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Desaparición de estudiante, entre los primeros casos individuales llevados ante ONU
Redacción Revolución
Desaparición de estudiante, entre los primeros casos individuales llevados ante ONU
(28 de marzo, 2016).- Quienes lo conocían le decían “Isra”,
en 2011 tenía 20 años y aquel año decidió irse solo, de vacaciones a
Oaxaca. Luego de sus inicios en la geografía, carrera que cursaba en la
UNAM.
Jesús Israel Moreno Pérez, se despidió de sus padres y el 4 de julio salió de su casa. “Llamas en cuanto llegues”, le pidió su mamá. Lo hizo el día siguiente, desde Monte Albán, Oaxaca. Después, desde Puerto Escondido, donde estuvo el 6 y 7 de julio y el 8 de julio también marcó al teléfono de su madre: “Voy llegando a Chacahua”.
A partir de ese día no volvió a llamar. Desde entonces está desaparecido. Su padre emprendió la búsqueda, rastreando todas las pistas posibles en el litoral oaxaqueño, en los municipios aledaños, recorriendo palapa por palapa la comunidad lagunera, caminando veredas, pegando carteles, tocando puertas. “Jamás me he sentido tan solo. Es horrible sentir a cada momento la indiferencia de las autoridades”, declaró a un medio aquel año. El procurador general de Justicia de Oaxaca, Manuel López, le llamó por teléfono dos meses después para decirle: “No se preocupe; el caso de su hijo está en buenas manos”. Y no volvió a llamar. El plan del joven estudiante era permanecer siete días en Chacahua y después viajar el 14 a Mazunte, donde se reuniría con su compañero José Luis Barrera y a otros amigos. Barrera afirma que lo esperaron, pero nunca llegó.
El 10 de agosto de aquel año su padre viajó a Oaxaca. De la procuraduría estatal lo mandaron a Puerto Escondido; de ahí a Río Grande, municipio de Tututepec. Ahí se abrió la averiguación previa 176/RG-2011, pero el agente del Ministerio Público Santos Martínez Barros le dijo que él mismo tenía que llevar el acta a la cabecera municipal.
Después de una serie de idas y vueltas, la policía ministerial, ordenó la primera investigación en Chacahua. Fotografía en mano, recorrieron casa por casa; localizaron la palapa donde se hospedó Israel los primeros días. En el otro extremo de la aldea, un vendedor de pescado –José Montiel, apodado El Fallo– asegura haber hospedado a Israel “por 30 pesos”.
En un rincón, el padre ve la mochila de Israel, húmeda, pero con todas sus pertenencias, excepto el celular y el cargador. El propietario asegura que ahí la dejó, antes de dirigirse a las lanchas que cruzan la laguna para llevar a los visitantes al cocodrilario del lugar. Los lancheros aseguran que esa mañana nadie cruzó hacia el criadero.
Al día siguiente, los agentes ministeriales de Río Grande regresaron, y sin orden de presentación se llevaron esposado a Montiel. “Fue un error proceder así. El dueño de la choza puso en evidencia que mintió, pero la indagación no llevó a nada. Los lugareños dejaron de colaborar”, dijo el padre.
Moreno declaró en ese momento que hubo dos errores que consideró graves. “Insistí en que pidieran judicialmente a Telcel el rastreo de las llamadas y mensajes del celular de Israel, que sigue activo porque le sigo abonando crédito. No ha habido respuesta. En la empresa ni siquiera me recibieron. Por otra parte, Israel tiene una tarjeta de débito Banorte con su beca de estudiante. Les pedí desde el 4 de septiembre que soliciten un reporte de los movimientos. No han hecho nada”.
Extraoficialmente, el padre consiguió un rastreo de la línea telefónica Telcel de su hijo. Fue así como supo que su número sigue activo en Jamiltepec. Puso esta evidencia a disposición de la subprocuraduría de atención a víctimas. El primero de septiembre recibió un mensaje desde el número de Israel: “La verdad, mi niña se encontró este chip, pero no lo conocemos”, decía el texto.
