Revoca el Premio Nacional de DDHH a Isabel Miranda de Wallace
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Petición creada porBurbank, Estados Unidos
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(English version below)
C.c.p. Dip. Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
C.c.p. Sen. Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
C.c.p. Miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
C.c.p. Dip. Dinora Pizano Osorio, Presenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
C.c.p. Isabel Miranda Torres, Directora de Alto al secuestro
Montréal / Distrito Federal, el 23 de junio 2014
C. ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESENTE.-
Por este conducto, nos dirigimos a Usted en calidad de titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos para pedirle oficialmente la revocación del Premio Nacional de Derechos Humanos que se otorgó de manera injustificada a Isabel Miranda de Wallace, el 15 de diciembre de 2010, de mano del entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en reconocimiento a su supuesto trabajo de promoción y defensa de los derechos de las víctimas del secuestro.
Nuestras asociaciones Gente de México por la Democracia y la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, junto con un grupo de periodistas independientes, han investigado de manera rigurosa y ética el denominado “caso Wallace”, debido a que hay seis personas encarceladas y torturadas; cinco de éstas se autoincriminaron bajo coacción, cuatro ya sentenciadas. Hasta ahora hemos encontrado sólidas evidencias de que el crimen no se perpetró ni se dieron las circunstancias que injustamente inculpan a esas personas.
De acuerdo a nuestras investigaciones, a las investigaciones periodísticas y con base en las denuncias recién presentadas por los inculpados, pesa sobre Isabel Miranda Torres la acusación sobre su presunta responsabilidad de falsificación de documentos, fraude procesal, falsedad a autoridades y variación de nombres, entre otros delitos.
Adicionalmente, en un extenso documento, resultado de la investigación de dos años y cuya copia será entregada a las autoridades judiciales correspondientes, nuestras asociaciones han demostrado de manera inequívoca la completa falsedad de las declaraciones auto incriminatorias de los acusados en las que se basa la parte acusatoria para establecer el cuerpo del delito, y lograr sentencias condenatorias en contra de los acusados. Asimismo, hemos presentado a diferentes instancias de derechos humanos pruebas contundentes de que los detenidos fueron torturados bajo órdenes de Isabel Miranda de Wallace para auto incriminarse y que se violaron
sistemáticamente los derechos fundamentales de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales, Juana Hilda González Lomelí, Antonio Castillo, Alberto Castillo y Jael Malagón Uscanga con vistas a fabricar una banda de secuestradores presuntamente responsable del secuestro del empresario Hugo Alberto Wallace, quien también tiene la identidad de Hugo Alberto Miranda Torres.
En esta simulación de secuestro y homicidio, del que en nueve años la parte acusadora no pudo acreditar una sola evidencia pericial, se encontró una red de funcionarios públicos de diversas instancias judiciales, entre éstas de la Procuraduría General de la República que privilegiaron influencias, crearon documentos apócrifos y participaron directa y flagrantemente en la violación de los derechos humanos de los inculpados, según lo establecido en el estudio certificado por la CNDH como Protocolo de Estambul.
Cabe señalar que se siguen violando los derechos de los procesados, entre los cuales el derecho sagrado a la presunción de inocencia, a través de la difusión reciente de videos supuestamente propiedad de la PGR, desde la cuenta Youtube de la fundación Alto al Secuestro, fundada y encabezada por Isabel Miranda de Wallace. En dichos videos, se puede observar a Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, y César Freyre Morales, narrando y corroborando – a pesar de las innumerables contradicciones entre sus versiones– la historia fabricada por Isabel Miranda de Wallace, en violación a los requisitos más básicos del debido proceso, entre los cuales el derecho a la asistencia de un abogado defensor y nuevamente la presunción de inocencia, delito que fue cometido desde febrero de 2006 cuando la empresa particular de Isabel Miranda Torres colocó los espectaculares en la vía pública con los rostros y nombres de los acusados.
Nuestras conclusiones fueron publicadas y aumentadas por el trabajo periodístico de Guadalupe Lizárraga (Los Ángeles Press, USA) y de Anabel Hernández (Proceso, México). Después de estas publicaciones, resulta una obligación ética, moral, y política proceder a la revocación inmediata del Premio Nacional de Derechos Humanos que se otorgó a Isabel Miranda Torres, mientras las autoridades competentes responden a su obligación de investigar con estricto apego a Derecho sobre los hechos denunciados.
