jueves, 24 de enero de 2013

PRIMERAS PLANAS (24/01/13) BUEN DÍA


  @ADNPolitico
Enero 24, 2013  
REFORMA
Libera a Cassez montaje de AFI
Sin declararla culpable o inocente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación de Florence Cassez al considerar que el montaje televisivo armado por la AFI sobre su captura vició todo el proceso penal en su contra. Cassez fue liberada del penal femenil de Tepepan a las 18:00 horas luego de que los Ministros dejaran sin efectos su condena de 60 años por secuestro. A las 21:15 horas partió rumbo a Francia en el vuelo 439 de Air France. En la sesión de la Corte, el ex titular del SAT Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con menos de dos meses como Ministro, tuvo el voto decisivo al pronunciarse por otorgar un amparo a Cassez.
Dejan al PRI sin castigo en caso de Monex
El PRI finalmente libró en el IFE una megamulta por el caso Monex... gracias al voto del consejero Sergio García Ramírez, quien fue secretario general del tricolor. La Coalición Compromiso por México, que postuló a Enrique Peña, se salvó así de la sanción de 75 millones de pesos por no comprobar el dinero distribuido a través de tarjetas Monex. Luego de 7 horas de intenso debate y tras un empate 4-4 en la primera votación, 5 consejeros del IFE rechazaron la propuesta de sancionar al PRI y el PVEM por no justificar el destino de 50 millones de pesos gastados durante la campaña presidencial. El voto de García Ramírez, quien en primera instancia se había excusado por su cercanía con Efra, una de las empresas involucradas, fue decisivo para que la propuesta de multa fuera rechazada.

¡Aguas!... En 90 días
En 90 días, el Gobierno capitalino comenzará a explotar el nuevo pozo de agua hallado a 2,000 metros de profundidad en San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa. El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), Ramón Aguirre, señaló que el proceso a seguir será cerrar un pozo con agua de menor calidad y trasladar el líquido del nuevo pozo a la planta potabilizadora de la Colonia Agrícola Oriental para posteriormente distribuirla a Iztapalapa. ‘Estamos hablando de 67 litros por segundo que se estarán bombeando con un equipo viejito, pero en este tiempo esperamos contar con una nueva bomba que pueda procesar el agua para Iztapalapa’, dijo Aguirre.
TEMPLO MAYOR
Los senadores del PRI están desconcertados y les urge que alguien les dé una definición. Resulta que el otro día que recibieron la visita de Enrique Peña Nieto en el Senado, uno de sus más cercanos colaboradores les dijo que, desde su punto de vista, el presidente no debe enviar iniciativas preferentes en el periodo que inicia en febrero. Según les dijo, la agenda legislativa estaba muy cargada con los temas del Pacto por México y los de los propios partidos, y con eso era suficiente. Ante, varios legisladores esperan que el otro cercano colaborador de Peña, Miguel Osorio Chong, les aclare si habrá o no iniciativas preferentes. El secretario de Gobernación es uno de los invitados VIP a la plenaria de la bancada tricolor que se realizará este fin de semana en la Riviera Nayarita. Falta ver si el hidalguense les tira línea o... rollo.



EL UNIVERSAL

Liberan a Cassez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la inmediata y absoluta libertad de Florence Cassez, al otorgarle un amparo liso y llano contra la sentencia de 60 años de prisión que cumplía por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas. El voto clave fue el del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La Primera Sala de la Corte aprobó el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero que, en un giro sorprendente, modificó su propuesta inicial de amparar a Cassez para que recibiera nueva sentencia.
Considera EU ‘vital’ para México la reforma fiscal
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que la reforma fiscal en México es ‘vital’ para que se concreten el resto de las reformas estructurales planteadas por el presidente Enrique Peña Nieto, en el Pacto por México. ‘Vemos planes de reforma muy ambiciosos… desde el punto de vista de Hacienda, lo primero es la reforma fiscal’, dijo Charles Collyns, subsecretario adjunto del Departamento del Tesoro, en su visita de un día por México.
Libra el PRI multa del IFE por caso Monex
El voto del consejero Sergio García Ramírez salvó al PRI de ser multado por el IFE por el caso Monex. Sin embargo, el Consejo General del IFE aprobó dar vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); al Servicio de Administración Tributaria (SAT); a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para que investiguen el tema en el ámbito de sus competencias. Ayer, el Consejo General del IFE resolvió las quejas (presentadas por el PAN y el PRD) por presunta recepción ilegal de recursos en la campaña presidencial de Enrique Peña. Estos 66 millones 326,300 pesos habrían servido para pagar, a través de monederos electrónicos de la institución financiera Monex, estructura territorial.
BAJO RESERVA
Los permisos para la apertura de casinos que dieron los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón están bajo la lupa de la Secretaría de Gobernación. Desde el despacho del secretario Miguel Ángel Osorio Chong se dio la orden de hacer una escrupulosa revisión de los permisos para juegos firmados en las gestiones de Santiago Creel, Francisco Ramírez Acuña, Fernando Gómez Mont y Alejandro Poiré. La fiscalización busca determinar si hubo irregularidades en el otorgamiento de permisos y tomar nota de los grupos beneficiados, nos comentan. La información va a fluir y no se van a aceptar, nos aseguran, ‘chantajes’ políticos de panistas presuntamente involucrados en una red de corrupción.



MILENIO

Falla la Corte y deja libre a la plagiaria
Cuando todo parecía perdido para Florence Cassez, por la diferencia de criterios de los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes se negaban apoyar el proyecto de Olga Sánchez Cordero, el curso de la sesión cambió radicalmente. La intervención del nuevo ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de quien no se conocía su opinión en temas de violación a derechos humanos y debido proceso, dio una voltereta al asunto y fue vital para que la sala reconsiderara su posición y decidiera otorgar un amparo liso y llano y ordenar la inmediata liberación de la francesa. Alfredo, quien procede de una familia de abolengo y es nieto del ‘histórico’ ex secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, provocó que con su exposición la ministra abandonara su propuesta y retomara el estudio discutido el 21 de marzo de 2012, al que solo le faltó un voto para que Florence dejara la cárcel.
Por un voto, exonera IFE a PRI y Verde del caso Monex
Por un voto, el Consejo General del IFE exoneró a la coalición Compromiso por México, integrada por el PRI y PVEM, por la utilización de tarjetas Monex durante el pasado proceso electoral. Tras cuatro horas de discusión, ocho de los nueve consejeros electorales dividieron la primera votación, que se realizó para sancionar a los partidos, tras considerar que no se logró justificar el destino de los recursos a través de las tarjetas Monex. Sin embargo, la propuesta de los consejeros Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván para aplicar una sanción de 75 millones de pesos, equivalente a 150% del monto involucrado en la distribución de recursos, generó un empate ante la ausencia del consejero Sergio García.
Comisariado ejidal nayarita reta a Peña
Aquí ni el presidente Enrique Peña Nieto tiene el poder para que decenas de ejidatarias viudas puedan recibir la indemnización por haberles expropiado sus tierras, hace cinco años, para construir una carretera. Eso es lo que asegura el comisariado ejidal de esta región del país, Gabino Jiménez, quien admite que tiene en su poder cheques por más de 30 millones de pesos, pero que no habrá de repartir a nadie hasta que ‘esas revoltosas retiren las demandas y sus amparos’. Y de Peña Nieto, quien estará este jueves en tierras nayaritas para reunirse con legisladores federales del PRI, advierte: ‘Podrá ir por toda la República, es Presidente… a mí no me espanta que venga, que me pida lo que quiera, no tengo nada de que esconderme, ni de Peña ni del gobierno… a mí nadie me ningunea, ni el Presidente de la República siquiera; él es Presidente allá y yo soy comisariado acá, ojalá y venga para conocerlo en persona’.
TRASCENDIÓ
Que Florence Cassez había solicitado a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, de las que depende el penal de Tepepan, donde estaba recluida, permiso para hablar con los medios tras el fallo de la Suprema Corte. Su intención era hablar con una periodista; sin embargo, al final la embajada de Francia en México, a cargo de Elisabeth Beton Delègue, decidió que la mujer no diera ningún tipo de entrevista.



