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CEDH informa que ha recibido 200 quejas por tortura en Michoacán
Redacción Revolución
(27
de marzo, 2016).- En Michoacán de enero de 2014 a la fecha se han
presentado más de 200 quejas por tortura, 60% de ellas contra policías
de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y de las
fuerzas Rural y Ciudadana adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública
del estado (SSPE), informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH).
La Comisión precisó que 94 quejas correspondieron a 2014; 100 a 2015, y seis a 2016. En términos comparativos con el sexenio de Calderón (2006-2012), los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal acumularon más de 200 denuncias por tortura, y los policías estatales sólo 40 quejas (20%).
Aunque la PGJE ha promocionado supuestos avances en materia de seguridad estatal (difundió que en 2014 había más de seis mil averiguaciones rezagadas, y actualmente asegura que sólo quedan dos mil), la policía local ha sido cuestionada en materia de derechos humanos y se han denunciado delitos fabricados contra personas inocentes.
Como ejemplo, La Jornada, cita el caso del joven ingeniero Noel Uriel Pérez Rivera, quien salía de trabajar de la ciudad portuaria cuando lo detuvieron en la salida a Morelia para acusarlo, sin pruebas de por medio, del asesinato del almirante del Puerto Lázaro Cárdenas, José Luis Corro Chávez, en marzo de 2015.
En enero de 2015 dejó el cargo Castillo Cervantes, pero la estructura policial que formó durante su gestión, permanece intacta. Respecto a las quejas de violación a los derechos humanos en general (abusos de autoridad, arrestos, lesiones, integración equivocada de averiguaciones previas), la CEDH informó que de 2014 a la fecha se acumularon mil 123 quejas, 60% de ellas contra policías ministeriales y de las fuerzas Rural y Ciudadana que dependen de la SSPE, entre otras.
A su vez, la CEDH destacó que han proliferado policías en la entidad, conocidas como Fuerza Rural, Fuerza Ciudadana, Mando Único, Policía de Proximidad, Policía Rural y otras, que sólo confunden y crean desconcierto entre la sociedad, porque las personas suelen ser víctimas de abuso y no saben qué corporación es la responsable.
“Coloca a los individuos en estado de indefensión e incertidumbre al no poder identificar a los policías o servidores públicos encargados de la seguridad pública”, puntualizó la Comisión.
La Comisión precisó que 94 quejas correspondieron a 2014; 100 a 2015, y seis a 2016. En términos comparativos con el sexenio de Calderón (2006-2012), los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal acumularon más de 200 denuncias por tortura, y los policías estatales sólo 40 quejas (20%).
Aunque la PGJE ha promocionado supuestos avances en materia de seguridad estatal (difundió que en 2014 había más de seis mil averiguaciones rezagadas, y actualmente asegura que sólo quedan dos mil), la policía local ha sido cuestionada en materia de derechos humanos y se han denunciado delitos fabricados contra personas inocentes.
Como ejemplo, La Jornada, cita el caso del joven ingeniero Noel Uriel Pérez Rivera, quien salía de trabajar de la ciudad portuaria cuando lo detuvieron en la salida a Morelia para acusarlo, sin pruebas de por medio, del asesinato del almirante del Puerto Lázaro Cárdenas, José Luis Corro Chávez, en marzo de 2015.
En enero de 2015 dejó el cargo Castillo Cervantes, pero la estructura policial que formó durante su gestión, permanece intacta. Respecto a las quejas de violación a los derechos humanos en general (abusos de autoridad, arrestos, lesiones, integración equivocada de averiguaciones previas), la CEDH informó que de 2014 a la fecha se acumularon mil 123 quejas, 60% de ellas contra policías ministeriales y de las fuerzas Rural y Ciudadana que dependen de la SSPE, entre otras.
A su vez, la CEDH destacó que han proliferado policías en la entidad, conocidas como Fuerza Rural, Fuerza Ciudadana, Mando Único, Policía de Proximidad, Policía Rural y otras, que sólo confunden y crean desconcierto entre la sociedad, porque las personas suelen ser víctimas de abuso y no saben qué corporación es la responsable.
“Coloca a los individuos en estado de indefensión e incertidumbre al no poder identificar a los policías o servidores públicos encargados de la seguridad pública”, puntualizó la Comisión.
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