La ONU aprobó este jueves una serie de principios que buscan proteger a los Estados deudores del acoso de los acreedores y que, entre otras cosas, recoge el derecho de los Gobiernos a protegerse de litigios de una minoría de reclamantes.

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Al contrario que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que son vinculantes para los Estados miembros, la resolución aprobada este jueves - como parte de una serie de gestiones ante los problemas legales que ha tenido Argentina por su deuda soberana- delinea los principios básicos e "invita" a los Estados miembros a respetarlos, y a la ONU a difundirlos. Sin embargo, representa un triunfo en la batalla diplomática que Argentina y otros países han emprendido para impulsar un marco legal internacional que regule los procesos de reestructuración de deuda, ahora dependientes de los acuerdos entre acreedores y deudores.
Se trata "de ponerle límite a los piratas del siglo XXI, que no son ni más ni menos que los 'fondos buitres', que a falta de una legislación global han usufructuado la pobreza de muchos países", afirmó el canciller argentino, Héctor Timerman.
Ya desde el principio, la resolución establece que dentro de las prerrogativas que tiene un estado figura la de "la reestructuración de la deuda soberana", un derecho "que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas".
Aun así, define que "la reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores". También sostiene que cuando una reestructuración de deuda soberana sea aprobada "por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores".
Ese precisamente es el problema que ha enfrentado Argentina en los tribunales de Nueva York: unos fondos de inversión se hicieron con deuda soberana que entró en cese de pagos en 2001 y que no fue reestructurada, y ahora reclaman que se les paguen esos títulos, con intereses acumulados y costes legales. Pero es difícil que, a partir de la resolución adoptada hoy, un juez estadounidense que lleve una causa parecida a la que enfrenta Argentina se rija por esos principios.
De hecho, Estados Unidos fue uno de los 6 países que votó en contra de esta resolución, que fue aprobada por 136 naciones y que contó con 41 abstenciones, incluida la de España.
Estados Unidos, por medio de un representante, reconoció que el tema podría "ser refinado", incluyendo cláusulas especiales, pero sostiene no se puede establecer el derecho de un estado a reestructurar su deuda soberana, y, además, la ONU no es el "foro adecuado" para tratar este tema.
En su intervención ante la Asamblea General, Timerman, que vino a Nueva York para esta gestión, recordó que ese órgano de la ONU ha aprobado decisiones históricas, como la Declaración de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos de la Infancia.
"Es el único foro que a lo largo de 70 años de la historia de Naciones Unidas ha logrado resoluciones que han cambiado el sentido de la historia de la humanidad", insistió Timerman.
A su lado, el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, defendió los mismos principios y destacó que la deuda de muchos países representa una "pesada carga" que les impide alcanzar el crecimiento.
"Creemos que hay que reconfigurar la arquitectura financiera internacional", añadió Kicillof.
Los dos ministros argentinos contaron con el apoyo de los representantes latinoamericanos, incluyendo la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, que llegó en la últimas horas a Nueva York para reunirse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. "Vamos llevando la voz de la dignidad", afirmó Rodríguez desde el estrado de Venezuela en la Asamblea General de la ONU.
Con la resolución de hoy, agregó, "restamos poder a los fondos buitres, a los fondos carroñeros que andan regando por el mundo miseria y pobreza".