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Persisten actos de simulación en materia de protección a periodistas; “en casos de reporteros torturados impera impunidad”
Edgar Rosas
Persisten actos de simulación en materia de protección a periodistas; “en casos de reporteros torturados impera impunidad”
(22
de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- A pesar del contexto de
agresiones en contra de la prensa, en México existe una simulación en
materia de prevención y protección a periodistas. Además, en lugar de
buscar hacer justicia, se ha presentado un patrón en donde se intenta
criminalizar a las víctimas, sin antes haber realizado una investigación
mínima.
Lo anterior es parte de lo denunciado por Iván Baéz, abogado de la organización Artículo 19. Al participar en la mesa “La sociedad civil organizada ante la tortura en México”, el jurista lamentó que en el país no sólo no existan mecanismos de protección adecuados, sino que además se intenta culpabilizar a los propios periodistas por las agresiones de las que son víctimas.
El abogado señaló que por lo menos desde 2008 se ha notado con mayor intensidad esta intención de autoridades por criminalizar a periodistas agredidos. Bajo este panorama, dijo, se busca justificar las agresiones.
“En Artículo 19 tenemos todo un sistema de registro y documentación para monitorear las agresiones contra la prensa y emitir alertas que visibilicen los que sucede. Es una especie de contrarelato para posicionar la labor periodística de la persona y evitar que venga todo un señalamiento público, un bombardeo de presunción de culpabilidad, que se empezó a dar especialmente a periodistas en el año de 2008 o 2009, con ideas como: ‘en algo andaban’, ‘seguramente estaban en malos pasos’, ‘qué es lo que tenían que ver con temas de delincuencia organizada’, para justificar casos de tortura, asesinato, desaparición o cualquier tipo de agresión”, dijo.
Báez apuntó que desde 2006, con el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, las agresiones contra periodistas han tomado una tendencia a la alza.
“De 2006 al 2008 en México se incrementa la violencia con esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, e implica que varios periodistas se empiezan a ver en una situación de violencia generalizada. En este contexto, el Estado mexicano empieza a decir que la mayor cantidad de violencia contra la prensa es por delincuencia organizada, pero eso no cuadraba con los relatos, con lo que comentaban varios periodistas agredidos”, expuso.
En lo referente a agresiones de periodistas y criminalización, saltan los ejemplos de Rubén Espinosa y Anabel Flores. En el caso de Rubén, la intención de involucrar el asesinato con el narcotráfico, o la versión que “ellos se lo buscaron”, estuvo presente. Mientras que en el caso más reciente de Anabel, de inmediato se le trató de involucrar con el crimen organizado.
“Lo primero que se busca (con las agresiones) es tener un efecto silenciador. En los casos que hemos documentado en Artículo 19 es evidente que lo que se busca, o lo que se ha señalado, es que dejen de difundir información de determinado hecho. Eso es como el primer efecto.
“Otro de los efectos que se presenta luego de la agresión es el desplazamiento, como el caso del periodista Oliver Acuña que lleva 10 años esperando justicia. Su caso lleva 10 años en la CIDH esperando a ser admitido. Después de la agresión salió del país, actualmente se encuentra en Ecuador, intentando restablecer su vida luego que fue destrozada por actos de tortura”, señaló.
El integrante de Artículo 19 manifestó su preocupación por la normalización de la violencia en contra de periodistas. Dijo que algunos reporteros toman las agresiones como “gajes del oficio”.
“Hay una normalización de la violencia, pues muchos periodistas terminan asumiendo que eso es un gaje del oficio. Para ellos los ser golpeados, agredidos, el ser detenido, se convirtió en un factor común, sobre todo en cobertura de protestas.
“Entonces, ¿qué es lo que tenemos en materia de protección? Un estado de simulación. Se supone que el Estado es el primer obligado en brindar protección, sin embargo tenemos un mecanismo de protección que, por ejemplo, no está hecho para proteger a periodistas que están siendo sometidos a tortura”, apuntó.
Tortura contra periodistas en la impunidad
Iván Baéz abundó sobre la problemática de los periodistas torturados. Recordó que en el rubro existen varios casos, como el de la periodista Lydia Cacho.
“Tenemos antecedentes desde el 2005, como el caso de Lydia Cacho que fue torturada. Como se recordara, la periodista fue detenida de manera arbitraria en Quintana Roo, y durante su traslado fue torturada (…) Su cas lleva 10 años en búsqueda de justicia, está en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pero es uno de los casos de miles de mexicanos en espera de verdad, justicia, y reparación”, dijo.
Al igual que el caso de Lydia, el abogado citó la agresión en contra del periodista Simón Tiburcio. Los hechos ocurrieron en el año de 2009 en el estado de Veracruz. Según explicó la agresión fue “un castigo” por la labor periodística que realizaba.
