD y dejaron sólo a su coordinador Fernando Herrera en el tema de la anticorrupción.
La senadora independiente Martha Tagle, quien participó en todas las deliberaciones, afirmó en declaraciones a Proceso: “todo el tiempo intentaron fracturar a la oposición. Primero al PAN. Siete senadores firmaron una carta con el PRI para decir que había que modificar el mecanismo de parlamento abierto, aunque Gamboa Patrón por ahí afirmaba que tenía 20 legisladores panistas de su lado”.
-¿Por qué los puso tan nerviosos el mecanismo de Parlamento Abierto?
-El Parlamento Abierto pone en entredicho al PRI. Primero, porque ponía en evidencia que no habían leído nada del contenido de las leyes y que ellos están acostumbrados a trabajar en lo oscurito. Que los dictámenes se negocien.
El PRI y el gobierno también fracturaron al bloque de las organizaciones ciudadanas promotoras de la Ley3de3. Contaron también con la ayuda y las presiones de empresas como Televisa y de algunos integrantes de los organismos empresariales, a quienes también les indujeron el miedo con la misma frase: se va a desatar “una cacería de brujas”.
El 26 de abril, en su columna “Espectro” de El Universal, el director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé condenó la Ley3de3 porque obligaría a que cualquier empresa o persona que reciba ingresos del gobierno por alguna venta “deberá transparentar todos sus ingresos –públicos o privados- y dar cuenta de todo su patrimonio”.
Es decir, que las empresas del sector de comunicaciones estarían siendo sujetas de la Ley3de3: desde los periódicos hasta las estaciones de radio, televisión y telefónicas que reciban pagos por dinero público, ejemplificó el funcionario de Televisa.
(Leer segunda parte)