lunes, 25 de enero de 2016

Un “pacto de impunidad” protege a las empresas de Guzmán Loera

Un “pacto de impunidad” protege a las empresas de Guzmán Loera

"El Chapo", resguardado por un elemento del Ejército Mexicano. Foto: AP
"El Chapo", resguardado por un elemento del Ejército Mexicano.
Foto: AP
El gobierno federal presume la detención de El Chapo pero permite que las empresas del Cártel de Sinaloa operen y hasta les da apoyos de programas públicos. Esto ocurre pese a que Estados Unidos comparte con México la lista de los consorcios donde los criminales lavan dinero. ¿La razón? “Un pacto de impunidad. Las propias campañas de los presidentes mexicanos… uno tiene que partir de la premisa de que han sido infiltradas por los grupos criminales”, asegura el académico Edgardo Buscaglia, estudioso de los fenómenos de la violencia y el crimen organizado.

MÉXICO, DF (Proceso).- El Chapo fue recapturado y encarcelado el viernes 8, pero el patrimonio de su organización criminal continúa intacto: opera y lava dinero en el mercado mexicano a través de decenas de empresas de servicios. Para ello, el Cártel de Sinaloa utiliza restaurantes, gasolineras, inmobiliarias, casas de empeño o procesadoras de carne –entre otras– en estados como Jalisco, Ciudad de México, Baja California o Puebla, según ha detectado el gobierno de Estados Unidos desde el 2000.
Las decenas de compañías del emporio criminal trabajan al amparo de las autoridades mexicanas, pues pagan impuestos e incluso algunas han sido subsidiadas por la administración federal, que las incluyó en padrones de beneficio agropecuario o de seguridad social. Es el caso de las corporaciones Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A. de C.V., la Cooperativa de Avestruz Cuemir, S.C. de R. L. de C.V. o la estancia infantil Niño Feliz.
Además, dichas firmas boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no han sido sometidas en México a “auditorías tributarias” debido a un “pacto de impunidad”, sostiene Edgardo Buscaglia, investigador en materia de crimen organizado.
No se persigue a las corporaciones blanqueadoras aun cuando en abril de 2014 Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda, firmó con Washington un acuerdo que impide a personas y consorcios inscritos en dicha lista negra realizar operaciones en el sistema financiero de México. “O sea que el pacto de impunidad ya lleva el apellido Videgaray”, sentencia Buscaglia.
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2047, ya en circulación)

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