EXCÉLSIOR

Cassez, libre
La francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro, posesión de armas de fuego exclusivas del Ejército y delincuencia organizada, por el Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en 2008, fue liberada por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y abandonó anoche el país. La ministra ponente Olga Sánchez Cordero, quien impulsó en su proyecto la protección federal para Cassez, dijo que la Corte no resolvió la culpabilidad o inocencia de la francesa aprehendida en 2005. Sin embargo, adujo violaciones a sus derechos elementales para exigir su libertad. Con tres votos en favor, de los ministros Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la ponente, y dos en contra, de José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo, Cassez obtuvo un amparo ‘liso y llano’ para salir del penal a las 18 horas y abordar un avión hacia París a las 21:25 horas. ‘Está libre, pero no es inocente’, reconoció Sánchez Cordero en entrevista con Grupo Imagen Multimedia.
Se impulsa reforma sanitaria
La secretaria de Salud, Mercedes Juan López, consideró que es momento de una nueva reforma sanitaria mediante la cual los mexicanos logren un real y efectivo acceso a la salud. En entrevista con Excélsior, la titular de la Secretaría de Salud, adelantó que la dependencia a su cargo está empezando a trabajar en un planteamiento que implicaría separar la parte del financiamiento de la prestación de servicios de salud. La propuesta es crear un fondo único de impuestos generales para financiar la atención médica y un solo padrón de beneficiarios, lo que, prevé, evitaría traslapes y duplicidades que hoy ascienden a 14 por ciento, además de que se tendría mayor control y vigilancia del dinero para evitar situaciones de desvío de recursos.
FRENTES POLÍTICOS
En la impunidad. Los errores cuestan y la justicia mexicana pagó ayer una factura muy alta por errores de procedimiento. Florence Cassez se fue ayer a su país en el vuelo 429 de Air France. Lo hizo en primera clase. En París la reciben como heroína. Aquí se quedaron las víctimas. Para ellos no hubo champaña. Eso sí, la francesa se fue sin siquiera ser declarada inocente. Al final sólo cumplió siete de los 60 años que le impusieron los jueces. Ezequiel Elizalde Flores, uno de los plagiados por Florence y su novio Israel Vallarta, líder de la banda de Los Zodiaco, afirmó que todo fue una porquería. Se va de aquí. México ya no existe para él. Alejandro Martí, otro de los muchos afectados, subrayó: Errores en procesos no deben llevar a liberación de criminales. Ayer fue un día negro para la justicia. Las víctimas, de ese caso, hoy lo son doblemente.



LA JORNADA

Florence Cassez almuerza en París
En una decisión inesperada, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó, sin tomar en cuenta a las víctimas de secuestro– la libertad inmediata (por tres votos a dos) de la ciudadana francesa Florence Cassez, con el argumento de que el montaje televisivo de su detención, realizado por el gobierno mexicano, ‘generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, la imposibilidad de que tuviera una defensa adecuada y quedara en la más absoluta indefensión’ ante la justicia mexicana. Ninguno de los cinco ministros se manifestó o debatió sobre la inocencia o culpabilidad de la francesa. Ayer sólo fijaron postura en torno a si se violaron los derechos humanos de Cassez y si debía dejársele en libertad o dictarle una nueva sentencia.
‘Todo fue una porquería’, señala uno de los plagiados
Ezequiel Elizalde Flores, una de las víctimas de Florence Cassez y de su novio Israel Vallarta, líder de la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco, afirmó: ‘Este país para mí no existe más. Todo fue una porquería. Me voy de aquí’. Entrevistado al termino de la sesión en la cual la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo y protección de la justicia federal a Florence Cassez, y con ello canceló una sentencia de 60 años de prisión que le dictaron jueces mexicanos al encontrarla culpable de secuestro, la víctima de plagio señaló: ‘Esto ha sido una pesadilla que hoy concluye con una injusticia. Es increíble que esto haya ocurrido y que el tribunal donde se supone que respetan los derechos humanos hubiera decidido la liberación de una secuestradora’.
Hollande: se puso fin a un ‘periodo doloroso’
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la ‘liberación inmediata’ de Florence Cassez, el presidente de Francia, Francois Hollande, sostuvo que llega a su fin ‘un periodo particularmente doloroso’ de siete años, en los que la ciudadana francesa permaneció en prisión acusada de secuestro. Hollande celebró lo acordado por la SCJN, y expresó que ‘Francia agradece a todos aquellos que tanto en México como en nuestro país se comprometieron para que la verdad y la justicia prevalecieran’. Asimismo informó que en cuanto supo la decisión llamó a Charlotte Cassez, madre de Florence, para felicitarla.



LA RAZÓN

Libre sin ser inocente
Todos parecían tener prisa ayer: los ministros de la Corte, la embajada de Francia, las autoridades del penal de Tepepan y la propia Florence Cassez. Apenas pasaron siete horas con unos 45 minutos entre el inicio de la sesión de la Primera Sala de la Corte y el momento en que la mujer acusada de secuestro pisó el último peldaño de la escalinata del avión de Air France que la regresó a su país. Desde las 12:45 horas, cuando la sala presidida por Jorge Mario Pardo Rebolledo inició la sesión, Cassez ya tenía lista su maleta negra en el Penal Femenil de Tepepan; y la embajada: el auto en el que la trasladaría al aeropuerto y, por supuesto, el pase de abordar. En menos de dos horas la Corte ordenó la libertad de la ciudadana francesa acusada de secuestro, y tres horas y media más tarde ella salió del penal en un vehículo de la embajada francesa, acompañada de su padre, Bernard Cassez, y el cónsul general de Francia en México, Gerard Martin. Eran las 18:02 horas.
IFE exonera al PRI por el caso de las tarjetas Monex
El Consejo General de Instituto Federal Electoral exoneró ayer a la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) por el financiamiento a través de los monederos electrónicos Monex. Sin embargo sí se dio vista a la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al Servicio de Administración Tributaria para que inicien una investigación por presuntos actos que pudieran ser alguna irregularidad. En una primera votación hubo un empate: cuatro consejeros a favor y cuatro en contra de multar al PRI, por la abstención del consejero electoral Sergio García Ramírez. En una segunda votación, Sergio García Ramírez consultó al Consejo General si podía emitir su voto, toda vez que no tenía impedimento legal para hacerlo, sino que se excusó por su cercanía con los dueños de la empresa Efra.
Panetta retira la prohibición para que mujeres combatan
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, puso fin a la prohibición militar para que las mujeres sirvan en combate, abriendo cientos de miles de posiciones en el frente y posiblemente puestos de comando élite después de más de una década en guerra, anunciaron oficiales del Pentágono. El cambio revolucionario, recomendado por el Estado Mayor Conjunto, anula un fallo de 1994, que prohibía que las mujeres pudiesen ser asignadas a unidades de combate terrestre más pequeñas. La decisión de Panetta da a los servicios militares hasta enero de 2016 para buscar excepciones especiales, si ellos creen que algunas posiciones deban seguir vetadas a las mujeres.
ROZONES
La fama que se está ganando Agustín Acosta, abogado de Florence Cassez, está creciendo no sólo entre los litigantes, sino también entre los políticos, pues el de Cassez es el segundo triunfo en casos polémicos que conduce este abogado que, al inicio del gobierno de Felipe Calderón, ocupó la dirección de Inteligencia Financiera de Hacienda. Su primer triunfo fue sacar de prisión nada más y nada menos que al profesor René Bejarano. O sea, lleva de 2-2. Que si fuera beis, batearía para mil de average.



EL PAÍS

Cataluña se declara ‘sujeto de soberanía’
La división en los dos grandes partidos de Cataluña, Convergència i Unió y el Partit dels Socialistes, marcó ayer lo que debía ser una jornada histórica en el Parlamento. La Cámara catalana aprobó por amplia mayoría, con 85 votos a favor (CiU, Esquerra, Iniciativa y un diputado de la CUP), 41 en contra (PSC, Partido Popular, Ciutadans) y dos abstenciones (CUP), el texto que proclama la ‘soberanía jurídica y política del pueblo catalán’. La resolución marca el camino hacia la consulta sobre la autodeterminación, fijada para 2014. La fecha no se concreta en el texto, que tampoco soluciona el encaje legal de la votación. Sostiene que ‘se utilizarán todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir’. La proclamación subraya que se buscará el diálogo con el ‘Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional’ para legitimar el proceso. Pese a la trascendencia del texto, la división de los grandes partidos enrareció el ambiente. CiU y PSC llegaron a la sesión parlamentaria arrastrando conflictos internos, que discurren por caminos dispares: mientras la federación nacionalista logró apagar momentáneamente el fuego, el polvorín socialista estalló y cinco diputados del sector catalanista rompieron la disciplina interna y no se sumaron al voto contrario decidido por la dirección del PSC.
La justicia mexicana pone en libertad a la presa francesa Florence Cassez
La justicia de México revocó la sentencia en contra de la ciudadana francesa Florence Cassez, presa desde diciembre de 2005 acusada de tres secuestros, y ordenó su inmediata libertad. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró así este miércoles el caso que durante años tensó las relaciones diplomáticas entre México y Francia y polarizó a los mexicanos. A pesar de que el proyecto original discutido en la Corte pedía regresar el caso a un tribunal, para que este dictara nueva sentencia, en la cual no podría tomar en cuenta varias pruebas surgidas de la violación de los derechos de la ciudadana francesa, al final de la deliberación en la Corte de este miércoles, y luego de que los magistrados Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena consideraran que lo que procedía era un amparo liso y llano, la magistrada ponente Olga Sánchez Cordero modificó su proyecto para retomar en esencia lo que sostenía el proyecto de Zaldívar desechado el 21 de marzo pasado. En esa ocasión, Zaldívar sostuvo que el efecto corruptor de un montaje televisivo que se realizó durante la detención de Florence Cassez violentó, entre otros, el derecho a la presunción de inocencia, por lo que lo no tuvo un juicio justo y se pidió entonces que se decretara la libertad inmediata.

