México: Se burlan de los familiares de víctimas de desaparición forzada
*** Los ciudadanos organizados suben al paraje La Laguna y son obstaculizados por Gendarmería Nacional y PGR para ingresar a las fosas clandestinas que ellos mismos descubrieron
*** Hacen fuertes reclamos a funcionarios de la Procuraduría de la República y evidencian su incapacidad para atender y resolver casos de desaparición forzada
Jonathan Cuevas/API – Iguala, Gro.- Familiares de personas desaparecidas en Iguala fueron impedidos por la PGR y Gendarmería nacional, para ingresar al paraje “La Laguna” donde ellos mismos encontraron siete fosas clandestinas el pasado domingo.
Esto, a pesar de que se tenían acuerdos previos con la
Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la
República (PGR), para instalar una comisión que fuera vigilante de los
trabajos de exhumación que se realizan en la zona.
Según familiares de desaparecidos, ciudadanos de Iguala y miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero intentó “madrugarlos” haciendo presencia en la zona desde el pasado lunes, iniciando labores de exploración y extracción de restos y evidencias en las fosas que la caravana civil encontró y marcó con banderines.
Y es que el pasado domingo por la tarde, luego de una larga jornada de búsqueda de los ciudadanos de este y otros municipios de la región, arribaron gendarmes de la Policía Federal a resguardar la zona de las fosas recién encontradas. A partir de ese momento advirtieron que nadie tendría acceso.
El lunes llegaron especialistas de la Fiscalía General del Estado y Procuraduría General de la República para iniciar labores de exploración y exhumación, violando un acuerdo que tenía la subprocuraduría de derechos humanos de la PGR a cargo de Joaquín Torres Osorno, con más de 200 familiares de las víctimas de desaparición forzada.
Entre los acuerdos establecidos estaba el aplicar más pruebas de ADN a familiares de víctimas durante este martes en la Iglesia de San Gerardo y, el miércoles 26 de noviembre iniciar los trabajos de exhumación de las nuevas fosas.
El madruguete que intentaron hacer el Gobierno del Estado y Federal provocó la molestia de los familiares de las víctimas de desapariciones, de la UPOEG y de Ciencia Forense Ciudadana (CFC), por lo que esperaron el arribo de personal de la PGR este martes por la mañana para hacerles los reclamos.
Como estaba previsto aunque con más de una hora de retraso, llegó Joaquín Torres Osorno, director de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR con un grupo de al menos 20 especialistas en antropología, criminología, fotografía y dactiloscopia, con quienes –afirmó- subiría a las fosas para iniciar trabajos “profesionales” de búsqueda de restos y más fosas.
“Ese fue el primer compromiso y el principal. Ya están aquí un grupo de peritos de la PGR que acordamos la semana pasada”, destacó.
También afirmó que como parte del cumplimiento a un segundo acuerdo, ya traían documentos oficiales por medio de los cuales harían la solicitud al gobierno municipal para iniciar la exhumación de todos los restos y cuerpos que han sido echados a fosas comunes, esto, luego de que existe la sospecha entre los ciudadanos de que cientos de restos humanos que han sido extraídos de fosas clandestinas, han sido depositados en fosas comunes.
Sin embargo enseguida vinieron los reclamos de los familiares de las víctimas y líderes del movimiento.
“Se supone que teníamos acuerdos con la PGR en los que únicamente ellos iban a trabajar. Ayer la Fiscalía del Estado estaba sacando los restos de las fosas cuando nosotros ya teníamos acuerdos de que durante los trabajos de exhumación, nosotros los familiares íbamos a estar presentes”; reclamó una de las líderes.
El representante de la PGR aclaró que la fiscalía nacional no está asociada con ninguna otra autoridad en las investigaciones y trabajos de exhumación en las fosas halladas por familiares de desaparecidos, descartando que la Fiscalía local tenga algún tipo de intervención.