“Hubo un caso paradigmático para Artículo 19 que es el caso de Simón Tiburcio en Veracruz, quien fue detenido por el supuesto delito de difamación y calumnia, cuando en realidad la idea de la detención, que no iba a prosperar, era tener detenido al periodista y poder torturarlo como una especie de sanción inmediata por haber hecho una manipulación fotográfica en contra del presidente municipal de Alvarado.
“Ahí empezó Articulo 19 el seguimiento a los casos de tortura para visibilizar que la PGR no estaba teniendo ningún tipo de protocolo adecuado para atención de periodista ni para esclarecer los hechos”, dijo.
En este sentido, también habló sobre el caso del periodista yucateco Edwin Canché. “Su caso sigue en etapa judicial esperando que se esclarezcan los hechos y se logre algún tipo de consecuencia.
“Tenemos otros casos como el de Moisés Sánchez, desaparecido y asesinado en 2015 en Veracruz. Cuando fue hallado su cadáver presentaba signos de tortura. Sin embargo, como en otros casos de periodistas asesinados y que sus restos tenían signos de tortura, el delito no se investiga. En el caso de periodistas que sobreviven y fueron torturados, no se investiga como tal, se busca tifiar el delito como lesiones o abusos de autoridad, bajando así todo el impacto”, apuntó.
Sobre el actuar del mecanismo en este rubro, detalló que posee algunas limitantes. Entre ellas, dijo, no permite brindar apoyo a periodistas detenidos por las autoridades, por lo que se limita su campo de acción a pesar que el reportero haya sido víctima de una aprehensión ilegal.
“En este sentido, anula inmediatamente la posibilidad de brindar apoyo a un periodista bajo una situación de detención o encarcelamiento. Así tenemos el caso del periodista Pedro Canché, que fue detenido de manera arbitraria, golpeado en prisión, al grado de que tuvo el riesgo de perder la movilidad de un brazo. El mecanismo de protección no está funcionando para casos de tortura, que es algo de lo más preocupante”, señaló.
El abogado manifestó que la impunidad en los casos de tortura contra periodistas es alta. Señaló que por lo menos en los casos documentados por Artículo 19 no se ha abierto proceso alguno en contra de autoridades responsables.
“En casos de periodistas, no se ha castigado a los funcionarios que entorpecen investigación por tortura. Al menos en los documentados por Artículo 19 no existe ni un solo proceso en contra de las autoridades que permitieron, facilitaron o entorpecieron que la investigación de tortura tuviera buena resultado (…)
“Hace algunos años, por 2005, las políticas públicas de prevención y protección, que si bien estaban reconocidas en distintos organismos, no tenían ninguno tipo de eficacia en el tema de protección a periodistas. Lamentablemente no ha pasado mucho, tenemos una gran cantidad de instituciones y seguimos en una especie de actos de simulación en materia de prevención y protección a periodistas”, detalló.
Lo anterior es parte de lo denunciado por Iván Baéz, abogado de la organización Artículo 19. Al participar en la mesa “La sociedad civil organizada ante la tortura en México”, el jurista lamentó que en el país no sólo no existan mecanismos de protección adecuados, sino que además se intenta culpabilizar a los propios periodistas por las agresiones de las que son víctimas.
El abogado señaló que por lo menos desde 2008 se ha notado con mayor intensidad esta intención de autoridades por criminalizar a periodistas agredidos. Bajo este panorama, dijo, se busca justificar las agresiones.
“En Artículo 19 tenemos todo un sistema de registro y documentación para monitorear las agresiones contra la prensa y emitir alertas que visibilicen los que sucede. Es una especie de contrarelato para posicionar la labor periodística de la persona y evitar que venga todo un señalamiento público, un bombardeo de presunción de culpabilidad, que se empezó a dar especialmente a periodistas en el año de 2008 o 2009, con ideas como: ‘en algo andaban’, ‘seguramente estaban en malos pasos’, ‘qué es lo que tenían que ver con temas de delincuencia organizada’, para justificar casos de tortura, asesinato, desaparición o cualquier tipo de agresión”, dijo.
Báez apuntó que desde 2006, con el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, las agresiones contra periodistas han tomado una tendencia a la alza.
“De 2006 al 2008 en México se incrementa la violencia con esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, e implica que varios periodistas se empiezan a ver en una situación de violencia generalizada. En este contexto, el Estado mexicano empieza a decir que la mayor cantidad de violencia contra la prensa es por delincuencia organizada, pero eso no cuadraba con los relatos, con lo que comentaban varios periodistas agredidos”, expuso.
En lo referente a agresiones de periodistas y criminalización, saltan los ejemplos de Rubén Espinosa y Anabel Flores. En el caso de Rubén, la intención de involucrar el asesinato con el narcotráfico, o la versión que “ellos se lo buscaron”, estuvo presente. Mientras que en el caso más reciente de Anabel, de inmediato se le trató de involucrar con el crimen organizado.
“Lo primero que se busca (con las agresiones) es tener un efecto silenciador. En los casos que hemos documentado en Artículo 19 es evidente que lo que se busca, o lo que se ha señalado, es que dejen de difundir información de determinado hecho. Eso es como el primer efecto.