Justicia desvirtuada

Justicia desvirtuada
P
or mayoría de tres votos contra dos, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez –juzgada y sentenciada por secuestro– tras reconocer las irregularidades en que incurrió la autoridad durante su detención, en diciembre de 2005, así como las infracciones de procedimiento cometidas por los agentes del Ministerio Público y jueces en su contra.
Lo que en principio debiera ser visto como algo positivo –el reconocimiento por el máximo tribunal del país de los indudables vicios policiales y judiciales y los atropellos a garantías fundamentales detectados en el caso Cassez– adquiere, en la circunstancia actual, connotaciones preocupantes sobre el estado deplorable que guarda la justicia en el país. En primer lugar, la votación de ayer estuvo precedida por un proceso de deliberación turbio y alambicado en el seno del máximo tribunal, que incluyó dos fallos contradictorios entre sí de los integrantes de la primera sala y se terminó por resolver gracias a un cambio súbito en la postura de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien renunció a los resolutivos de su propio proyecto de dictamen –el cual planteaba reponer el juicio a Cassez en un tribunal unitario– y se alineó a la propuesta de otorgarle la liberación inmediata, como proponía el proyecto original del ministro Arturo Zaldívar, discutido y rechazado en marzo del año pasado. No menos inquietante es que este viraje mostrado entre los integrantes del máximo tribunal coincida con el cambio de siglas y colores en la Presidencia de la República.
Por lo demás, y sin desconocer que el conjunto de la causa judicial contra Cassez estuvo contaminado de origen por los vicios observados desde el momento de su detención, lo procedente habría sido la reposición del proceso correspondiente –como planteó originalmente la ministra Sánchez Cordero–, a efecto de esclarecer a cabalidad su participación o no en los delitos que se le imputan, cuya existencia es tan indudable como los atropellos cometidos en su contra. En cambio, con la decisión de otorgar una liberación lisa y llana a la ciudadana francesa, la SCJN abona a la impunidad y lesiona el derecho de las víctimas a la justicia: llevada al extremo, la lógica de los integrantes de la primera sala podría conducir a la liberación de los cómplices de Florence Cassez, en la medida en que éstos, según la información disponible, también padecieron atropellos a sus garantías individuales y al debido proceso.
Más aún: en un sistema de justicia caracterizado por la violación sistemática a los derechos humanos, por la fabricación de culpables y por la alteración de pruebas y testimonios de la autoridad, el Poder Judicial podría exonerar, con argumentos similares a los empleados ayer por los ministros de la SCJN, a la mayor parte de la población penitenciaria del país.
A las miserias judiciales exhibidas por el fallo del máximo tribunal en el caso Cassez debe sumarse la impunidad que persiste para funcionarios como Genaro García Luna y Daniel Cabeza de Vaca –titulares de la desaparecida AFI y de la PGR, respectivamente, en el momento de la detención de Cassez–, quienes, en connivencia con las televisoras, realizaron un montaje en el que se presentaba la captura de Cassez como si se realizara en tiempo real. No menos grave es la responsabilidad, así sea política, de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuyos gobiernos incurrieron en un encubrimiento y un desaseo inadmisibles en torno a los vicios que imperaron en el proceso contra la ciudadana francesa, actitudes que, en el caso del político michoacano, llevaron al país a una crisis diplomática con Francia y a episodios de intromisión y presión indebida del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.
Ahora, esa cadena de negligencias y atropellos que se inició con la detención irregular de Cassez y sus presuntos cómplices culmina con un fallo cuestionable que mina los cimientos de la legalidad, que exculpa a una ciudadana extranjera sentenciada en tres instancias judiciales y que, al eludir la búsqueda de la verdad jurídica del caso por parte del máximo tribunal, equivale a una renuncia del Estado a impartir justicia y a una autodescalificación rotunda de las instituciones encargadas de salvaguardar el estado de derecho.

Morena avanza en trámites para ser partido

Morena avanza en trámites para ser partido
Georgina Saldierna
 
Periódico La Jornada
Jueves 24 de enero de 2013, p. 14
El Instituto Federal Electoral (IFE) notificó al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que ha cumplido satisfactoriamente con la primera etapa de los trámites que debe efectuar para convertirse en partido político. Ahora vendrá la segunda fase, en la que esta agrupación tendrá que hacer asambleas estatales en todo el país.
Martí Batres, dirigente de Morena, dio a conocer lo anterior, al puntualizar que en la primera etapa, la agrupación informó al IFE de su intención de transformarse en partido y presentó diversos documentos en los que comunica el nombre de sus representantes, el domicilio para recibir notificaciones, la denominación que utilizará la fuerza política y el emblema, entre otros datos.
En conferencia de prensa, manifestó que el IFE no hizo ninguna observación en esta primera fase, y que próximamente iniciará la realización de las asambleas.
Cabe destacar que en la comunicación de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE a Batres, ésta da por presentado el aviso de Morena en torno a que iniciará los tramites requeridos para transformarse en partido político.
También le recuerda al ex perredista, que ya empezó a correr el plazo improrrogable dentro del cual el Movimiento Regeneración Nacional deberá cumplir con todos los requisitos, de manera que concluya el procedimiento de constitución y presente la solicitud de registro como partido durante el mes de enero de 2014.
La dirección del IFE señala que designará a los funcionarios electorales que certificarán la celebración de las asambleas a llevarse a cabo y que la representación legal de Morena debe comunicarle por escrito el calendario de estas reuniones con un mínimo de 10 días hábiles previos a su realización.

Pide Ifai a Presidencia datos sobre entrevistas Peña-Calderón

Pide Ifai a Presidencia datos sobre entrevistas Peña-Calderón
Elizabeth Velasco C.
 
Periódico La Jornada
Jueves 24 de enero de 2013, p. 18
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Presidencia de la República buscar y entregar audios, videos, versiones estenográficas o cualquier otro documento que dé cuenta de las reuniones que sostuvo el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, con el presidente electo, Enrique Peña Nieto, o con los miembros de su equipo de transición, entre el primero de agosto y el 9 de octubre de 2012. La Presidencia había declarado la inexistencia de dichos documentos; no obstante, proporcionó cuatro vínculos electrónicos que remiten a boletines, en que se publicó información sobre las reuniones. Inconforme con la respuesta, la solicitante presentó un recurso de revisión ante el Ifai, por considerar que la dependencia debería contar con audios, videos, versiones estenográficas o con cualquier otro documento en el que conste el orden del día de las reuniones sostenidas, los acuerdos y los temas pendientes tratados. En alegatos rendidos ante la ponencia del comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, quien estuvo a cargo del asunto, la Presidencia reiteró su respuesta.

Sólo 5 de 270 programas atienden la alimentación

Sólo 5 de 270 programas atienden la alimentación
Carolina Gómez Mena
 
Periódico La Jornada
Jueves 24 de enero de 2013, p. 20
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de los aproximadamente 270 programas sociales que hay en el país, sólo cinco atienden el aspecto de la alimentación: entre ellos Oportunidades, el Programa de Apoyo Alimentario y los esquemas abasto de leche de Liconsa. Este último por conducto de las vertientes de adquisición de leche nacional y abastecimiento social de leche.
Así lo indicó el organismo al ser consultado sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, que esta semana inició el gobierno federal, porque se da en una coyuntura donde se prevé inestabilidad económica internacional en los próximos años, así como la constante fluctuación de los precios de los alimentos podrían poner nuevamente el tema de la nutrición como una prioridad para el país, sostiene el Coneval en su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012.
Agregó que en el balance que entregó a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la cual lo consultó para analizar la pertinencia del esquema e informar sobre el estado actual en el rubro, refirió que los programas de alimentación, así como la mayoría de los esquemas sociales se encuentran muy dispersos.
En el informe que emitió en noviembre pasado, el Coneval refiere que en ese ámbito el gobierno federal tenía cinco programas relacionados directamente con la alimentación en 2011, a los que canalizó 52 por ciento de los recursos aprobados para ese año en asistencia social del gasto en desarrollo social, es decir 42 mil 644 millones de pesos.
En el balance detalla que los esquemas son el Programa Desarrollo Humano Oportunidades; el Programa de Apoyo Alimentario; el Programa de Abasto Rural (PAR) a cargo de Diconsa; el Programa de Abasto Social de Leche y el Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de Liconsa.
Añade que dichos programas representan 2 por ciento del universo de 273 programas de desarrollo social del Inventario Coneval, alude que cuatro programas fueron objeto de Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 y acota que sin embargo se identifican otros dos programas adicionales, en las acciones que se dirigieron a facilitar el acceso de alimentos, estos fueron Albergues indígenas y Desayunos escolares de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del DIF.