No obstante afirmó que se investigaría la supuesta intervención de la Fiscalía guerrerense y, “en caso de que haya responsabilidades, se aplicará la sanción correspondiente”. Esto luego de que los familiares mostraran su sospecha de que la intervención del gobierno estatal a través de su Procuraduría, podría tener el objeto de ocultar evidencias y deshacerse de restos humanos.
Una de las familiares de víctima recordó que el domingo pasado cuando descubrieron las fosas, dejaron resguardada la zona en manos de la Gendarmería Nacional, por lo que si la Fiscalía de Guerrero ingresó el lunes para realizar exhumaciones, es porque la Policía Federal lo había permitido.
Es preciso destacar que el lunes pasado, un grupo de reporteros de televisoras nacionales subió con trabajadores y un director del área de comunicación social de la PGR a las fosas y, a todos se les impidió el acceso bajo el argumento de que la Fiscalía de Guerrero estaba a cargo y, la PGR no podía interrumpir sus trabajos.
No obstante, en el lugar se observó la presencia de vehículos de la PGR que son utilizados para el traslado de cadáveres, mismo que ingresó hasta el punto de las fosas.
Pero este martes, Torres Osorio negó frente a los familiares de las víctimas la UPOEG y Ciencia Forense Ciudadana que ellos hayan intervenido de alguna manera en la exhumación del día lunes. Más tarde ante la prensa, el mismo funcionario federal reconoció que habían tenido participación, dando un doble discurso.
Después del mediodía se pudieron concretar algunos acuerdos en el sentido de que a pesar del resguardo de la Gendarmería Nacional, los familiares de víctimas tendrían acceso para instalar comisiones vigilantes durante los trabajos de exploración y exhumación que se tengan que realizar.
Además concretaron la solicitud al Ayuntamiento de Iguala para iniciar tan pronto sea posible con la exhumación de todos los restos que hay en la fosa común, así como la aplicación de más pruebas de ADN cuyas muestras se empezaron a tomar en ese momento.
Bloqueo en fosas…
Los ciudadanos organizados decidieron otorgar otro voto de confianza a los representantes de la PGR ante el acuerdo firmado que establecieron. Después de las tres de la tarde subieron a la zona de fosas con la intención de inspeccionar las labores de rescate de restos humanos y evidencias, pues así lo habían decidido conjuntamente durante la reunión.
La sorpresa fue que al estar en el paraje La Laguna, un grupo de gendarmes de la Policía Federal le bloqueó el acceso a una comisión de 10 familiares de víctimas, un representante de la UPOEG y otra ciudadana, así como a reporteros e incluso al personal de derechos humanos de la PGR que venía de México supuestamente con la orden de iniciar los trabajos de investigación y exhumación de restos en las fosas clandestinas.
En el lugar ya trabajaba personal de la SEIDO y la delegación Guerrero de la PGR, por lo que un funcionario que se identificó únicamente como César, negó el acceso a las familias de las víctimas.
Ahí, derramando lágrimas, varios de los familiares de víctimas de desaparición forzada reclamaron a los gendarmes y al personal de la PGR el haberles bloqueado el paso, aún cuando fueron ellos quienes detectaron las fosas y, a pesar de tener un acuerdo firmado para que se les permitiera ser vigilantes de los trabajos.
El representante de la UPOEG, Miguel Jiménez Blanco reprochó a la PGR la actitud que están asumiendo para con los familiares de víctimas en Iguala, tomando la violación de acuerdos y desorganización entre las diversas áreas de la procuraduría, como una burla.
Ante la negativa para dejarlos pasar a las fosas, los ciudadanos organizados advirtieron que permanecerían en el sitio el tiempo que fuera necesario y, no dejarían ingresar o salir unidades de ese lugar sin antes revisarlas detalladamente, para asegurarse que no estuvieran acarreando restos humanos.
Sin embargo, a su llegada habían visto que se retiraba de ahí una ambulancia de Protección Civil del Estado donde suponen que sacaron restos humanos y evidencias extraídas de las fosas, aunque la justificación que dio la gendarmería en torno a la presencia de esa unidad y el personal de PC, es que “les llevaron comida nada más”.