Jesús Israel Moreno Pérez, sigue desaparecido desde aquel año, en circunstancias desconocidas. Aunque la Procuraduría del Estado de Oaxaca determinó que fue asesinado y arrojado al mar por un grupo de cuatro personas que los apuñalaron después de robarle, los restos del estudiante nunca han sido encontrados.
La organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos IDHEAS presentó una demanda en la Comisión de la ONU debido a las conclusiones oficiales, presentadas “en el marco de una serie de irregularidades de la actuación de los funcionarios públicos”.
La versión oficial señala que el cuerpo sin vida del joven de 20 años fue encontrado a 59 kilómetros de la costa por pescadores tiburoneros de la zona. Habría sido despojado de sus pertenencias y asesinado a puñaladas por Margarito González Domínguez, Irene Méndez Graf, Honorio Corcuera Noyola y Javier Rodríguez Tapia.
Esta versión fue informada 5 meses después de su desaparición y según la organización de Derechos Humanos, “la acción penal estuvo basada en testimonios que se contradicen en tiempo y lugar; no obstante, los peritajes que prueban los hechos fueron realizados bajo la modalidad de una autopsia verbal sin cuerpo y un avalúo de objetos virtuales (sin presentar), así como la diligencia de preexistencia basada en dos testimonios, y el dictamen de criminalística elaborado ante todos los dictámenes que se requieren para su conformación”.
La falta de justicia y esclarecimiento de la desaparición de Jesús Israel ha llevado a que se convierta en uno de los tres casos que I(dh)eas presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siendo estos los primeros casos individuales presentados ante este organismo.
I(dh)eas ha asegurado que están “explorando otras vías quizás mucho más rápidas ante la inexistencia de casos contra México que van a permitir un acceso a la justicia internacional cuando ya se han cerrado las puertas en lo interno señaló”, ha dicho Juan Carlos Gutiérrez director de Idheas.
Los casos se presentan en esta instancia y no en el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que sería el idóneo porque México sigue sin reconocer su competencia para casos individuales, explica el organismo.
Las organizaciones optaron por presentarlas ante el órgano de las Naciones Unidas y no ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque ésta se encuentra saturada. El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados Partes y sus resoluciones son obligatorias.
Jesús Israel Moreno Pérez, se despidió de sus padres y el 4 de julio salió de su casa. “Llamas en cuanto llegues”, le pidió su mamá. Lo hizo el día siguiente, desde Monte Albán, Oaxaca. Después, desde Puerto Escondido, donde estuvo el 6 y 7 de julio y el 8 de julio también marcó al teléfono de su madre: “Voy llegando a Chacahua”.
A partir de ese día no volvió a llamar. Desde entonces está desaparecido. Su padre emprendió la búsqueda, rastreando todas las pistas posibles en el litoral oaxaqueño, en los municipios aledaños, recorriendo palapa por palapa la comunidad lagunera, caminando veredas, pegando carteles, tocando puertas. “Jamás me he sentido tan solo. Es horrible sentir a cada momento la indiferencia de las autoridades”, declaró a un medio aquel año. El procurador general de Justicia de Oaxaca, Manuel López, le llamó por teléfono dos meses después para decirle: “No se preocupe; el caso de su hijo está en buenas manos”. Y no volvió a llamar. El plan del joven estudiante era permanecer siete días en Chacahua y después viajar el 14 a Mazunte, donde se reuniría con su compañero José Luis Barrera y a otros amigos. Barrera afirma que lo esperaron, pero nunca llegó.
El 10 de agosto de aquel año su padre viajó a Oaxaca. De la procuraduría estatal lo mandaron a Puerto Escondido; de ahí a Río Grande, municipio de Tututepec. Ahí se abrió la averiguación previa 176/RG-2011, pero el agente del Ministerio Público Santos Martínez Barros le dijo que él mismo tenía que llevar el acta a la cabecera municipal.