La Cruzada contra el Hambre no incluye a campesinos ni a la producción agrícola

La Cruzada contra el Hambre no incluye a campesinos ni a la producción agrícola
Instan a recuperar los cultivos de maíz y frijol para no depender de las importaciones
Laura Poy Solano y Matilde Pérez
 
Periódico La Jornada
Jueves 24 de enero de 2013, p. 19
La Cruzada Nacional contra el Hambre tiene fallas, no alude al incremento de la desigualdad como resultado de la política económica impulsada por los gobiernos priístas y panistas desde la década de los 90, tampoco involucra directamente a los agricultores y no establece ningún cambio en la política hacia el campo, asentaron, por separado, Carlos Cortez Ruiz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Alberto Gómez Flores, representante de Vía Campesina para América del Norte, y Ernesto Ladrón de Guevara, asesor de la Unión Nacional de Organizaciones Rurales Campesinas Autónomas (Unorca).
Cortez Ruiz, profesor investigador del posgrado en desarrollo rural de la UAM, expuso que la solución al problema del hambre es elaborar una estrategia redistributiva, que incluya las políticas económica y fiscal, ya que la falta de alimentos está relacionada con la escasez de ingresos, la cual impide adquirir o satisfacer las necesidades básicas. Dijo que también se deben establecer medidas para incrementar el salario de la población.
Sobre las acciones que el gobierno federal pretende impulsar, detalló que éste debe aclarar de qué manera se incrementará la producción, con qué infraestructura, capacidad, personal y esquemas de financiamiento se harán llegar los recursos a las regiones más pobres y aisladas, ya que en los años recientes se han desmantelado los sistemas de apoyo y capacitación.
Ladrón de Guevara sostuvo que la coordinación de dicho programa por parte de la Secretaría de Desarrollo Social es un avance mínimo, pues la descoordinación institucional ha llevado al fracaso a los programas contra el hambre; México es un país que aplica muchos recursos en ello y el que menos avances tiene. Esperábamos que dicha cruzada tuviera un enfoque productivo, pues se debe recuperar sobre todo en maíz y frijol; disminuir la política asistencialista, y cambiar el paradigma, porque tenemos muchos avisos de que no habrá disponibilidad de alimentos en el mercado mundial y necesitamos atender la demanda con producción interna.
Insistió en la integración de la gente y en una profunda reorganización en las comunidades para superar el reto de recuperar la producción de maíz y dejar de depender de las importaciones desde Estados Unidos. Hay que terminar con la política asistencialista de los programas sociales para tener resultados en el combate a la pobreza y al hambre.
Alberto Gómez Flores, representante de Vía Campesina para América del Norte, insistió en que el combate al hambre debe iniciar con la salida del sector agropecuario del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, sacudirse la hegemonía de las trasnacionales y detener la ruta empresarial de la máxima ganancia, y para ello, también se requiere de otro trato de los políticos a los campesinos.

Los inmolados a los dioses

Los inmolados a los dioses

Al Javier Lozano del peñanietismo, Alfonso Navarrete Prida, le falta cuerpo para gozar a plenitud lo que en su rosáceo mundo de fantasías considera como las primeras manifestaciones del cumplimiento de las promesas de su jefe, el César de Atlacomulco: el supuesto inicio de recuperación de los salarios reales y, por añadidura, del “bienestar de la población” y la “disminución de la desigualdad social”. Como una exultante Alicia en el país de las maravillas, dice: “habrá recuperación del poder adquisitivo”, “aunque [sea] ligera”.
 
Su alborozo se justifica en el hecho de que el aumento de 3.9 por ciento, en promedio, decretado en los salarios mínimos que regirán en 2013, superará en 9 décimas de punto a la inflación programada para este mismo año (3 por ciento), lo que permitirá “a los trabajadores [adquirir] más bienes y servicios”. Su júbilo se refuerza ante la posibilidad de que la economía crezca 5 por ciento, como prometió Enrique Peña Nieto, y “con la reforma laboral”, porque con ésta “el poder adquisitivo tendrá una mayor recuperación” –aunque añadió prudentemente conteniendo su optimismo: “pero sí se mal utiliza [la reforma], permitiría abusos contra los trabajadores”– y se podrán crear hasta 1 millón de empleos formales: 300 mil adicionales a los 700 mil nuevos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2012, siempre y cuando éstos se mantengan.
En la lógica de Alfonso Navarrete, con Enrique Peña la clase obrera va al paraíso (para usar el título de la película del italiano Elio Petri, premiada con la Palma de Oro y el David di Donatello).
 
Pero la lógica de Navarrete y del gobierno peñista es extravagante y acreedora de otra clase de laureles. Ante todo, las cuentas sobre el millón de empleos formales de Navarrete Prida son estrafalarias. Aunque pudieran mantenerse los 700 mil del IMSS, “ya considerando bajas y altas”, como dice el funcionario, éstos no podrán contabilizarse como nuevos por la simple y sencilla razón de que ya existen. Lo único nuevo será la diferencia entre las bajas y las altas adicionales observadas en los trabajadores asegurados a partir noviembre de 2012: 16 millones 295 mil. Por tanto, no se requerirán 300 mil adicionales para llegar a 1 millón, sino 1 millón más. Y se necesitarán 1.2 millones cada año durante el sexenio peñista para evitar más desempleados, informales, personas que dejan de buscar empleo porque suponen, justamente, que no lo encontrarán y la emigración hacia Estados Unidos, mayor delincuencia y el malestar social, y más descrédito del gobierno de Enrique Peña. ¿Qué oferta tienen para las 200 mil personas sobrantes y a las que queden al margen del mercado laboral si no se crea 1 millón de plazas nuevas? ¿La indiferencia, la cárcel si osan sobrevivir como delincuentes, la mentira piadosa de que algún día tendrán un trabajo formal, aunque sea “flexible” y mal pagado?
 
En su algarabía, a Alfonso Navarrete se le olvidó aclarar varios misterios. En 2012 la economía creció 3.9 por ciento, según estimaciones del Chicago Boy Luis Videgaray, y los trabajadores asegurados en el IMSS hasta noviembre aumentaron en 683 mil 776 mil, en promedio. De ellos, 517 mil 265, el 76 por ciento del total, fueron contratados permanentemente. El resto fueron plazas temporales. ¿Cuál fue el salario que recibieron? El salario medio de cotización en el IMSS fue de 260 pesos diarios, equivalente a 4.3 veces el mínimo. Pero los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que del total de trabajadores asalariados y subordinados, el 64 por ciento recibió ingresos equivalentes a una y tres veces el salario mínimo; el 17 por ciento, de tres a cinco veces el salario mínimo, y sólo el 9 por ciento, superiores a cinco veces. Pero de las plazas creadas en 2012, sólo el 4.3 por ciento se ubicaron en el rango de más de cinco veces el salario mínimo, y las de tres a cinco veces se desplomaron 50 por ciento. Casi todas las nuevas pagaron de una a tres veces el salario mínimo. El sacerdote de la austeridad, Luis Videgaray, proyecta un crecimiento de 3.5 por ciento para 2013. Con una declinación económica, ¿cómo se crearán más puestos laborales que en 2012? Para incorporar a 1.2 millones de personas que demandarán su primer empleo se precisa crecer en al menos 6 por ciento anualmente.
 
¿Acaso fue un año atípico caracterizado por la temporalidad de los contratos y la generación de plazas de bajos salarios o es la reafirmación de la tendencia hacia la precarización del mercado de trabajo registrada en México y a escala global bajo el capitalismo neoliberal? ¿La “reforma” laboral revertirá ese fenómeno y estimulará la permanencia en el empleo con mejores pagos?
 
Alfonso Navarrete Prida vio “positivo” el alza del salario mínimo medio en 3.9 por ciento, es decir, en 2.37 pesos diarios. Menos locuaz pero no menos sinvergüenza, el facho de la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana), Juan Pablo Castañón, dijo que tal aumento “es congruente” con la política de gobierno, el “gran esfuerzo del sector privado” y “las características que hoy tiene el país” para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, para “compensar” la inflación de 2013.
Pero una cosa es “fortalecer” y otra “compensar”.
 
Y es que en términos contantes y sonantes: ¿a cuánto equivale la “recuperación del poder adquisitivo, aunque [sea] ligera”? A 53 centavos, ya con el descouento de la inflación, la cual podría acumular 3.19 pesos en el sexenio peñista. ¿Cuántos bienes y servicios adicionales se pueden adquirir con 2.37 pesos nominales o 50 centavos reales más diariamente? Que cada codicioso se deleite en ese ejercicio imaginativo ocioso y odioso. Con tan generoso aumento negociado entre peñistas, empresarios y líderes del sindicalismo corporativo, se necesitarán alrededor de 400 años para que los salarios mínimos recuperen su poder de compra que tenían en 1976, su máximo histórico. Los contractuales, poco más de 100 años, aunque podría ser similar a aquellos, pues su registro estadístico data de 1975.
 
Señores trabajadores, prohibido morirse antes de ver y disfrutar de este prodigio. Hace poco, el simpático titular de Salud calderonista, Salomón Chertorivski, dijo que la esperanza de vida de los mexicanos pasaría de casi 77 años a 100, en una década. Con un poco de suerte, Mercedes Juan López, su sucesora peñista, resulta más campechana y la eleva a 400 años en un lustro.
 
Pero Navarrete y Castañón no señalaron que para que sea real esa “ligera recuperación o compensación adquisitiva”, al menos en 2013, tiene que cumplirse un requisito: que la inflación esperada sea igual a la alcanzada. Si es mayor, la “recuperación o compensación” se esfumarán. ¿Qué garantiza que se verifique lo anterior? En 30 años del experimento neoliberal, sólo en 7 (¿accidentalmente?) el alza del salario mínimo superó el nivel de los precios al consumidor o el de la canasta básica programados. La eficacia de los expertos en la economía vudú es de 23 por ciento. Pero aunque se cumpliera tal condición, el resultado sería una ilusión estadística. El ajuste en el precio de uno o varios productos, por ejemplo, el del gas, la electricidad o las gasolinas que aplicará el peñismo, eliminará la “ligera recuperación” y ampliará la pérdida adquisitiva de los salarios reales. En 2012 Calderón elevó los mínimos en 2.69 pesos, y en 10 meses el costo de una canasta de 25 bienes básicos pasó de 829.03 pesos en promedio, equivalentes a 13.3 salarios mínimos, a 864.33, es decir, 35.3 pesos más (Susana González, La Jornada, 16 de diciembre de 2012). El analista Luis Lozano estima en más de seis salarios mínimos el precio de la canasta básica indispensable (cerca de 400 pesos) para una familia de cinco miembros.
 
¿Cuál es la pérdida media del salario mínimo y contractual reales? La del primero será de 76 por ciento en 1976-2013. La del otro, de 49 por ciento.
 
Desde la época de Carlos Salinas y Pedro Aspe se dice que si se eleva la productividad los salarios mejorarán. Pero sólo es una mentira nada piadosa. El periodo 1983-2012 evidencia un aumento en la productividad manufacturera y una baja en el costo de la mano de obra y de las remuneraciones pagadas. Es decir, la productividad y la tasa de ganancia descansan en la desvalorización salarial y de las prestaciones sociales, en el menor empleo formal, en la pobreza y la miseria de los trabajadores. Un mayor bienestar implicaría la reducción de aquéllas. Ése es el resultado de la lucha de clases perdida hasta el momento por los asalariados. El deterioro de los ingresos reales de los trabajadores es una estrategia deliberada del gobierno y los empresarios.
 
La superación de las crisis de la década de 1980, de 1994-1996 y 2009, a través de los programas de estabilización y ajuste estructural fondomonetaristas (la crisis fiscal del Estado y el pago del servicio de la deuda externa enfrentados por el menor gasto público), la contención de la inflación por medio de la represión de la demanda interna (el consumo y la inversión productiva, con el recorte de los salarios y el alto costo del crédito que premia la economía del casino), las contrarreformas neoliberales (el retiro del Estado de la economía, la desregulación interna, la indiscriminada apertura externa y la sobrevaluación cambiaria que abaratan las importaciones y destruyen la producción local), la desventajosa integración a la economía mundial (por medio del Tratado de Libre Comercio y otros), y la búsqueda por elevar la competitividad y restaurar la tasa de ganancia han descansado en la represión de los salarios reales, la pérdida de su poder adquisitivo, el recorte de las prestaciones sociales y en el gasto de bienestar. Enrique Peña y Luis Videgaray aplican la misma terapia.
 
Esa tarea ha sido facilitada por el estancamiento económico y los cambios en el proceso productivo que provocan la escasa creación de empleos formales y el temor de los trabajadores de ser arrojados a la fila del desempleo, la informalidad o cualquier otra forma de supervivencia; el control y desmantelamiento de los sindicatos, el despotismo gubernamental y el control empresarial del poder político; las migraciones y sus remesas que atemperan la pobreza y el malestar social; el abandono de la regulación de los precios de los bienes básicos, cuyas variaciones dependen del exterior ante la pérdida de la soberanía alimentaria, entre otros mecanismos. La “flexibilidad” laboral sólo agravará esa situación.
 
Esa estrategia calificada de genocidio económico no es exclusiva de México. Es el nuevo orden mundial instaurado con el triunfo de la contrarrevolución neoconservadora desde la segunda mitad de la década de 1960. Con el colapso europeo, dice el economista francés Michel Husson, la búsqueda de la salida a la crisis fiscal del Estado, de productividad y la rentabilidad, ha descansado en la austeridad fiscal (más impuestos regresivos, menos gasto) y el freno o el retroceso deliberado de los salarios reales y nominales. La caída de la demanda ha profundizado la recesión y ampliado el desempleo, que ayudan a someter a los ocupados a las terapias de choque y los obligan a aceptar el desmantelamiento de sus conquistas sociales y el Estado de bienestar. “En otras palabras, [el ajuste fiscal y] la restauración de la tasa de rentabilidad [se realizan] a expensas del crecimiento (y por tanto del empleo), de la austeridad salarial y por ganancias de productividad ‘regresivas’, es decir, al reducir las plantillas”.
 
Ilegalmente Peña y Videgaray decretaron la austeridad fiscal: recortaron el 5 por ciento de los sueldos y salarios de los mandos medios y superiores de la administración pública federal, así como congelaron cualquier contratación de personal eventual o por honorarios. La medida afectará a más de 71 mil 800 empleados públicos e implicará un “ahorro” por 2.4 mil millones de pesos. Pero al mismo tiempo aumentará en 40 mil millones la nómina burocrática. Sólo en la Presidencia de la República se elevará 8.5 por ciento.
 
Pero la austeridad es para una parte de la burocracia y los trabajadores del sector privado. Calderón recibirá por 6 años de servicio un sueldo mensual de 215 mil pesos, un aguinaldo anual de 43 mil, un seguro de vida por 8 millones de pesos y un familiar de gastos médicos mayores por 390.6 mil pesos. La percepción neta de Enrique Peña será de 203 mil 310 pesos, más un seguro por riesgos por 49.8 mil. Los cortesanos y los desprestigiados fámulos electorales recibirán 509.9 mil pesos brutos. Un secretario de Estado, 276.1 mil. Un diputado, 158.7 mil. Un senador, 227.3 mil.
 
¿Qué representa socialmente una baja de 5 por ciento para la casta divina política? ¿O que la oligarquía no sacrifique nada?
 
Una afrenta para los 3.2 millones de trabajadores asalariados subordinados –el 10 por ciento de 32 millones– que ganan un salario mínimo y recibirán una alza salarial de 2.37 pesos diarios. Para los 8.2 millones (26.8 por ciento) que reciben de una a dos veces el salario mínimo. Para los 8.4 millones (26.3 por ciento) que perciben de dos a tres veces el salario mínimo. Para 5.6 millones que lo obtienen de tres a cinco veces… En total, 25.7 millones (el 80.4 por ciento del total) de miserables, empobrecidos, excluidos e indignados, sacrificados a los dioses tasa de ganancia y austeridad fiscal.
 
