Ayotzinapa o la especulación de la incompetencia

Carlos Javier González

En el triste y vergonzoso caso de los normalistas de Ayotzinapa, más allá de evidenciar los niveles de violencia, complicidad e impunidad que se viven en México, también se esclarece la inoperancia del gobierno en sus tres niveles. La repartición de culpas la tendrá que hacer la historia y el resultado de unas investigaciones en que la mayoría de la población no confía, y que, sin embargo, no muestran avances significativos ni la seriedad que una situación como ésta amerita, lo que genera suspicacias sobre los verdaderos alcances de este terrible crimen –al que ni siquiera se atreven a llamar como tal- que ha desnudado la incompetencia gubernamental. Es verdad que existen tres niveles de gobierno, cada uno con sus responsabilidades delimitadas claramente por el texto constitucional…y que ninguno las cumplió en este caso. Es mezquino acusar al Gobierno Federal por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, pero es cabal responsabilizarlo por el fracaso rotundo de las investigaciones para su ubicación. El problema es mucho más grave de lo que parece, ya que la pasividad del Gobierno Federal para dar con 43 desaparecidos sólo puede explicarse por tres razones: 1) Absoluta incompetencia; 2) Complicidades con el crimen organizado o; 3) Existencia de una realidad detrás de los sucesos de Iguala de tal gravedad, que el gobierno prefiere asumir el desprestigio internacional a revelar la verdad sobre los acontecimientos. Cualquiera de las tres hipótesis habla de un gobierno amedrentado, asustado e huidizo. Un gobierno que no gobierna, que no es capaz de cumplir con sus obligaciones de dar seguridad a la población, un gobierno que no sirve. En estos casi 40 días se han escuchado todo tipo de versiones, desde aquellas que hablan de una sumisión o complicidad absoluta de las autoridades con el crimen organizado hasta las que plantean la posibilidad de una conspiración internacional para el derrocamiento del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien deja crecer sin control el descontento y las movilizaciones sociales. Es sabido que un ambiente de nula información es tierra fértil para la especulación por más descabellada que sea, pero también es cierto que algo no funciona en un gobierno que deja crecer la inseguridad de manera alarmante, incluso en latitudes que antes se consideraban seguras como es el caso del Distrito Federal. Esto es consecuencia de una crisis estructural que data de mucho tiempo atrás: policías infiltradas; aparato de seguridad desmantelado o utilizado para el espionaje político; imparable poder corruptor del crimen organizado; total impunidad de parte de los gobernantes señalados, y una larga lista de etcéteras que hacen que nos demos cuenta de que estamos en un país al garete, sin rumbo, sin liderazgo y sin autoridad. Es lamentable que la impunidad y el abuso se alimenten desde el mismo Estado, tolerando a gobernadores corruptos, funcionarios voraces, complicidades antinatura entre crimen y cuerpos de seguridad y nadie, absolutamente nadie, ha pagado o asumido sus responsabilidades. Así como Ayotzinapa están Tlatlaya, la guardería ABC, las fosas de San Fernando, los desfalcos de Moreira, la presa de Padrés, los segundos pisos de AMLO, y sígale usted contando hasta dónde la memoria le alcance. No hay sanciones para nadie, por eso en México pueden desaparecer 43 muchachos a plena luz del día a manos de la policía –algo digno de un país en guerra civil- y las autoridades 40 días después no saben nada. Si eso no es desgobierno, quien sabe que será. El vacío de poder es evidente y hay algunos, que tendrían que irse.