Código Militar, para defender intereses económicos o acuerdos del gobierno con empresarios: general jubilado

Código Militar, para defender intereses económicos o acuerdos del gobierno con empresarios: general jubilado

Por: Sergio Rincón /

(09 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La justicia militar depende de una sola persona: el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda. No se trata de una justicia jurisdiccional, con jueces imparciales, sino de pactos de impunidad, coincidieron expertos.

En ese contexto, las reformas al Código de Justicia Militar, sólo sirven para favorecer o castigar a ciertos grupos dentro de las fuerzas castrenses, comentó a Revolución TRESPUNTOCERO, Erubiel Tirado, experto en seguridad nacional.

“No necesariamente es una salvaguarda para toda la institución, porque eso lo va a decidir el grupo que domine la Secretaría de la Defensa o la Secretaría de Marina, para ejercer sus ajustes de cuentas internas”, dijo Tirado.

“Se carece de una verdadera justicia en el ámbito militar porque es de carácter administrativo y depende de una sola persona; es decir, es una justicia por consigan. La justicia militar en México depende del secretario de la Defensa”, agregó el analista.

El general retirado, Samuel Lara, contó a Revolución TRESPUNTOCERO que en décadas pasadas, la justicia también se ejercía a petición de quien ocupara el cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lara narró que lo que más se castigaba eran los ataques contra la sociedad, que entonces era poco común; sin embargo, desde la llamada “guerra contra el narco”, los crímenes contra los civiles aumentaron, aunque no la justicia militar.

“El secretario de la Defensa era quien decía quién era culpable y quién era inocente. A veces era sucio, porque sacaban a uno de sus amigos, aunque fuera culpable, o por pagar un favor. Aunque eran pocos casos, no había tanta corrupción, se trataba de influencia del mando. Así se hacía. Lo que más se castigaba era cuando se atacaba a los civiles”, dijo general.

El militar retirado aseveró que actualmente no se castiga en el Ejército, prueba de ello es el caso Tlatlaya donde, a pesar de que hubo detenidos, no hubo mandos implicados.

“En el Ejército todo está muy controlado, hay que ver quién dio la orden, para qué los mandó. Él, el mando, es a quien se le debió preguntar o castigar. Porque la tropa no se manda sola, la tropa no agarra su arma y sale a dar patadas, ni siquiera pudieron salir sin permiso. Ahora, pagaron los que estuvieron ahí en el lugar. Sí, los detuvieron un ratito, pero luego los van a premiar por haber aguantado y por no hablar”, detalló Lara.

El pasado 29 de abril, con 78 votos a favor y 27 en contra, el pleno de la Cámara Senadores aprobó sin modificaciones la minuta de la Cámara de Diputados para reformar el Código de Justicia Militar y expide un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales.

Senadores como Manuel Bartlett Díaz o Alejandro Encinas denunciaron que se trata de una reforma que permite un Estado policial.

Encinas dijo que este código permitirá que a civiles se les apliquen penas y se les fabriquen delitos enmarcados en los códigos penales militares, por lo que se pronunció en corregir el texto y con ello evitar excesos y vacíos jurídicos.

“Estaríamos prácticamente generando condiciones de un Estado de excepción donde no hay garantía plena al ejercicio de los derechos civiles y de los derechos humanos”, aseveró Encinas.

En tanto, Barlett criticó que el dictamen fue analizado en siete minutos, además dijo que la reforma se trataba de un “grave peligro para la nación”.

“Qué nos cuesta regresarlo a comisiones y no cometer esta fechoría, porque (el dictamen) está plagado de irregularidades”, expresó Barlett Díaz.

Los cambios judiciales al Código de Justicia Militar permiten el cateo a domicilios particulares, intervención de llamadas y detención de civiles.

La minuta transformará la Procuraduría General de Justicia Militar en la Fiscalía General de Justicia Militar; además, se suprimirán los Consejos de Guerra y crearán, en su lugar, Juzgados Militares de Control.

Los juzgados de control tendrán la potestad de ordenar el cateo de domicilios particulares, oficinas de gobierno federal y recintos legislativos, en casos de delitos de disciplina militar relacionados con el crimen organizado, homicidio doloso o graves y violentos con arma de fuego y explosivos.

“No hemos tenido reformas que correspondan a un régimen democrático y que ayuden a la consolidación democrática de las instituciones, lo que tenemos es reformas patito, parches a modo del interés presidencial, como el interés de un sector de las fuerzas armadas, como lo son los altos mandos. Reformas gatopardistas, que cambian para seguir igual”, comentó Erubiel Tirado.

Por su parte, Nadín Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, declaró a Revolución TRESPUNTOCERO, que este tipo de legislaciones permiten más violaciones a derechos humanos.

“Nosotros vemos con preocupación que este conjunto de reformas que se están haciendo están legalizando lo ilegal. Están creando un marco de protección para seguir violentando los derechos humanos, por eso es tan lamentable. Son leyes que violan los derechos humanos, como la ‘Ley Eruviel’, está también la reforma al Código de Justicia Militar, que le da más facultades al Ejército, lo cual va a tener más repercusiones en la represión, en la criminalización de la protesta social”, detalló Reyes Maldonado.

El general jubilado Samuel Lara opinó que son acciones contrarias a la Constitución y las reformas son también para defender los intereses económicos o acuerdos del gobierno con el sector privado.

“Es una traición a nuestro país. Quieren acabar de venderlo, de seguir matando a miles de personas. Yo no sé hasta dónde van a llegar”, dijo Samuel Lara. “Enrique Peña Nieto está asustado por todo lo que está haciendo, por eso le da poder a los militares, quiere que lo protejan, porque quiere sacar los compromisos que tiene con las empresas”, agregó el general.

Erubiel Tirado explicó que con estas legislaciones “que garantizan impunidad”, en un futuro se presentarán más casos de desapariciones, homicidios y más violaciones a derechos humanos. “Los discursos de los secretarios de la Defensa de los últimos ocho años son de demanda de un esquema de protección legal, y eso quiere decir que quieren impunidad”, comentó.

“El nuevo conjunto de reformas al Código Penal Federal y el Código de Justicia Militar es muy alarmante, porque finalmente se está conformando un marco de acción de las fuerzas armadas, que le está garantizando impunidad, donde se les está dando una carta blanca para ignorar el debido proceso”, dijo Tirado.