*Economista

Televisa y el #CasoCassez: del telemontaje al lavado de imagen

Televisa y el #CasoCassez: del telemontaje al lavado de imagen

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Florence Cassez llegando al AICM. Foto: La Jornada.
Florence Cassez llegando al AICM. Foto: La Jornada.
Durante más de seis horas continuas, ForoTV sólo tuvo un tema noticioso en la jornada del miércoles 23 de enero: el caso de Florence Cassez.
Este canal metropolitano de Televisa, destinado a la información y análisis, transmitió prácticamente completa la sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia donde tres de los cinco ministros decidieron la liberación de la francesa por violaciones al “debido proceso” y donde todos condenaron el montaje del 9 de diciembre de 2005.
ForoTV destinó unidades móviles, reporteros, camarógrafos para tener la “imagen exclusiva” de la francesa que fue liberada y trasladada en la tarde del penal femenil de Tepepan al aeropuerto internacional de la Ciudad de México para tomar el vuelo 439 de Air France que sale a las 21:05 horas.
Intencional o no, a Televisa le dieron una sopa de su propio chocolate. Sus camarógrafos siguieron obsesivamente a una camioneta roja, donde presuntamente se hallaba la otrora “peligrosa secuestradora”. Resultó que era un señuelo. Cassez viajaba en una camioneta blanca que formaba parte del convoy.
“Ojalá que no nos vuelvan a tratar de engañar con otra estrategia”, se quejó el conductor Oscar Hernández cuando tuvo que admitir el error de transmitir la camioneta equivocada. Sólo faltó que dijera que se trataba de un “montaje” de liberación de la francesa.
¿Por qué el interés súbito y obsesivo de Televisa en un caso donde ellos fueron juez, parte y cómplices de una estratagema típica de los tiempos de Genaro García Luna, desde que el superpolicía estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigaciones y luego como titular durante un sexenio de la Secretaría de Seguridad Pública?
Parte de la respuesta la dio Carlos Loret de Mola, conductor de Primero Noticias, el pasado lunes 21 de enero. Serio, formal, el más joven de los conductores estelares de Televisa le dedicó más de 8 minutos a reconstruir el caso Cassez, pero, sobre todo, a lavarle la cara a la empresa televisiva y, de paso, la propia. Loret condujo el mismo noticiero del 9 de diciembre de 2005 cuando se dio a conocer la detención “en vivo y en directo” de los integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco.
“El 9 de diciembre de 2005 nos tocó transmitir la información de la captura (de Florence Cassez), que luego supimos se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo”, afirmó Loret en su alegato inicial.
El montaje “implicó una sacudida”, dijo el conductor. “Yo no me di cuenta de este montaje, no me di cuenta de esta trampa. No me di cuenta del engaño”, afirmó Loret.
Y vino la parte heroica: Loret de Mola relató  que la primera en “detectar” y darse cuenta del telemontaje fue la propia Televisa. El 5 de febrero de 2006 “fue Televisa justamente el primer medio que dio a conocer el montaje”, presumió.
¿Por qué pedir disculpas siete años después? ¿Por qué hacerse a los sorprendidos cuando las “recreaciones” judiciales de liberados, delincuentes detenidos y casos de “nota roja” se volvieron una práctica común durante los años de García Luna al frente de la AFI y de la SSP?
Loret y Televisa simplemente ignoran los detalles del escándalo del telemontaje. Desde el 20 de diciembre de 2005, José Antonio Sánchez Ortega, consejero ciudadano de Seguridad y Justicia Penal acusó a García Luna de proteger a las verdaderas bandas de criminales y le recriminó que “armen showcitos que se transmiten en vivo por televisión, para tratar de contrarrestar las críticas a esta corporación” (la AFI).
“Yo lo único que pido es que se investigue ahí el señalamiento y que los shows mediáticos con lo de [Rubén Omar] Romano y la francesa que tenía secuestradas a tres personas pareciera que son parte de las cartas que él saca para presentarse como el campeón de la justicia”, afirmó Sánchez Ortega.
El polémico abogado se refería a la transmisión “en vivo” de la liberación del director técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, ocurrida una semana antes de la transmisión del caso de Florence Cassez, de Israel Vallarta y de la Banda del Zodiaco.
La liberación de Romano fue una “exclusiva” de TV Azteca. Televisa exigió un caso tan espectacular, según relataron los mismos involucrados en el caso Cassez. Y el 9 de diciembre de 2005 ocurrió la “recreación”. Al parecer, el acuerdo fue con el vicepresidente de noticas nacionales, Amador Narcia, el mismo personaje que salió mencionado en el escándalo de la caravana de las camionetas detenidas en Nicaragua.
No se puede pasar por alto que apenas 8 días antes del caso Florence Cassez, la Cámara de Diputados aprobó en menos de 10 minutos y por unanimidad de todas las fracciones parlamentarias la polémica minuta de reformas que después se conocieron como la Ley Televisa. Ninguna fuerza política se atrevía a desafiar los caprichos de Televisa.
La Queja de Pablo Reinah
Cuando Televisa y la AFI admitieron el “montaje”, frente a las quejas de los abogados y de la familia de Cassez, optaron por culpar y despedir al reportero Pablo Reinah, quien transmitió en vivo la detención de la francesa y le hizo preguntas a ella y a Israel Vallarta.
Reinah se inconformó con la decisión. El 13 de febrero de 2006 interpuso una queja ante el programa de protección a periodistas de la CNDH. En la parte medular de su querella, el reportero afirma:
“Como es de su conocimiento público, yo, en mi calidad de reportero, estuve presente en este operativo mismo que transmití para el noticiero Primero Noticias de la empresa Televisa, por lo que rechazo categóricamente haber tenido conocimiento o haber sido avisado de que ese operativo era una recreación”.
Reinah hace un escueto relato de los hechos. El 9 de diciembre fue avisado a las 4:30 am, vía celular, por el director de operaciones de la AFI, Luis Cárdenas, sobre un caso relacionado con la liberación de personas secuestradas.
“Después de consultarlo con el titular del noticiero Primero Noticas (Carlos Loret de Mola), se tomó la decisión de que me trasladara al lugar para realizar la cobertura.
“Mientras esperábamos el momento de entrar al aire, los representantes de la AFI nos informaron, a un servidor y al equipo de Televisión Azteca, que se trataba de la detención de dos secuestradores –uno de ellos una mujer de origen francés-, y de la liberación de tres secuestrados.
“A partir de entonces nos permitieron realizar todas las entrevistas que consideráramos necesarias y nos facilitaron recorrer gran parte del lugar. Así lo hicimos hasta las 9 de la mañana que terminó el noticiero.
“Rechazo categóricamente haber tenido conocimiento o haber sido avisado de que ese operativo era una recreación….Por ello, por mi familia, por la justicia y mi buen nombre reitero que nunca, en ningún momento, a nombre propio ni de Televisa, solicité, pacté o participé en un montaje.
“En ningún momento solapé, coordiné o gestioné ninguna acción que tuviera que ver con el desempeño de los elementos de la AFI”.
El alegato de Reinah simplemente fue ignorado por Televisa. Ya lo habían despedido. El 2 de marzo de 2007, un año después de interpuesta la queja, la CNDH resuelve la queja por la vía de la conciliación y le pide a la AFI que admita que “no se precisó que la detención de las personas ocurrió antes de su llegada y, por lo tanto, no se le proporcionó información completa, objetiva y veraz”.
Los Continuos Montajes y “Recreaciones”
A pesar del escándalo generado por el caso Cassez, ni Genaro García Luna, ni las dos grandes televisoras, en especial Televisa, modificaron la política de transmitir “recreaciones” o exhibir a los presuntos culpables de delincuencia organizada como si fueran criminales confesos. Al contrario, esta práctica se agravó durante todo el sexenio de Felipe Calderón.
De eso se han olvidado Televisa, Loret de Mola y hasta el conductor estelar del noticiero de Canal 2, Joaquín López Dóriga. Reconstruyen el caso Cassez, admiten las contradicciones en que han incurrido las presuntas víctimas, pero olvidan señalar que la empresa consintió y se benefició de esas “recreaciones” de García Luna a lo largo de todo el sexenio de Felipe Calderón.
El lavado de cara se volvió inevitable con el final del sexenio calderonista, pero también es una advertencia para el gobierno de Peña Nieto. Con Televisa no hay alianzas, sólo intereses.

PRI sí usó tarjetas Monex, sí “dispersó” 70 MDP… pero IFE lo exonera

PRI sí usó tarjetas Monex, sí “dispersó” 70 MDP… pero IFE lo exonera

Leonardo Valdés durante la sesión en el IFE. Foto: Benjamin Flores
Leonardo Valdés durante la sesión en el IFE.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- Los consejeros electorales confirmaron que el PRI sí uso tarjetas Monex, que sí utilizó varias empresas mercantiles para “dispersar” 70 millones de pesos que no los reportó como gastos de campaña, y admitieron que desconocen a dónde fueron a parar por lo menos 44 millones de pesos, sin embargo, por mayoría de votos el Consejo General del órgano electoral declaró infundada la queja de los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
Luego de siete horas de discusión, en las que cinco de los nueve integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) pedían que se diera vista al a Procuraduría General de la República (PGR), la consejera Macarita Elizondo Gasperín modificó su posición, por lo que la votación que llevaría a multar al PRI con 75 millones de pesos se empató.
En ese momento, y de manera sorpresiva, el consejero Sergio García Ramírez, quien durante todo el proceso de discusión evitó participar debido a su relación personal con varios priistas que estaban siendo indagados, como Gabino Fraga, sorpresivamente entró al salón al momento de la votación para darle al PRI la exoneración.
En el momento en que la votación favoreció al PRI, el consejero Marco Antonio Baños, quien junto con Javier Guerrero Aguirre, había estado sosteniendo que la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue limpia y legal, se distendió en su asiento; soltó el cuerpo y se dedicó a comer alegremente palomitas, en tanto que los consejeros Benito Nacif –promotor de la multa–, Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova y María Marván evidenciaban en su cara el malestar por la votación.
Desde temprana hora, la votación, que sería un mero trámite para respaldar el proyecto de dictamen de la Unidad de Fiscalización que encabeza Alfredo Cristalinas, exempleado del Sistema de Administración Tributaria (SAT), se fue complicando.
A pesar de que la Unidad de Fiscalización sostiene que sí se contrató a Grupo Financiero Monex, que se emitieron por lo menos 9 mil 924 tarjetas prepagadas por un monto de 70 millones de pesos, de que no supo el destino final de 44 millones de pesos y que el PRI recurrió a la triangulación del dinero mediante las empresas Inizzio, Atama y Alkino, en su resolutivo rechazó la queja de los tres partidos de izquierda en el sentido de que Enrique Peña Nieto rebasó el tope de campaña presidencial y de que recurrió al financiamiento ilegal.
Pero la votación, casi trámite, se modificó debido a que a los consejeros electorales se les entregaron de último minuto varios contratos “de préstamo” que el PRI hizo a la empresa Alkino por la cantidad de 70 millones de pesos (sumando intereses) para contratar tarjetas prepagadas. Otro más en donde Alkino contrató a Atama para realizar el contrato con Grupo Financiero Monex, y a su vez Atama contrató a Inizzio.
Eso generó un revuelo, primero porque el consejero Alfredo Figueroa detectó que las empresas involucradas se habían reportado en ceros en sus declaraciones fiscales, es decir, sin movimiento alguno. Además, porque el PRI aseguró que fue para la contratación de representantes distritales, pero el respaldo de los contratos firmados por el ejército de los empleados no coincidía con lo solicitado a Alkino.
Incluso, porque se detectó que los 44 millones de pesos fueron sustraídos de diversos cajeros ubicados mayormente en un solo estado de la República; pero sobre todo, porque al presentarse el contrato como una solicitud de “préstamo o financiamiento” del PRI a una empresa mercantil como Alkino, pues este partido ni el PVEM reportaron ante el IFE tal solicitud, lo cual está prohibido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), amén de que no lo reportaron como gasto de campaña.
Por no haber presentado una correcta presentación de gastos, por haber omitido como gasto de campaña los 70 millones de pesos prestados a Alkino y no a una institución de crédito financiera como lo establece la ley electoral, además de no haberlos reportado y con lo cual se aumenta el total del gasto de la campaña, es que el consejero Benito Nacif propuso una multa de 150% sobre el valor del monto ejercido, es decir, 105 millones de pesos.
El PRI intentó sostener, mediante su representante legislativo, el senador José Antonio Hernández Fraguas, que no lo reportó como gasto de campaña porque en su partido lo consideran gasto ordinario. En tanto, el consejero Marco Baños alegó a los consejeros que no se trató de una solicitud de crédito, financiamiento o préstamo, por lo que el PRI no violaba la ley electoral.
Los dos personajes dieron la batalla argumentativa, aunque a su posición se sumó sin presentar análisis alguno el consejero Guerrero Aguirre. El consejero presidente Leonardo Valdés no emitió opinión por ser la cabeza del consejo. En tanto que del otro lado las posiciones se empezaron a radicalizar en contra del PRI.
Por ejemplo, la consejera María Marván dijo que el PRI recurrió a “financiamiento paralelo”. La consejera Macarita Elizondo sostuvo que PRI y PVEM violaron la Constitución en su artículo 41, pues se afectó el principio de equidad, que se violó el Cofipe y no se respetó el reglamento de Fiscalización.
Alfredo Figueroa se pronunció por que se le diera vista a la PGR; Benito Nacif lo respaldó pero sumándole una multa al PRI de 105 millones de pesos; y Lorenzo Córdova se sumó a sus propuestas.
Del otro lado, de los representantes de los partidos, en el caso del PAN, Rogelio Carbajal dijo que se trató de lavado de dinero, que el IFE nunca supo el origen del mismo, de dónde salió, de dónde obtuvo el PRI dinero para pagar el préstamo a la empresa Alkino y que menos aún se supo hacia dónde fue a parar. “Ese es un claro movimiento de lavado de dinero”, aseguró.
El representante legislativo del PAN, el senador Javier Corral, puso en duda el citado contrato y con lo cual el PRI de última hora trató de justificar los 70 millones de pesos que desde el 28 de junio el propio IFE había dicho que se encontraron tarjetas de prepago por tal cantidad.
Dijo que para hacer valoraciones hay que tomar en cuenta las fechas de los sucesos. Por ejemplo, que el PAN denunció el 26 de junio el uso de tarjetas prepagadas por un monto de 700 millones de pesos, que dos días después el IFE las encontró –“en tan sólo 48 horas”–, pero por 70millones de pesos. Que luego el PRI lo negó más de tres veces y un mes después, ante las evidencias tuvo que aceptar que recurrió a Alkino pero no sabía si ésta había contratado a otras empresas. Finalmente, que el PRI esté presentando un contrato firmado el 1 de marzo. De ahí que puso en duda la validez del citado contrato.
Por el PRD, Camerino Márquez; Ricardo Mejía Berdeja, por MC; y el representante legislativo por el PRD, Fernando Belauzarán, reclamaron que sólo se estuvieran abordando las facturas emitidas por Inizzio y se hicieran a un lado las de EFRA. Y es que según, el dictamen, no se encontró argumento para sostener que esta última empresa tuviera relación con el PRI (empresa de la cual es dueña la familia Fraga, amiga desde hace 40 años del consejero Sergio García Ramírez).
A las 18:00 horas todo parecía que el PRI sería multado, sin embargo, poco antes de la votación la consejera Macarita Elizondo, la única a la que faltaba decir públicamente que estaba en contra del dictamen de la Unidad de Fiscalización, salió del salón. Pasados varios minutos regresó; ya no intervino más, pero a la hora de la votación lo hizo a favor del PRI y en contra de la multa.
La sorpresa generó un silencio en el salón de sesiones. La votación había quedado empatada, cuatro a cuatro contando el voto del consejero presidente. Así es que, inesperadamente, Sergio García Ramírez ingresó al salón, dijo que nunca se excusó de participar en el tema y que sólo “se ausentó” por la relación de amistad que tiene con uno de los implicados (los Fraga), pero que ahora sí quería sufragar, a menos que sus compañeros no estuvieran de acuerdo.
Los ocho consejeros hablaron a favor de que pudiera votar. Y así lo hizo quedando cinco a favor del PRI y cuatro en contra. García Ramírez salvó al partido de Peña Nieto.
Al término de la votación, la oposición, incluyendo al PAN, se preguntaba qué le había pasado a Macarita Elizondo, los consejeros que también esperaban su respaldo no escondieron su sorpresa y al final comentaron los asistentes: “esto fue una simulación de siete horas”.
El PRD, PT y MC recurrirán a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para rebatir falta de exhaustividad de parte de la Unidad de Fiscalización.
El Consejo también aceptó darle vista a la Unidad de Inteligencia Financiera que hoy encabeza Alberto Bazbaz, exprocurador del Estado de México y al Sistema de Administración Tributaria, así como a la Secretaría de Hacienda que encabeza Luis Videgaray, uno de los involucrados en la denuncia de Movimiento Progresista.

Izquierda acusa a Di Costanzo de ser “tapadera del PRI”

Izquierda acusa a Di Costanzo de ser “tapadera del PRI”

