Con Javier Duarte, 49 mujeres periodistas han sido atacadas; “exigimos la no criminalización de Anabel Flores”: OSC
Por: Edgar Rosas
Las
organizaciones-entre ellas Artículo 19, Cencos, Serapaz, CDH
Tlachinollan- demandaron que se tome como principal línea de
investigación la labor periodística de Flores Salazar. Cabe recordar que
Anabel cubría la fuente policíaca para el periódico El Sol de Orizaba; además de colaborar para El Mundo de Orizaba y el Buen Tono.
La
petición de la OSC se da en un contexto donde las agresiones contra
periodistas quedan en la impunidad, sobre todo en el estado de Veracruz,
lugar en el que el número de asesinatos contra periodistas asciende a 17, tan sólo durante el gobierno de Javier Duarte.
En
su posicionamiento, las diversas organizaciones exigieron justicia en
el caso, así como la reparación integral del daño para proteger a los
hijos de la periodista, recordaron que Anabel Flores cumplió 15 días de
haber dado a luz a su segundo hijo al momento de ser asesinada.
De
igual forma pidieron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) asuma su
responsabilidad y no simule una investigación “al abrir sólo un Acta
Circunstanciada” de lo ocurrido.
“El
pasado lunes 8 de febrero alrededor de las 2:00 de la madrugada Anabel
fue sacada de su domicilio en el municipio de Orizaba por un grupo de
hombres armados. Horas después su cuerpo fue localizado en la carretera
de Cuacnolapan, en el municipio de Tehuacán, Puebla”, recordaron en su
texto.
Luego
de los intentos que se han visto por tratar de relacionar a la
periodista con el crimen, las organizaciones pidieron la no
criminalización y revictimización de Anabel Flores. Subrayaron que el
crimen se configura como un feminicidio; además pidieron desechar “los
fundamentos sexistas para determinar el móvil del crimen”, mismo que
criminaliza a la víctima.
“Exigimos
a los medios de comunicación no revictimizar a la periodista por medio
de imágenes que vulneran su dignidad y las de sus familiares. Es
necesario, un proceso claro con investigación fidedigna pero también un
seguimiento en los medios que tome en cuenta el contexto de violencia
contra las y los periodistas en el país y la violencia contra las
mujeres, por lo que es necesario que se desechen fundamentos sexistas
para determinar móviles que terminan criminalizando a las víctimas”,
señalaron.
De
acuerdo con datos proporcionados por Comunicación e Información de la
Mujer, AC (CIMAC), entre 2001 y 2015 se documentaron 331 casos de
agresión en contra de mujeres periodistas. En este contexto, 49 casos se
han presentado en el estado de Veracruz durante la administración de
Javier Duarte.
Por
otro lado calificaron como intolerante que a pesar de haberse activado
la Alerta Temprana en Veracruz por el contexto de constantes agresiones
en contra de periodistas, las autoridades no han podido implementar
mecanismos eficaces para proteger a la prensa.
“Durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se
han documentado 49 hechos violentos contra mujeres periodistas, entre
los que hay tres casos de feminicidio, colocando así a Veracruz como la
entidad más peligrosa para las comunicadoras.
“Es
intolerable que a cuatro meses que se haya declarado la Alerta Temprana
en Veracruz, debido a las amenazas constantes y asesinatos contra
periodistas en dicha entidad, tanto el Mecanismo Federal de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, como el gobierno de
Duarte sean incapaces de implementar medidas de prevención y de
protección de manera urgente, además de garantizar a quienes ejercen la
labor de comunicación no sean agredidas y perseguidas”, apuntaron .
Reiteraron
que es responsabilidad de las autoridades que el caso no quede en la
impunidad y haya un acceso efectivo a la justicia, además subrayaron la
importancia de la reparación integral del daño.
Recordaron
las recomendaciones emitidas por Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, en donde se exhorta al gobierno “adopte
medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir e investigar los
ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres periodistas y
defensoras de los derechos humanos y para enjuiciar y castigar a sus
autores, y adopte medidas eficaces para luchar contra la impunidad”.
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