Después de una serie de idas y vueltas, la policía ministerial, ordenó la primera investigación en Chacahua. Fotografía en mano, recorrieron casa por casa; localizaron la palapa donde se hospedó Israel los primeros días. En el otro extremo de la aldea, un vendedor de pescado –José Montiel, apodado El Fallo– asegura haber hospedado a Israel “por 30 pesos”.
En un rincón, el padre ve la mochila de Israel, húmeda, pero con todas sus pertenencias, excepto el celular y el cargador. El propietario asegura que ahí la dejó, antes de dirigirse a las lanchas que cruzan la laguna para llevar a los visitantes al cocodrilario del lugar. Los lancheros aseguran que esa mañana nadie cruzó hacia el criadero.
Al día siguiente, los agentes ministeriales de Río Grande regresaron, y sin orden de presentación se llevaron esposado a Montiel. “Fue un error proceder así. El dueño de la choza puso en evidencia que mintió, pero la indagación no llevó a nada. Los lugareños dejaron de colaborar”, dijo el padre.
Moreno declaró en ese momento que hubo dos errores que consideró graves. “Insistí en que pidieran judicialmente a Telcel el rastreo de las llamadas y mensajes del celular de Israel, que sigue activo porque le sigo abonando crédito. No ha habido respuesta. En la empresa ni siquiera me recibieron. Por otra parte, Israel tiene una tarjeta de débito Banorte con su beca de estudiante. Les pedí desde el 4 de septiembre que soliciten un reporte de los movimientos. No han hecho nada”.
Extraoficialmente, el padre consiguió un rastreo de la línea telefónica Telcel de su hijo. Fue así como supo que su número sigue activo en Jamiltepec. Puso esta evidencia a disposición de la subprocuraduría de atención a víctimas. El primero de septiembre recibió un mensaje desde el número de Israel: “La verdad, mi niña se encontró este chip, pero no lo conocemos”, decía el texto.
Jesús Israel Moreno Pérez, sigue desaparecido desde aquel año, en circunstancias desconocidas. Aunque la Procuraduría del Estado de Oaxaca determinó que fue asesinado y arrojado al mar por un grupo de cuatro personas que los apuñalaron después de robarle, los restos del estudiante nunca han sido encontrados.
La organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos IDHEAS presentó una demanda en la Comisión de la ONU debido a las conclusiones oficiales, presentadas “en el marco de una serie de irregularidades de la actuación de los funcionarios públicos”.
La versión oficial señala que el cuerpo sin vida del joven de 20 años fue encontrado a 59 kilómetros de la costa por pescadores tiburoneros de la zona. Habría sido despojado de sus pertenencias y asesinado a puñaladas por Margarito González Domínguez, Irene Méndez Graf, Honorio Corcuera Noyola y Javier Rodríguez Tapia.
Esta versión fue informada 5 meses después de su desaparición y según la organización de Derechos Humanos, “la acción penal estuvo basada en testimonios que se contradicen en tiempo y lugar; no obstante, los peritajes que prueban los hechos fueron realizados bajo la modalidad de una autopsia verbal sin cuerpo y un avalúo de objetos virtuales (sin presentar), así como la diligencia de preexistencia basada en dos testimonios, y el dictamen de criminalística elaborado ante todos los dictámenes que se requieren para su conformación”.
La falta de justicia y esclarecimiento de la desaparición de Jesús Israel ha llevado a que se convierta en uno de los tres casos que I(dh)eas presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siendo estos los primeros casos individuales presentados ante este organismo.
I(dh)eas ha asegurado que están “explorando otras vías quizás mucho más rápidas ante la inexistencia de casos contra México que van a permitir un acceso a la justicia internacional cuando ya se han cerrado las puertas en lo interno señaló”, ha dicho Juan Carlos Gutiérrez director de Idheas.
Los casos se presentan en esta instancia y no en el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que sería el idóneo porque México sigue sin reconocer su competencia para casos individuales, explica el organismo.
Las organizaciones optaron por presentarlas ante el órgano de las Naciones Unidas y no ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque ésta se encuentra saturada. El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados Partes y sus resoluciones son obligatorias.
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