México: síntomas de una enfermedad terminal
Por: Héctor Tenorio /
23 octubre, 2014
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(23 de octubre, 2014).- En un ambiente
de impunidad total, está por cumplirse un mes de la desaparición de 43
jóvenes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa y del hallazgo de 17
fosas clandestinas. La corrupción es piedra angular de la degradación en
que se encuentra el país; la falta de impartición de justicia, la
violación de los derechos humanos son síntomas de una enfermedad
terminal. La clase política exhibe sus limitaciones y es incapaz de
romper su simbiosis con el crimen político. Los partidos Revolucionario
Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República
acordaron posponer hasta el 30 de octubre la decisión sobre declarar la
desaparición de los tres poderes de gobierno en Guerrero. Ambos
institutos políticos han invitado al gobernador Ángel Aguirre Rivero a
que renuncie al cargo, ante la ingobernabilidad que vive el estado. Todo
dependerá de qué tanto se agrave la situación y que las circunstancias
obliguen al mandatario a dimitir.
Ahora bien, en caso de que Aguirre
Rivero se aferre al puesto, la ruta crítica iniciaría en la Cámara de
Diputado donde se realizaría un juicio de procedencia en contra del
mandatario y posteriormente el Senado de la República se convertiría en
un tribunal de sentencia. En caso de aplicarse la desaparición de
poderes desaparecería el Poder Ejecutivo, y se nombraría a un gobernador
interino, la misma suerte correría el Poder Judicial y el Congreso del
estado, con el riesgo de provocar un ambiente de ingobernabilidad.
Las reacciones ante la tragedia de
Ayotzinapa han sido diversas: Llama la atención que el titular de la
Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam no
hubiera tenido tiempo de recibir de manera inmediata al padre Alejandro
Solalinde Guerra quien ha criticado al gobierno federal de darle un
manejo político al asunto y aseguró que no hay ninguna esperanza de que
aparezcan vivos los estudiantes, incluso afirmó que todos fueron
quemados vivos. Para el religioso no es un hecho aislado sino una acción
de Estado. ¿Qué pensarán en Los Pinos?
A pesar del dolor e impotencia que
existe, no se puede aplaudir que miembros de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) incendiaran las
instalaciones del Comité Ejecutivo estatal del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), para protestar por la protección que otorgan a los
implicados en los hechos del pasado 26 de septiembre, donde seis
personas perdieron la vida y desaparecieron 43 normalistas.
Por lo que se refiere a la actitud de
los políticos profesionales el dirigente del Movimiento Nacional de
Regeneración (Morena), Andrés Manuel López Obrador exige la renuncia del
presidente Enrique Peña Nieto, de Aguirre Rivero y de Murillo Karam.
¡Casi nada! De forma más mesurada se ha pronunciado Cuauhtémoc Cárdenas
quien considera que es un problema de ética del gobernador si renuncia o
no al cargo. Finalmente el presidente del Sol Azteca Carlos Navarrete
insiste en que el problema de Guerrero es del Estado mexicano.
En este contexto, la ciudadanía ve una
baja calidad en la democracia que se le está ofreciendo y tiene razón.
Vale la pena recordar al doctor Leonardo Morlino, él considera que en la
calidad de los regímenes democráticos, no basta con la legitimidad, en
especial, cuando la legitimidad del régimen democrático no es lo
suficientemente sólida. Resulta lógico que los familiares de los 43
jóvenes no estén satisfechos con los resultados de las investigaciones
del gobierno federal. Queda claro que mientras no exista certeza de qué
sucedió con los estudiantes difícilmente se pueda normalizar la vida en
Guerrero. Será un reto para la sociedad civil iniciar la recomposición
del tejido social, porque implicará lograrlo bajo otras reglas, si no,
se quiere tropezar con la misma piedra que hoy mantiene a la nación en
la zozobra.
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