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Fosas clandestinas y lugares de tortura cerca de domicilio de Cué; la barbarie define democracia en México: Osorno

 

 

Emma Martínez

Fosas clandestinas y lugares de tortura cerca de domicilio de Cué; la barbarie define democracia en México: Osorno

(06 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, fueron detenidos y desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en Oaxaca. Los dos eran militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario – Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR).
Ellos se encontraban aproximadamente entre las 5:30 y 6:29 de la tarde juntos, cuando elementos de diferentes fuerzas de seguridad los detuvieron y después, se dijo, los desaparecieron. Nunca más se volvió a saber de ellos. El PDPR-EPR, desde sus primeros comunicados, denunció que se trataba de un caso de desaparición forzada por motivos políticos.
A partir de aquel momento, familiares y amigos constituyeron el Comité de Familiares de detenidos – desaparecidos “Hasta Encontrarlos”. Desde aquel momento el Ejército Popular Revolucionario (EPR) insistió y sigue haciéndolo, en exigir el gobierno estatal y federal entreguen con vida  a sus compañeros, contra quienes, aseguran, se cometió un delito de lesa humanidad: desaparición forzosa.
En Oaxaca de 2001 a 2015 se han registrado 216 desapariciones, de las cuales 81 ocurrieron entre 2006 y 2008. Según información de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, “en noviembre de 2015, después de obtener información relevante sobre lugares donde podrían haberse llevado a cabo inhumaciones clandestinas de personas desaparecidas, abrió una averiguación previa ante la Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Así como también dio parte a la averiguación previa abierta sobre el caso de Cruz Sánchez y Reyes Amaya en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, sin que hasta la entrega de este informe se hubiera llevado a cabo el resguardo, así como la inspección de los domicilios señalados para confirmar o descartar la existencia de fosas clandestinas”.
Esto dentro de un informe realizado por la Comisión, con el título Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca. En cuyo apartado sobre desapariciones forzadas reportan centros de tortura en aquella entidad, señalando por lo menos cinco de estos en distintas zonas de la región.
“Nuestra investigación nos permitió establecer en el Informe que la gran mayoría de las personas que fueron detenidas a lo largo del conflicto de 2006-2007 en el estado de Oaxaca, se enfrentaron a la situación que ha mencionado el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en su informe de 2014.
Es decir, fueron casos de detención arbitraria acompañada de todos aquellos tratos crueles, incluyendo tortura durante y después de la detención, así como el robo de sus pertenencias por parte de los captores entre otras situaciones. Sin dejar de lado que un número importante de detenciones fueron llevadas a cabo por grupos armados ilegales”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO el miembro de la Organización, el periodista Diego Enrique Osorno.
Explica que estudiaron casos de desaparición de manera cronológica y en dos niveles. El primer nivel correspondió a situaciones donde se aprehendió a gente de manera masiva o en grupos grandes, especialmente en las fechas representativas, no solo en la ciudad de Oaxaca sino en algunos municipios donde su población apoyó al movimiento social.
El segundo nivel, aborda casos individuales. “Los grupos armados ilegales que operaron lo hicieron en coordinación con las máximas autoridades del estado en ese entonces y la estructura -que involucra a prácticamente todas las corporaciones de seguridad locales, estatales y federales- sigue operando en Oaxaca”.
Sobre los centros de tortura que la Comisión de la Verdad de Oaxaca ha señalado, Osorno comenta que existen sitios que les han otorgado una descripción de ello, “se trata de lugares cercanos a instalaciones policiales, lo mismo que casas de seguridad ubicadas en colonias prósperas de Oaxaca”.
Dichos datos, surgen, cuando al estar buscando información sobre la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, el PDPR-EPR, considera equivocadas las líneas de investigación que refieren a que ambos fueron detenidos en el hotel El Árbol el día 24 de mayo, así como también la que se refiere a la detención por parte de la Policía Federal de caminos en un Volkswagen.
Así es como, en una comunicación hecha llegar a la CVO el 10 de noviembre de 2015, el PDPR-EPR da su caracterización del movimiento social ocurrido en el 2006 y 2007, así como una serie de indicios sobre cinco lugares en los cuales agentes del Estado mexicano presuntamente habrían realizado inhumaciones clandestinas de activistas del movimiento social.
En una comunicación hecha llegar a la Comisión el 10 de noviembre de 2015, el PDPR-EPR da su caracterización del movimiento social ocurrido en el 2006 y 2007, así como una serie de indicios sobre cinco lugares en los cuales agentes del Estado mexicano presuntamente habría realizado inhumaciones clandestinas de activistas del movimiento social.
Uno de los lugares referidos es en los alrededores de una sede institucional. “El teniente de navío Manuel Moreno Rivas y el teniente de fragata José Manuel Vera Salinas  agentes del Cisen fueron parte de comandos paramilitares formados para señalar y asesinar a miembros del movimiento popular magisterial además, son conocedores de que algunas personas del movimiento fueron sepultadas atrás de las instalaciones del cuartel general de la Agencia Estatal de Investigaciones denominada Los Pinos, en la jurisdicción de Santa María Coyotepec, atrás de este cuartel devastaron un cerro y actualmente ya construyeron casas habitación”.