“Otro de los efectos que se presenta luego de la agresión es el desplazamiento, como el caso del periodista Oliver Acuña que lleva 10 años esperando justicia. Su caso lleva 10 años en la CIDH esperando a ser admitido. Después de la agresión salió del país, actualmente se encuentra en Ecuador, intentando restablecer su vida luego que fue destrozada por actos de tortura”, señaló.
El integrante de Artículo 19 manifestó su preocupación por la normalización de la violencia en contra de periodistas. Dijo que algunos reporteros toman las agresiones como “gajes del oficio”.
“Hay una normalización de la violencia, pues muchos periodistas terminan asumiendo que eso es un gaje del oficio. Para ellos los ser golpeados, agredidos, el ser detenido, se convirtió en un factor común, sobre todo en cobertura de protestas.
“Entonces, ¿qué es lo que tenemos en materia de protección? Un estado de simulación. Se supone que el Estado es el primer obligado en brindar protección, sin embargo tenemos un mecanismo de protección que, por ejemplo, no está hecho para proteger a periodistas que están siendo sometidos a tortura”, apuntó.
Tortura contra periodistas en la impunidad
Iván Baéz abundó sobre la problemática de los periodistas torturados. Recordó que en el rubro existen varios casos, como el de la periodista Lydia Cacho.
“Tenemos antecedentes desde el 2005, como el caso de Lydia Cacho que fue torturada. Como se recordara, la periodista fue detenida de manera arbitraria en Quintana Roo, y durante su traslado fue torturada (…) Su cas lleva 10 años en búsqueda de justicia, está en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pero es uno de los casos de miles de mexicanos en espera de verdad, justicia, y reparación”, dijo.
Al igual que el caso de Lydia, el abogado citó la agresión en contra del periodista Simón Tiburcio. Los hechos ocurrieron en el año de 2009 en el estado de Veracruz. Según explicó la agresión fue “un castigo” por la labor periodística que realizaba.
“Hubo un caso paradigmático para Artículo 19 que es el caso de Simón Tiburcio en Veracruz, quien fue detenido por el supuesto delito de difamación y calumnia, cuando en realidad la idea de la detención, que no iba a prosperar, era tener detenido al periodista y poder torturarlo como una especie de sanción inmediata por haber hecho una manipulación fotográfica en contra del presidente municipal de Alvarado.
“Ahí empezó Articulo 19 el seguimiento a los casos de tortura para visibilizar que la PGR no estaba teniendo ningún tipo de protocolo adecuado para atención de periodista ni para esclarecer los hechos”, dijo.
En este sentido, también habló sobre el caso del periodista yucateco Edwin Canché. “Su caso sigue en etapa judicial esperando que se esclarezcan los hechos y se logre algún tipo de consecuencia.
“Tenemos otros casos como el de Moisés Sánchez, desaparecido y asesinado en 2015 en Veracruz. Cuando fue hallado su cadáver presentaba signos de tortura. Sin embargo, como en otros casos de periodistas asesinados y que sus restos tenían signos de tortura, el delito no se investiga. En el caso de periodistas que sobreviven y fueron torturados, no se investiga como tal, se busca tifiar el delito como lesiones o abusos de autoridad, bajando así todo el impacto”, apuntó.
Sobre el actuar del mecanismo en este rubro, detalló que posee algunas limitantes. Entre ellas, dijo, no permite brindar apoyo a periodistas detenidos por las autoridades, por lo que se limita su campo de acción a pesar que el reportero haya sido víctima de una aprehensión ilegal.
“En este sentido, anula inmediatamente la posibilidad de brindar apoyo a un periodista bajo una situación de detención o encarcelamiento. Así tenemos el caso del periodista Pedro Canché, que fue detenido de manera arbitraria, golpeado en prisión, al grado de que tuvo el riesgo de perder la movilidad de un brazo. El mecanismo de protección no está funcionando para casos de tortura, que es algo de lo más preocupante”, señaló.
El abogado manifestó que la impunidad en los casos de tortura contra periodistas es alta. Señaló que por lo menos en los casos documentados por Artículo 19 no se ha abierto proceso alguno en contra de autoridades responsables.
“En casos de periodistas, no se ha castigado a los funcionarios que entorpecen investigación por tortura. Al menos en los documentados por Artículo 19 no existe ni un solo proceso en contra de las autoridades que permitieron, facilitaron o entorpecieron que la investigación de tortura tuviera buena resultado (…)
“Hace algunos años, por 2005, las políticas públicas de prevención y protección, que si bien estaban reconocidas en distintos organismos, no tenían ninguno tipo de eficacia en el tema de protección a periodistas. Lamentablemente no ha pasado mucho, tenemos una gran cantidad de instituciones y seguimos en una especie de actos de simulación en materia de prevención y protección a periodistas”, detalló.
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