Entre las pruebas que la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad entregó a estos medios, el acta de nacimiento original de Hugo Alberto Miranda Torres la cual demuestra que este individuo no tiene como padre biológico al actual esposo de Isabel Miranda, de nombre José Enrique del Socorro Wallace Díaz, sino a Jacinto Miranda Jaimez. Esta acta de nacimiento, así como el CURP que el desaparecido tramitó el 24 de febrero de 2010, es decir cinco años después de su supuesta muerte, no solamente establece un alto grado de probabilidad que Hugo Alberto siga viviendo bajo su identidad original, sino que durante la reconstrucción de hechos que se llevó a cabo en el supuesto lugar del crimen y durante la cual se encontró una gota de sangre con perfil genético de la madre y del padre adoptivo del desaparecido, fue sembrada como una prueba falsa con la cual se pretendía establecer la veracidad de los hechos.
En resumen, no solamente no existe prueba pericialmente válida, tampoco existe ningún motivo claro para el supuesto crimen, ni declaración alguna contundente de parte de los acusados que fuese obtenida de manera legal y libre de coacción, sino que se establece claramente que fueron sembradas pruebas falsas con vistas a hacer creer al Poder Judicial y a la opinión pública que se habían cometido dos de los delitos más abominables que más daño hacen a una sociedad: el secuestro y el asesinato.
Como defensores internacionales de derechos humanos, desde Canadá y México, pedimos que se investigue hasta las últimas consecuencias por la fabricación de pruebas en el caso Wallace, a todos sus autores, intelectuales y materiales, así como a todos quienes dolosamente ocultaron la verdad.
Ante ello, el rostro de Isabel Miranda de Wallace, el rostro de una persona poderosa, con influencias dentro de las instituciones del Estado mexicano, que amenaza a periodistas, corrompe a funcionarios públicos, presunta responsable del encarcelamiento y tortura de inocentes, es ahora en extremo incompatible con la calidad ética que representa la obtención de un premio de derechos humanos.
Más allá de lo anterior, mediante la invención del secuestro y del homicidio de su propio hijo, Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres cometió el crimen moral de haber engañado a la sociedad mexicana entera, a sus representantes y servidores, y usurpó el papel de representante de la sociedad civil y de las víctimas de secuestro. Ha sobrepasado y ha utilizado por su propio interés las atribuciones del papel de coadyuvante al Ministerio Público al que le daba derecho la Constitución mexicana, para convertirse en figura de acusadora pública, la cual deshonra y perjudica de manera irreparable la sociedad democrática.
Por lo anterior, nosotros, Gente de México por la Democracia y la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, pedimos la revocación inmediata del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010 que fue entregado, a nombre de México, a María Isabel Miranda Torres.
Atentamente,
Giel MEZA
Presidente
Gente de México por la democracia
http://gentedemexico.blogspot.ca/
gentedemexico@hotmail.com
David BERTET
Presidente
Asociación Canadiense Por el Derecho y la Verdad
www.ac-dv.org
president@ac-dv.org
C. ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENT OF ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
By means of this letter, we address to You as the Chief Executive of Estados Unidos Mexicanos to request officially the repeal of the National Human Rights Prize awarded unreasonably to Isabel Miranda de Wallace, on December 15, 2010, handed back then by the President of the Republic, Felipe Calderón Hinojosa, in recognition of her course work promoting and defending the rights of victims of kidnapping.
Our Associations “Gente de México por la democracia” and the “Canadian Association for Rights and Truth”, along with a group of independent journalists have investigated rigorously and ethically this so-called "Wallace case," because there are six people imprisoned and tortured ; five of which were under Self-incrimination under coercion, four of them already sentenced. So far we have found strong evidence that no crime was committed nor the circumstances that unfairly incriminate those people were given. According to our investigation, and journalistic investigations, based on the most recent complaints filed by the accused, Isabel Miranda Torres, the prosecution on her responsibility of forging documents, procedural fraud, misrepresentation to authorities and variation of names, including other crimes.
Additionally, in a lengthy document, the result of a two-year investigation, a copy of which will be delivered to the appropriate judicial authorities, our Associations have unequivocally demonstrated the complete falsehood of self-incriminating statements from the accused in which the party relies accusatory to establish the Corpus Delicti, and achieve convictions against these defendants.
We have also presented to different Human Rights Offices, strong evidence that the detainees were tortured under orders of Isabel Miranda de Wallace. self-incrimination and the fundamental human rights of the following people were systematically violated: Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, César Freyre Morales, Juana Lomeli Hilda González, Antonio Castillo, Alberto Castillo and Jael Malagon Uscanga; this with the purpose to fabricate a kidnapping gang allegedly responsible for the kidnapping of businessman Hugo Alberto Wallace, who also has the identity of Hugo Alberto Miranda Torres.
In this simulation of abduction and murder, in which nine years the prosecution could not establish a single expert witness, we have found a network of public officials from various courts, among these, the Attorney General's Office with privileged influence, created forged documents with blatant direction, participating in the violation of Human Rights of the accused, as provided in the study certified CNDH Istanbul Protocol. It should be noted that as of today, the rights of the accused are still being violated, including the sacred right to the presumption of innocence, through the recent spread of video allegedly PGR property from the Youtube account of the Association “Alto al Secuestro”, founded and headed by Isabel Miranda de Wallace. In these videos, you can watch Jacobo Tagle Dobin, Juana Lomeli Hilda González, César Freyre Morales, narrating and corroborating - in despite of countless contradictions between their versions- a history made by Isabel Miranda de Wallace, in violation of the most basic requirements of due process, including the right to the assistance of counsel and the presumption of innocence, a crime that was committed in February 2006 when the advertising company owned by Isabel Miranda Torres placed public signs with the faces and names of the defendants.
Our findings were published and augmented by the journalistic work of Guadalupe Lizarraga (Los Angeles Press, USA) and Anabel Hernández (Proceso, Mexico). After these publications, it is an ethical, moral, and political obligation to revoke, effective immediately, the National Human Rights Award awarded to Isabel Miranda Torres, while the authorities meet their obligation to investigate with strict adherence to the law on the facts alleged. Among the evidence that the Canadian Association for Rights and Truth gave to media, the original birth certificate of Hugo Alberto Torres Miranda which shows that this individual has no biological father as the current husband of Isabel Miranda, named Joseph Wallace Relief Enrique Diaz, but Jacinto Miranda Jaimez. This birth certificate and the CURP that the disappeared person processed on February 24th, 2010, even five years after his supposed death, not only provides a high degree of probability that Hugo Alberto continues living under his original identity, but during the reconstruction of facts conducted on the crime scene in which a drop of blood was found with the genetic profile of the mother and the adoptive father of the missing, was planted as a false test that sought to establish the veracity of the alleged facts.
In short, not only are there no valid expert opinions of evidence, there is also no clear motive for the alleged crime, nor conclusive declarations from the accused obtained legally and free of coercion. Evidence is clear in were planted false evidence in order to make people believe the judiciary and the public that there had been two of the most heinous crimes that do more damage to society: the kidnapping and murder.
As international Human Rights defenders from Canada and Mexico, we ask you to investigate until the last consequences for the fabrication of evidence in the Wallace case, all authors, intellectual and material, as well as all those who willfully concealed the truth.
In response, the face of Isabel Miranda de Wallace, the face of a powerful person, with influences within the institutions of the Mexican State, threatening journalists, corrupt public officials, allegedly responsible for the imprisonment and torture of innocents, is now in end, incompatible with the ethical quality required to obtain a Human Rights award.
Beyond this, by the invention of the kidnapping and murder of his own son, Isabel Miranda de Wallace or María Isabel Miranda Torres made the moral crime of having deceived the whole of Mexican society, their representatives and servants, and usurped the representative role of civil society and victims of kidnapping. She has exceeded and has used for her own interest, the powers of the adjuvant role of the Public Prosecutor which entitled him to the Mexican Constitution, to become a figure of public prosecution, whom dishonor and irreparably harm the democratic society.
Therefore, we, “Gente de Mexico por la Democracia” and the “Canadian Association for Rights and Truth”, request the immediate revocation of the National Human Rights Award 2010 which was delivered on behalf of Mexico, to Maria Isabel Miranda Torres.
Sincerely yours.