A su vez, se señala que dicha información la tienen los ex presidentes municipales de Santa María Coyotepec Jorge Pablo Jiménez (2005-2007) y Gerardo Guzmán de la Rosa (2008-2010), “pueblo en donde hubo una de las más crueles represiones”.
La comisión acudió a todos los lugares para corroborar la existencia de los domicilios, así como también tomar gráficas. En febrero de 2016 se volvió a ese y los demás lugares referidos para constatar que, “pese a haber hecho desde noviembre de 2015 la denuncia correspondiente tanto en la Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organiza (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), el lugar se encontraba sin resguardo alguno ni había sido inspeccionado como amerita”.
Uno de estos domicilios, se menciona, es una casa particular, del teniente de fragata Manuel Vera Salinas “que ya vendió su mujer, en la Privada de Naranjo Nº 200, Fraccionamiento La Cascada, a un lado de la casa del ex gobernador José Murat Casab, muy cerca de la Fuente de las Ocho Regiones, donde residen la burguesía y los políticos de oficio de la Ciudad de Oaxaca y hoy, el gobernador Gabino Cué Monteagudo”.
Además de “un ostentoso rancho de los Valles Centrales oaxaqueños ¡en el que hasta se crían búfalos! Algunos de los lugares referidos nos llegaron mediante una denuncia del PDPR-EPR, que tiene a dos de sus integrantes desaparecidos de manera forzada desde 2007”, señala Osorno.
Sin embargo, ni la Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ni la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organiza (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), acudieron a los sitios señalados.
Aun cuando la Comisión dio cuenta que dicho domicilio particular, actualmente opera una asociación civil. “Es una casa con membrete de asociación civil utilizada para rehabilitación, rumbo a Puerto Escondido, esta casa operó como casa de seguridad y fosa clandestina durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz”.
El documento versa que, “otro de los sitios es un predio de uso gubernamental: Un lugar más en el que fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del movimiento magisterial popular de 2006 en la parte norte del basurero que se encuentra en la colonia El Manantial, perteneciente al municipio de Zaachila en colindancia con San Bartolo Coyotepec que está rumbo a Ocotlán pasando la “Y”, en donde se divide la carretera para ir hacia Zimatlán, en donde al operador de una retroexcavadora que generalmente permanecía en ese sitio y que trabajaba en dicho basurero se le hizo raro que dejaba la máquina en un lugar y al otro día la encontraba en otro lugar, razón por la cual puso más cuidado, al poco tiempo descubrió restos humanos y por ese hecho fue amenazado y sin haber participado en los crímenes cometidos, fue asesinado.
Poco después su familia huyó por temor, pasando a formar parte de los miles de desplazados internos en el país. La información también la tienen Margarito Pedro Castillo (2005-2007) y Agustín Antonio Manzano (2008-2010) ex presidentes municipales de San Bartolo Coyotepec, los de Santa María Coyotepec y los del Distrito de Zaachila”.
Sobre estos descubrimientos, Osorno señala que, “lo único que queda es dar a conocer la verdad que encontramos en nuestra investigación, durante la cual tuvimos diversos obstáculos de todo tipo, varios de los cuales pudimos remontar gracias al liderazgo del padre Alejandro Solalinde.
A su vez, en lo personal considero que estamos viviendo en una democracia en la que barbarie no es uno de sus rasgos característicos, sino que la barbarie es lo que define la democracia en México”, declara Osorno.
Quien también menciona que, “de los casos más evidentes de tortura, tenemos el del señor Emeterio Marino Cruz, quien prácticamente fue llevado a coma por torturadores que después fueron felicitados por el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, o el del biólogo Ramiro Aragón, quien debido a la tortura que padeció recibió el asilo político del gobierno de Estados Unidos. Pero como decía al principio, descubrimos que prácticamente todas las personas que fueron detenidas por participar en el movimiento social recibieron tratos crueles inhumanos degradantes y tortura”.
Otros testimonios recolectados por la Comisión, (incluyendo informantes de los cuerpos de seguridad pública), un lugar donde se pudieron llevar a cabo inhumaciones clandestinas es el panteón municipal de Puerto Escondido, lugar en el que, en mayo de 2012, se llevó a cabo una diligencia especial por parte de la Procuraduría General de la República, en coordinación con familiares de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, quienes solicitaron la participación de peritos independientes.
“Ahí se realizó una diligencia de exhumación con el apoyo de expertos independientes del Equipo de Antropología Forense de Argentina (EAAF), ante la desconfianza de los familiares en los peritos de la PGR, hecho que nos permitió determinar una vez más el engaño y la perversidad del Estado al tratar de entregar a las familias  los restos de otra persona que no era el de sus seres queridos, y que de no ser por el apoyo del EAAF, tenemos la certeza de que el Estado hubiera entregado esos restos a los familiares con la finalidad de dar por cerrado el caso”, señala puntualmente la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda.