viernes, 22 de enero de 2016

La Procuraduría es el brazo represor de Moreno Valle; Puebla mantiene primer lugar en presos políticos

La Procuraduría es el brazo represor de Moreno Valle; Puebla mantiene primer lugar en presos políticos

Por:  / 22 enero, 2016
PUEBLA, PRESOS POLÍTICOS

(22 de enero, 2016.Revolución TRESPUNTOCERO).- En México existen aproximadamente 500 personas en las cárceles catalogados como presos políticos. De los cuales 241 se encuentran en las prisiones de Puebla. Lo que le ha valido a la entidad ser la que mayor número de ciudadanos perseguidos y encarcelados, derivado de la expresión de sus ideas contrarias al gobierno, quienes han mantenido una lucha social y un activismo que ha unificado a grupos que generalmente presionan a las autoridades estatales a cumplir sus obligaciones.
“Una de las principales características de los presos políticos, no solamente de Puebla, sino de todo el país, es que jamás son acusados abiertamente por sus ideas, debido a que no podría existir fundamento alguno, entonces les imputan falsos delitos y fabrican pruebas.
El gobierno de Moreno Valle es un representante de la represión, durante su mandato incluso ha mandado matar a quienes se manifiestan, tenemos aún impune el caso del menor asesinado en una marcha. La máxima prueba son los 241 poblanos que han padecido detenciones violentas para después ser acusados injustamente, pero por delitos severos que los dejarán varios años en prisión”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO la activista y abogada defensora de Derechos Humanos en Puebla, Laura Mena.
Dentro de los principales motivos de la persecución de ciudadanos que expresan sus ideas contestatarias, se encuentran: la defensa del medio ambiente, el patrimonio histórico y su derecho al trabajo, así como realizar arduas tareas de convencimiento al rechazo de megaproyectos cuya finalidad es, principalmente, despojar de sus riquezas a las comunidades rurales.
Dado que el tipo de delito es determinante, con frecuencia se usa el del ‘agravio a la paz pública’, “ya que es un tipo penal muy amplio, produce que se pueda interpretar de múltiples maneras, por ejemplo, establece que quien haga actividades para alterar el orden público entonces comete un delito,  y debido a su amplitud el policía y el juez son quienes deciden cómo  interpretar la acción, lo cual produce que en momentos de protesta, las personas a las que se le detenga se les aplique este tipo penal,  lo cual es muy grave ya que de entrada, una protesta no debería de ser considerada como una alteración al orden público cuando es un ejercicio del derecho,  y en muchas ocasiones la gente solamente responde ante la violencia de los policías.
Que se usen ese tipo de delitos es muchísimo más grave porque genera mayores complicaciones  en la defensa,  porque no sabes cuál es exactamente la conducta que se te está aplicando, deja la posibilidad que en las protestas puedan decidir cómo detenerte, por ello ahora son muchos los casos que después de manifestaciones de repente se les aplica  este delito”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO la abogada defensora de derechos humanos Sofía de Robina.
El delito a la paz pública fue aplicado a Juana Macuitl Coyotl, por participar en una de las manifestaciones en contra del servicio de Metrobús, a decir por testigos, lo único que hicieron fue exhibir pancartas durante una protesta. Aunque sus hijos y organismos civiles han exigido su liberación, las autoridades de Moreno Valle han hecho caso omiso.
La detención de la madre soltera ha traído consecuencias a su familia, ya que con 16 años, su hijo mayor se tuvo que hacer cargo de sus hermanos, ya que a su hermana Angélica también la detuvieron en aquella manifestación por el mismo delito.
350 mil pesos son los que las autoridades piden de fianza para que ambas mujeres obtengan su libertad, monto estratosférico para una familia de escasos recursos, que ha denunciado que Angélica mantiene una enfermedad hepática, la cual ha empeorado por las condiciones en las que se encuentra dentro de prisión.
Ambas se encuentran en el penal de San Pedro Cholula, acusadas de motín, ataques a las vías de comunicación y resistencia de particulares, de acuerdo con un comunicado emitido por la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
La protesta, donde madre e hija fueron detenidas, se realizó en San Antonio Cacalotepec, junta auxiliar del municipio de San Andrés Cholula, durante la cual pobladores retuvieron diversas unidades de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) para exigir mejoras en el servicio.
Juana portaba una pancarta donde se leía “no a la tarjeta, sí a la moneda”. Caminaban junto a un nutrido grupo cuando los interceptaron granaderos, quienes en forma violenta comenzaron las detenciones arbitrarias y en forma aleatoria detuvieron a ocho personas, segundos después que los policías gritaran “agárrense a toda la gente pareja”. Además de los delitos imputados, se aseguró que fueron partícipes de una protesta anterior, sin embargo, argumentan que ni siquiera estaban enteradas de ésta.
Después de aquel suceso, el hijo de Juana tuvo que abandonar la escuela y dedicarse a la venta de gelatinas y obtener así recursos, ya que su madre era la única proveedora de la familia, a esto se sumó la mudanza hacia la casa de su abuela materna porque le fue imposible seguir pagando una renta.
“La peligrosidad del gobierno panista de Moreno Valle perseguirá a la ciudadanía que exige, incluso después de haberse ido del cargo, ya que tiene un grueso número de expedientes que debido a su conformación permiten que la posibilidad de hacer válidas cientos de órdenes de aprehensión contra otros manifestantes, para así convertirlos en presos políticos.
Hoy la Procuraduría de Justicia, no es más que el brazo represor y asesino de Moreno Valle, cuya principal función es desestabilizar movimientos sociales y criminalizar a todos los ciudadanos que aún se atreven a exigir sus derechos y la justicia que les corresponde, entonces no importa si está bajo el escrutinio público, este gobernador usa la violencia y los falsos delitos para controlar. Es una absoluta política de terror, es un Stalin poblano”, asegura Mena.
Por su parte organismos civiles también han denunciado que las detenciones siguen un patrón, el cual podría derivar en desaparición forzada o muerte, puesto que las personas son detenidas con violencia y las “desaparecen” por horas, principalmente tienen como finalidad crear falsos expedientes con el mayor número posible de delitos para evitar el derecho a caución. Cuando está listo, se fijan altas fianzas, como si los inconformes fueran delincuentes de alta peligrosidad.
“Lo grave es que es completamente un abuso de la fuerza, además que se quiere demostrar no solamente quien es la autoridad, sino el hecho que pueden utilizar el derecho para sus fines,  dando paso  a un uso faccioso de éste. Evidentemente esto es gravísimo, violan un sin número de derechos específicamente, para las personas que son detenidas para los activistas,  pero también para el resto de las personas porque genera un efecto inhibidor, se crea esta idea de ‘mejor ni participo,  ni me activó porque entonces tengo muchísimas más posibilidades de ser detenido’.
Es importante exigir que este tipo de delitos -a la paz pública- se limiten más, que sean más específicos para que no sea el policía quien decida cuál va ser el contenido y que entonces pueda usarlo  indiscriminadamente y de manera arbitraria, se debe de exigir que no exista o que no se apliquen, evidentemente es mejor que desapareciera o se redujera, debería de haber un control muy claro y una explicación de porqué se cree que una persona está cometiendo ese delito”, afirma de Robina.
Por su parte el Movimiento Autónomo Indígena Zapatista ha denunciado en distintas ocasiones que la mayoría de los presos “de conciencia” de Moreno Valle son de origen indígena, lo que sería uno de los varios elementos para demostrar que el gobernador de Puebla comete el delito de discriminación con la agravante de odio.
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