No se denuncian 5 de cada 6 casos de desaparición forzada en Michoacán
Por: Redacción Revolución /
4 noviembre, 2014
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(4 de noviembre, 2014).- Alrededor de
mil casos de personas desaparecidas habrían ocurrido en Michoacán
durante la administración calderonista y lo que va del actual periodo de
gobierno federal, pero de manera oficial sólo se tiene el registro
formal de 195 casos.
Se estima que por cada denuncia de
desaparición forzada, hay al menos cinco que no se denuncian, ello de
acuerdo a las relaciones que guarda el Comité de Familiares de Personas
Detenidas-Desaparecidas en México ¡Alzando voces! (Cofaddem).
De acuerdo a una declaración de una
integrante de este comité, es lamentable que la tipificación del delito
de desaparición forzada dentro del Código Penal del Estado sólo esté
tratado de manera superficial, porque éste no incluye parámetros
establecidos en tratados internacionales.
De acuerdo con la declarante, debido a
las inconsistencias legales las desapariciones forzadas no tienen el
tratamiento jurídico adecuado, porque no existen más elementos que la
ausencia familiar.
La desaparición forzada ni siquiera se
tiene tipificada como un delito, se puede perseguir por violencia o por
secuestro, pero cuando no hay rastro de estas vertientes los casos no
tienen avance jurídico.
Desde hace al menos dos años hay una
propuesta de Ley en el Congreso Estatal para prevenir la desaparición
Forzada, esta iniciativa es integral, contempla una pena para quien
cometa una desaparición forzada, con agravantes en caso de que sean
niños, personas con discapacidad o casos en que se vulneren más los
derechos humanos.
Para los familiares de desaparecidos,
este tipo de agresiones sociales obedecen a un esquema de acción como
alternativa de dominio, que ha dado como consecuencia mantener estatus
de pobreza en ciertos círculos en los que se inhibe un mejor desarrollo
personal.
Los casos de desapariciones forzadas
constituyen una forma de represión a toda clase de población para poder
generar condiciones de gobernabilidad; la gente lo considera en generar
un impacto psicosocial donde el común denominador es creer que hay mucha
delincuencia y todo mundo se aísla.
Las dificultades persisten para dar
seguimiento a las desapariciones, ello bajo amenazas que surgen desde el
mismo momento de presentar denuncias, donde una parte de los
ministeriales y servidores públicos amagan a los familiares para
desalentarlos a que no continúen con las querellas para dar con el
paradero de sus familiares.
Aparentemente por no querer dar
seguimiento a casos engorrosos e incluso buscando encubrir a las
instituciones oficiales que son señaladas como partícipes de esos
sucesos.
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