Fue hasta las 19:00 horas, ya caída la noche cuando los ciudadanos organizados pudieron ingresar a las fosas para observar las condiciones en que se encuentra la zona después de los trabajos que ha realizado ahí la PGR durante dos días, pero debido a la oscuridad, no pudieron inspeccionar a detalle el sitio.
Según familiares de desaparecidos, ciudadanos de Iguala y miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero intentó “madrugarlos” haciendo presencia en la zona desde el pasado lunes, iniciando labores de exploración y extracción de restos y evidencias en las fosas que la caravana civil encontró y marcó con banderines.
Y es que el pasado domingo por la tarde, luego de una larga jornada de búsqueda de los ciudadanos de este y otros municipios de la región, arribaron gendarmes de la Policía Federal a resguardar la zona de las fosas recién encontradas. A partir de ese momento advirtieron que nadie tendría acceso.
El lunes llegaron especialistas de la Fiscalía General del Estado y Procuraduría General de la República para iniciar labores de exploración y exhumación, violando un acuerdo que tenía la subprocuraduría de derechos humanos de la PGR a cargo de Joaquín Torres Osorno, con más de 200 familiares de las víctimas de desaparición forzada.
Entre los acuerdos establecidos estaba el aplicar más pruebas de ADN a familiares de víctimas durante este martes en la Iglesia de San Gerardo y, el miércoles 26 de noviembre iniciar los trabajos de exhumación de las nuevas fosas.
El madruguete que intentaron hacer el Gobierno del Estado y Federal provocó la molestia de los familiares de las víctimas de desapariciones, de la UPOEG y de Ciencia Forense Ciudadana (CFC), por lo que esperaron el arribo de personal de la PGR este martes por la mañana para hacerles los reclamos.
Como estaba previsto aunque con más de una hora de retraso, llegó Joaquín Torres Osorno, director de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR con un grupo de al menos 20 especialistas en antropología, criminología, fotografía y dactiloscopia, con quienes –afirmó- subiría a las fosas para iniciar trabajos “profesionales” de búsqueda de restos y más fosas.
“Ese fue el primer compromiso y el principal. Ya están aquí un grupo de peritos de la PGR que acordamos la semana pasada”, destacó.
También afirmó que como parte del cumplimiento a un segundo acuerdo, ya traían documentos oficiales por medio de los cuales harían la solicitud al gobierno municipal para iniciar la exhumación de todos los restos y cuerpos que han sido echados a fosas comunes, esto, luego de que existe la sospecha entre los ciudadanos de que cientos de restos humanos que han sido extraídos de fosas clandestinas, han sido depositados en fosas comunes.
Sin embargo enseguida vinieron los reclamos de los familiares de las víctimas y líderes del movimiento.
“Se supone que teníamos acuerdos con la PGR en los que únicamente ellos iban a trabajar. Ayer la Fiscalía del Estado estaba sacando los restos de las fosas cuando nosotros ya teníamos acuerdos de que durante los trabajos de exhumación, nosotros los familiares íbamos a estar presentes”; reclamó una de las líderes.
El representante de la PGR aclaró que la fiscalía nacional no está asociada con ninguna otra autoridad en las investigaciones y trabajos de exhumación en las fosas halladas por familiares de desaparecidos, descartando que la Fiscalía local tenga algún tipo de intervención.
No obstante afirmó que se investigaría la supuesta intervención de la Fiscalía guerrerense y, “en caso de que haya responsabilidades, se aplicará la sanción correspondiente”. Esto luego de que los familiares mostraran su sospecha de que la intervención del gobierno estatal a través de su Procuraduría, podría tener el objeto de ocultar evidencias y deshacerse de restos humanos.
Una de las familiares de víctima recordó que el domingo pasado cuando descubrieron las fosas, dejaron resguardada la zona en manos de la Gendarmería Nacional, por lo que si la Fiscalía de Guerrero ingresó el lunes para realizar exhumaciones, es porque la Policía Federal lo había permitido.