Giel MEZA
President
Gente de México por la democracia
http://gentedemexico.blogspot.ca/
gentedemexico@hotmail.com
David BERTET
President
Canadian Association for Rights and Truth
www.ac-dv.org
president@ac-dv.org
C.c.p. Dip. Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
C.c.p. Sen. Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
C.c.p. Miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
C.c.p. Dip. Dinora Pizano Osorio, Presenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
C.c.p. Isabel Miranda Torres, Directora de Alto al secuestro
Montréal / Distrito Federal, el 23 de junio 2014
C. ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESENTE.-
Por este conducto, nos dirigimos a Usted en calidad de titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos para pedirle oficialmente la revocación del Premio Nacional de Derechos Humanos que se otorgó de manera injustificada a Isabel Miranda de Wallace, el 15 de diciembre de 2010, de mano del entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en reconocimiento a su supuesto trabajo de promoción y defensa de los derechos de las víctimas del secuestro.
Nuestras asociaciones Gente de México por la Democracia y la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, junto con un grupo de periodistas independientes, han investigado de manera rigurosa y ética el denominado “caso Wallace”, debido a que hay seis personas encarceladas y torturadas; cinco de éstas se autoincriminaron bajo coacción, cuatro ya sentenciadas. Hasta ahora hemos encontrado sólidas evidencias de que el crimen no se perpetró ni se dieron las circunstancias que injustamente inculpan a esas personas.
De acuerdo a nuestras investigaciones, a las investigaciones periodísticas y con base en las denuncias recién presentadas por los inculpados, pesa sobre Isabel Miranda Torres la acusación sobre su presunta responsabilidad de falsificación de documentos, fraude procesal, falsedad a autoridades y variación de nombres, entre otros delitos.
Adicionalmente, en un extenso documento, resultado de la investigación de dos años y cuya copia será entregada a las autoridades judiciales correspondientes, nuestras asociaciones han demostrado de manera inequívoca la completa falsedad de las declaraciones auto incriminatorias de los acusados en las que se basa la parte acusatoria para establecer el cuerpo del delito, y lograr sentencias condenatorias en contra de los acusados. Asimismo, hemos presentado a diferentes instancias de derechos humanos pruebas contundentes de que los detenidos fueron torturados bajo órdenes de Isabel Miranda de Wallace para auto incriminarse y que se violaron
sistemáticamente los derechos fundamentales de Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales, Juana Hilda González Lomelí, Antonio Castillo, Alberto Castillo y Jael Malagón Uscanga con vistas a fabricar una banda de secuestradores presuntamente responsable del secuestro del empresario Hugo Alberto Wallace, quien también tiene la identidad de Hugo Alberto Miranda Torres.
En esta simulación de secuestro y homicidio, del que en nueve años la parte acusadora no pudo acreditar una sola evidencia pericial, se encontró una red de funcionarios públicos de diversas instancias judiciales, entre éstas de la Procuraduría General de la República que privilegiaron influencias, crearon documentos apócrifos y participaron directa y flagrantemente en la violación de los derechos humanos de los inculpados, según lo establecido en el estudio certificado por la CNDH como Protocolo de Estambul.
Cabe señalar que se siguen violando los derechos de los procesados, entre los cuales el derecho sagrado a la presunción de inocencia, a través de la difusión reciente de videos supuestamente propiedad de la PGR, desde la cuenta Youtube de la fundación Alto al Secuestro, fundada y encabezada por Isabel Miranda de Wallace. En dichos videos, se puede observar a Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, y César Freyre Morales, narrando y corroborando – a pesar de las innumerables contradicciones entre sus versiones– la historia fabricada por Isabel Miranda de Wallace, en violación a los requisitos más básicos del debido proceso, entre los cuales el derecho a la asistencia de un abogado defensor y nuevamente la presunción de inocencia, delito que fue cometido desde febrero de 2006 cuando la empresa particular de Isabel Miranda Torres colocó los espectaculares en la vía pública con los rostros y nombres de los acusados.
Nuestras conclusiones fueron publicadas y aumentadas por el trabajo periodístico de Guadalupe Lizárraga (Los Ángeles Press, USA) y de Anabel Hernández (Proceso, México). Después de estas publicaciones, resulta una obligación ética, moral, y política proceder a la revocación inmediata del Premio Nacional de Derechos Humanos que se otorgó a Isabel Miranda Torres, mientras las autoridades competentes responden a su obligación de investigar con estricto apego a Derecho sobre los hechos denunciados.
Entre las pruebas que la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad entregó a estos medios, el acta de nacimiento original de Hugo Alberto Miranda Torres la cual demuestra que este individuo no tiene como padre biológico al actual esposo de Isabel Miranda, de nombre José Enrique del Socorro Wallace Díaz, sino a Jacinto Miranda Jaimez. Esta acta de nacimiento, así como el CURP que el desaparecido tramitó el 24 de febrero de 2010, es decir cinco años después de su supuesta muerte, no solamente establece un alto grado de probabilidad que Hugo Alberto siga viviendo bajo su identidad original, sino que durante la reconstrucción de hechos que se llevó a cabo en el supuesto lugar del crimen y durante la cual se encontró una gota de sangre con perfil genético de la madre y del padre adoptivo del desaparecido, fue sembrada como una prueba falsa con la cual se pretendía establecer la veracidad de los hechos.
En resumen, no solamente no existe prueba pericialmente válida, tampoco existe ningún motivo claro para el supuesto crimen, ni declaración alguna contundente de parte de los acusados que fuese obtenida de manera legal y libre de coacción, sino que se establece claramente que fueron sembradas pruebas falsas con vistas a hacer creer al Poder Judicial y a la opinión pública que se habían cometido dos de los delitos más abominables que más daño hacen a una sociedad: el secuestro y el asesinato.
Como defensores internacionales de derechos humanos, desde Canadá y México, pedimos que se investigue hasta las últimas consecuencias por la fabricación de pruebas en el caso Wallace, a todos sus autores, intelectuales y materiales, así como a todos quienes dolosamente ocultaron la verdad.
Ante ello, el rostro de Isabel Miranda de Wallace, el rostro de una persona poderosa, con influencias dentro de las instituciones del Estado mexicano, que amenaza a periodistas, corrompe a funcionarios públicos, presunta responsable del encarcelamiento y tortura de inocentes, es ahora en extremo incompatible con la calidad ética que representa la obtención de un premio de derechos humanos.
Más allá de lo anterior, mediante la invención del secuestro y del homicidio de su propio hijo, Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres cometió el crimen moral de haber engañado a la sociedad mexicana entera, a sus representantes y servidores, y usurpó el papel de representante de la sociedad civil y de las víctimas de secuestro. Ha sobrepasado y ha utilizado por su propio interés las atribuciones del papel de coadyuvante al Ministerio Público al que le daba derecho la Constitución mexicana, para convertirse en figura de acusadora pública, la cual deshonra y perjudica de manera irreparable la sociedad democrática.
Por lo anterior, nosotros, Gente de México por la Democracia y la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, pedimos la revocación inmediata del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010 que fue entregado, a nombre de México, a María Isabel Miranda Torres.
Atentamente,
Giel MEZA
Presidente
Gente de México por la democracia
http://gentedemexico.blogspot.ca/
gentedemexico@hotmail.com
David BERTET
Presidente
Asociación Canadiense Por el Derecho y la Verdad
www.ac-dv.org
president@ac-dv.org
C. ENRIQUE PEÑA NIETO
PRESIDENT OF ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
By means of this letter, we address to You as the Chief Executive of Estados Unidos Mexicanos to request officially the repeal of the National Human Rights Prize awarded unreasonably to Isabel Miranda de Wallace, on December 15, 2010, handed back then by the President of the Republic, Felipe Calderón Hinojosa, in recognition of her course work promoting and defending the rights of victims of kidnapping.
Our Associations “Gente de México por la democracia” and the “Canadian Association for Rights and Truth”, along with a group of independent journalists have investigated rigorously and ethically this so-called "Wallace case," because there are six people imprisoned and tortured ; five of which were under Self-incrimination under coercion, four of them already sentenced. So far we have found strong evidence that no crime was committed nor the circumstances that unfairly incriminate those people were given. According to our investigation, and journalistic investigations, based on the most recent complaints filed by the accused, Isabel Miranda Torres, the prosecution on her responsibility of forging documents, procedural fraud, misrepresentation to authorities and variation of names, including other crimes.
Additionally, in a lengthy document, the result of a two-year investigation, a copy of which will be delivered to the appropriate judicial authorities, our Associations have unequivocally demonstrated the complete falsehood of self-incriminating statements from the accused in which the party relies accusatory to establish the Corpus Delicti, and achieve convictions against these defendants.
We have also presented to different Human Rights Offices, strong evidence that the detainees were tortured under orders of Isabel Miranda de Wallace. self-incrimination and the fundamental human rights of the following people were systematically violated: Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, César Freyre Morales, Juana Lomeli Hilda González, Antonio Castillo, Alberto Castillo and Jael Malagon Uscanga; this with the purpose to fabricate a kidnapping gang allegedly responsible for the kidnapping of businessman Hugo Alberto Wallace, who also has the identity of Hugo Alberto Miranda Torres.
In this simulation of abduction and murder, in which nine years the prosecution could not establish a single expert witness, we have found a network of public officials from various courts, among these, the Attorney General's Office with privileged influence, created forged documents with blatant direction, participating in the violation of Human Rights of the accused, as provided in the study certified CNDH Istanbul Protocol. It should be noted that as of today, the rights of the accused are still being violated, including the sacred right to the presumption of innocence, through the recent spread of video allegedly PGR property from the Youtube account of the Association “Alto al Secuestro”, founded and headed by Isabel Miranda de Wallace. In these videos, you can watch Jacobo Tagle Dobin, Juana Lomeli Hilda González, César Freyre Morales, narrating and corroborating - in despite of countless contradictions between their versions- a history made by Isabel Miranda de Wallace, in violation of the most basic requirements of due process, including the right to the assistance of counsel and the presumption of innocence, a crime that was committed in February 2006 when the advertising company owned by Isabel Miranda Torres placed public signs with the faces and names of the defendants.
Our findings were published and augmented by the journalistic work of Guadalupe Lizarraga (Los Angeles Press, USA) and Anabel Hernández (Proceso, Mexico). After these publications, it is an ethical, moral, and political obligation to revoke, effective immediately, the National Human Rights Award awarded to Isabel Miranda Torres, while the authorities meet their obligation to investigate with strict adherence to the law on the facts alleged. Among the evidence that the Canadian Association for Rights and Truth gave to media, the original birth certificate of Hugo Alberto Torres Miranda which shows that this individual has no biological father as the current husband of Isabel Miranda, named Joseph Wallace Relief Enrique Diaz, but Jacinto Miranda Jaimez. This birth certificate and the CURP that the disappeared person processed on February 24th, 2010, even five years after his supposed death, not only provides a high degree of probability that Hugo Alberto continues living under his original identity, but during the reconstruction of facts conducted on the crime scene in which a drop of blood was found with the genetic profile of the mother and the adoptive father of the missing, was planted as a false test that sought to establish the veracity of the alleged facts.
In short, not only are there no valid expert opinions of evidence, there is also no clear motive for the alleged crime, nor conclusive declarations from the accused obtained legally and free of coercion. Evidence is clear in were planted false evidence in order to make people believe the judiciary and the public that there had been two of the most heinous crimes that do more damage to society: the kidnapping and murder.
As international Human Rights defenders from Canada and Mexico, we ask you to investigate until the last consequences for the fabrication of evidence in the Wallace case, all authors, intellectual and material, as well as all those who willfully concealed the truth.
In response, the face of Isabel Miranda de Wallace, the face of a powerful person, with influences within the institutions of the Mexican State, threatening journalists, corrupt public officials, allegedly responsible for the imprisonment and torture of innocents, is now in end, incompatible with the ethical quality required to obtain a Human Rights award.
Beyond this, by the invention of the kidnapping and murder of his own son, Isabel Miranda de Wallace or María Isabel Miranda Torres made the moral crime of having deceived the whole of Mexican society, their representatives and servants, and usurped the representative role of civil society and victims of kidnapping. She has exceeded and has used for her own interest, the powers of the adjuvant role of the Public Prosecutor which entitled him to the Mexican Constitution, to become a figure of public prosecution, whom dishonor and irreparably harm the democratic society.
Therefore, we, “Gente de Mexico por la Democracia” and the “Canadian Association for Rights and Truth”, request the immediate revocation of the National Human Rights Award 2010 which was delivered on behalf of Mexico, to Maria Isabel Miranda Torres.
Sincerely yours.
Giel MEZA
President
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http://gentedemexico.blogspot.ca/
gentedemexico@hotmail.com
David BERTET
President
Canadian Association for Rights and Truth
www.ac-dv.org
president@ac-dv.org
Para:
C. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Dip. Miriam Cárdenas Cantú, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
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Dip. Miriam Cárdenas Cantú, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
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