Es preciso destacar que el lunes pasado, un grupo de reporteros de televisoras nacionales subió con trabajadores y un director del área de comunicación social de la PGR a las fosas y, a todos se les impidió el acceso bajo el argumento de que la Fiscalía de Guerrero estaba a cargo y, la PGR no podía interrumpir sus trabajos.
No obstante, en el lugar se observó la presencia de vehículos de la PGR que son utilizados para el traslado de cadáveres, mismo que ingresó hasta el punto de las fosas.
Pero este martes, Torres Osorio negó frente a los familiares de las víctimas la UPOEG y Ciencia Forense Ciudadana que ellos hayan intervenido de alguna manera en la exhumación del día lunes. Más tarde ante la prensa, el mismo funcionario federal reconoció que habían tenido participación, dando un doble discurso.
Después del mediodía se pudieron concretar algunos acuerdos en el sentido de que a pesar del resguardo de la Gendarmería Nacional, los familiares de víctimas tendrían acceso para instalar comisiones vigilantes durante los trabajos de exploración y exhumación que se tengan que realizar.
Además concretaron la solicitud al Ayuntamiento de Iguala para iniciar tan pronto sea posible con la exhumación de todos los restos que hay en la fosa común, así como la aplicación de más pruebas de ADN cuyas muestras se empezaron a tomar en ese momento.
Bloqueo en fosas…
Los ciudadanos organizados decidieron otorgar otro voto de confianza a los representantes de la PGR ante el acuerdo firmado que establecieron. Después de las tres de la tarde subieron a la zona de fosas con la intención de inspeccionar las labores de rescate de restos humanos y evidencias, pues así lo habían decidido conjuntamente durante la reunión.
La sorpresa fue que al estar en el paraje La Laguna, un grupo de gendarmes de la Policía Federal le bloqueó el acceso a una comisión de 10 familiares de víctimas, un representante de la UPOEG y otra ciudadana, así como a reporteros e incluso al personal de derechos humanos de la PGR que venía de México supuestamente con la orden de iniciar los trabajos de investigación y exhumación de restos en las fosas clandestinas.
En el lugar ya trabajaba personal de la SEIDO y la delegación Guerrero de la PGR, por lo que un funcionario que se identificó únicamente como César, negó el acceso a las familias de las víctimas.
Ahí, derramando lágrimas, varios de los familiares de víctimas de desaparición forzada reclamaron a los gendarmes y al personal de la PGR el haberles bloqueado el paso, aún cuando fueron ellos quienes detectaron las fosas y, a pesar de tener un acuerdo firmado para que se les permitiera ser vigilantes de los trabajos.
El representante de la UPOEG, Miguel Jiménez Blanco reprochó a la PGR la actitud que están asumiendo para con los familiares de víctimas en Iguala, tomando la violación de acuerdos y desorganización entre las diversas áreas de la procuraduría, como una burla.
Ante la negativa para dejarlos pasar a las fosas, los ciudadanos organizados advirtieron que permanecerían en el sitio el tiempo que fuera necesario y, no dejarían ingresar o salir unidades de ese lugar sin antes revisarlas detalladamente, para asegurarse que no estuvieran acarreando restos humanos.
Sin embargo, a su llegada habían visto que se retiraba de ahí una ambulancia de Protección Civil del Estado donde suponen que sacaron restos humanos y evidencias extraídas de las fosas, aunque la justificación que dio la gendarmería en torno a la presencia de esa unidad y el personal de PC, es que “les llevaron comida nada más”.
Fue hasta las 19:00 horas, ya caída la noche cuando los ciudadanos organizados pudieron ingresar a las fosas para observar las condiciones en que se encuentra la zona después de los trabajos que ha realizado ahí la PGR durante dos días, pero debido a la oscuridad, no pudieron inspeccionar a detalle el sitio.
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