Mario di Costanzo, titular de la Condusef. Foto: Eduardo Miranda
Mario di Costanzo, titular de la Condusef.
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (apro).- Al comparecer ante legisladores de la Comisión Monex, el titular de la Condusef, Mario Di Costanzo, y quien apenas en julio calificara el Monexgate como lavado de dinero, no respondió los cuestionamientos de diputados, lo que le valió un torrente de reclamos de parte de sus excompañeros del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Por ejemplo, Ricardo Mejía Berdeja, diputado del Movimiento Ciudadano (MC), acusó: “El más leal y tribuno acucioso contra los neoliberales, hoy trata de desestimar a la Condusef diciendo que no tiene facultades para investigar el tema. De acusador de lavado de dinero de Monexgate ahora pasa a defensor del PRI”.
Por si fuera poco, lo acusó de apostasía, es decir, de renunciar o abjurar de sus convicciones.
Y es que Di Costanzo, aparte de evadir las preguntas sobre los contratos que estableció el PRI o empresas como Inizzio o Efra, Atama, Alkino, Koleos o Tiguan con el Grupo Financiero Monex, asumió además la misma actitud de los funcionarios del PRI –o la de los panistas cuando eran gobierno– al momento de comparecer ante la Cámara de Diputados: limitarse a llevar “laminitas” para describir las facultades de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef).
Mejía preguntó al nuevo integrante del gobierno priista ¿por qué aceptó ese puesto en la Condusef, por qué defiende lo que antes criticaba, y si todavía sostiene lo que dijo en julio pasado, que se trató de un típico lavado de dinero?
Para rematar: “Su llegada a la Condusef fue un movimiento a propósito para servir de tapadera del PRI”.
Después, las preguntas relacionadas con el tema. Si el reglamento de la Condusef permite la inspección, ¿qué hicieron para que las instituciones financieras actuaran apegadas a la transparencia?, ¿hubo vigilancia de la Condusef para verificar las operaciones, para verificar el depósito de Rodrigo Fernández a Monex de más de 3 millones de pesos?, ¿por qué permitió la Condusef que el PRI hiciera uso indebido de sistemas financieros como Monex y Soriana?
El diputado por el Partido del Trabajo (PT), Manuel Huerta, insistió: ¿Lo realizado por el PRI fue una operación de lavado de dinero? Si ya el PRI y el IFE aceptaron que sí usaron las tarjetas de prepago, ¿cuáles fueron los contratos que se establecieron?
De nuevo el silencio de parte de Mario Di Costanzo y, aún más, para salir del paso el funcionario federal sostuvo que no existe queja alguna ante la Condusef y que la dependencia sólo actúa ante ello.
La falta de respuestas exasperó al presidente de la comisión, el perredista Roberto López Suárez, quien reveló que en la reunión privada que sostuvo con Di Costanzo éste se comprometió a colaborar en la investigación, “sin embargo, hoy nos dice que no puede”.
El bombardeo de preguntas hizo que el representante del PRI interviniera para defender al converso Mario Di Costanzo:
“Que no le dé miedo, sabemos que usted va a hacer un buen papel, aunque usted antes estaba en otro partido, hoy está en la construcción de un nuevo país. Estas provocaciones no le deben dar miedo”, arengó.
Di Costanzo, que para ese momento ya sudaba a chorros y recurría al papel para secarse, no dijo nada. Del lado de los asistentes el comentario fue que mejor no le ayudara el priista, porque lo ponía en ridículo.
El priista Fernando Charleston también salió en defensa del titular de la Condusef; primero dijo que más que un directivo es su amigo, pues desde hace años lo conoce.
Y luego comentó: “No estamos aquí para ver qué comida le gusta, o a cuál equipo de futbol le va; no estamos aquí para ver sus acciones, sino más bien para ver el llamado caso Monexgate, y hay que recordar que ya el IFE declaró todas las quejas infundadas.
“En el noticiero de televisión de la noche (martes) ya se dijo que el PRI no recibió dinero de ningún ente prohibido, que sus operaciones no fueron ilícitas ni hubo triangulación de dinero. Yo felicito a Enrique Peña Nieto por haberlo nombrado. Porque él tiene sólo un objetivo, dar lo mejor para México, y una muestra clara de que se cuenta con los mejores hombres es que usted haya sido nombrado director de Condusef”, acotó.
Di Costanzo, quien en todo momento se cuidó de no llamar a Peña Nieto por su nombre, sí se refirió a él como “el señor presidente” al hablar de las facultades de la Condusef.
“Sí es cierto que tenemos facultades para revisar, pero de la mano de la Comisión Nacional Bancaria y ante una queja… no voy a entrar a los señalamientos personales, yo respeto mucho al Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo respeta al Poder Legislativo, así lo ha manifestado el señor presidente de la República”, soltó.
“Para nosotros –añadió– lo importante es la transparencia, a lo mejor me presioné con el tiempo y no me expliqué bien. Las tarjetas son anónimas y la Condusef no puede pedir los contratos, si quieren les hago llegar las láminas para que vean lo que podemos hacer y lo que no”, justificó.
La respuesta molestó al representante del PT, quien le reclamó que su presencia no fue para que entregara “laminitas”. “Sabemos cuáles son las facultades de la Condusef y esta comisión fue creada para que, a través de la Condusef, se solicite información a otras instancias, no a que nos dé laminitas”, criticó.
Di Costanzo ya no respondió más y se retiró.
Ya en privado, sin la presencia de medios de información, la representación del PRI intentó quitar al PRD de la presidencia de la comisión, bajo el argumento de que ésta debe ser rotativa.
Roberto López Suárez denunció lo anterior como una maniobra “para darle carpetazo al Monexgate y tratar de clausurar la comisión, pero no lo permitiremos”.
Finalmente, este jueves 24 deberá comparecer por segunda ocasión el titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Cristalinas.

Falla la Corte y deja libre a la plagiaria


Falla la Corte y deja libre a la plagiaria

Política •
La propuesta original llevaba tres votos en contra y cuando la discusión iba al pleno, donde Cassez no iba a ganar, Gutiérrez Ortiz Mena fijó su postura.
Ciudad de México • Cuando todo parecía perdido para Florence Cassez, por la diferencia de criterios de los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes se negaban apoyar el proyecto de Olga Sánchez Cordero, el curso de la sesión cambió radicalmente.
La intervención del nuevo ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de quien no se conocía su opinión en temas de violación a derechos humanos y debido proceso, dio una voltereta al asunto y fue vital para que la sala reconsiderara su posición y decidiera otorgar un amparo liso y llano y ordenar la inmediata liberación de la francesa.
Alfredo, quien procede de una familia de abolengo y es nieto del “histórico” ex secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, provocó que con su exposición la ministra abandonara su propuesta y retomara el estudio discutido el 21 de marzo de 2012, al que solo le faltó un voto para que Florence dejara la cárcel.
“…debo señalar que donde existe un mal, el derecho debe proveer el remedio respectivo, por lo que mi voto es en contra del proyecto (de Olga)”, expresó el ministro, quien planteó que a Cassez no se le tenía que reponer el procedimiento penal, sino dejarla en libertad de forma inmediata.
Olga no tuvo inconveniente en adoptar totalmente el proyecto que elaboró en su momento Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro que señaló que el proceso contra la extranjera estuvo plagado de irregularidades que generaron un “efecto corruptor” y “viciaron toda la evidencia”.
Tras la intervención de Gutiérrez Ortiz Mena y de Sánchez Cordero, el ministro Zaldívar se sumó a la propuesta y logró lo que en marzo del año pasado no pudo hacer: dejar en libertad a Florence, bajo sus propias condiciones.
Y es que por fin consiguió el voto que le hizo falta, en una aventura en la que solo lo acompañó la ministra Sánchez Cordero.
Con los tres votos a favor, los ministros emitieron un fallo histórico al amparar de manera absoluta a la francesa, quien permaneció siete años presa, enfrentando una condena de 60 años por el secuestro de tres personas y cuyo caso provocó el distanciamiento entre México y Francia.
A pesar de la resolución, la sala nunca declaró inocente o culpable a Cassez, sino la señaló como una víctima del “montaje” televisivo que armó en su contra la Agencia Federal de Investigación (AFI) que en diciembre de 2005 encabezaba Genaro García Luna, cuando trabajaba para la PGR.
A los cinco ministros de la primera sala solo les bastó una hora con cuatro minutos para discutir el tema, en una sesión de volteretas, en la que el punto medular era alcanzar un acuerdo para devolver el caso a un tribunal unitario.
MAL COMIENZO
La ministra nunca imaginó que su proyecto comenzaría a ser destrozado. Ella propuso retirar la segunda declaración que realizaron tres víctimas de secuestro (Cristina Ríos Valladares, su hijo Christian Hilario Ramírez Ríos y Ezequiel Elizalde Flores) y un testigo (Leonardo Cortez López), mismas que fueron fundamentales para incriminar a Cassez.
El primero en hablar fue el ministro José Ramón Cossío Díaz, quien difirió del proyecto, pues aseguró que con éste se estaba afectando la técnica del juicio del amparo directo, pues no se trataba de un asunto atraído por la Corte, sino de un estudio de constitucionalidad.
Siguió al turno de Zaldívar, quien agradeció a Sánchez Cordero por tratar de presentar una propuesta que se acercaba a las diferentes opiniones, pero lamentablemente, dijo, no podía secundarlo, pues retomaba la propuesta que él presentó, pero de manera desarticulada y fuera de contexto.
Jorge Mario Pardo Rebolledo tampoco apoyó el estudio, pero sí cambió su opinión, pues esta vez se manifestó por un amparo para efectos, pero no en los mismos términos que plantearon Cossío y Sánchez Cordero.
Las diferencias estaban a punto de enviar el caso al pleno de la Corte, en el que Florence no tenía forma de ganar.
Al intervenir Gutiérrez Ortiz Mena, el semblante de la ministra cambió, pues si bien no compartió su proyecto, dijo que el amparo de la extranjera era procedente y que debían invalidarse las pruebas por el montaje que se escenificó del caso y porque no tuvo asistencia consular.
Olga reconoció que una buena parte de su ponencia se basó en el estudio de Zaldívar y que trató de construir uno nuevo con criterios ya explorados y definidos en otros casos por la sala, basado en el principio de presunción de inocencia.
“No paso por alto también —y hay que decirlo— mi empatía hacía las víctimas a quienes manifiesto mi más sincera solidaridad. No puedo dejar de considerar que los principales derechos de las víctimas son: el derecho a la verdad y a la justicia”, enfatizó.
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“Somos una porquería de país”, expresa víctima de "Los Zodiaco"


“Somos una porquería de país”, expresa víctima de "Los Zodiaco"

Política •
Ezequiel Elizalde, quien envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto pidiendo su apoyo en el caso, dijo que esta petición pareció irse a la basura y criticó la designación del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
México • Ezequiel Elizalde, víctima de la banda a la que presuntamente pertenece Florence Cassez, lamentó que tres ministros de la Corte ordenaran dejar en libertad a la ciudadana francesa acusada de secuestro.
“Soy mexicano, pero somos una porquería de país. Que quede bien textual. Es un porquería de instituciones, de Corte, de ministros”, dijo minutos después del anuncio del máximo tribunal.
Elizalde, quien envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto pidiendo su apoyo en el caso, dijo que esta petición pareció irse a la basura y criticó la designación del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien votó a favor de un amparo liso y llano para Cassez.
“Este país no vale absolutamente nada”, dijo Ezequiel, quien recordó que estuvo 65 días privado de su libertad. Y agregó: “Somos una porquería de país”.
Elizalde señaló que se irá del país no sin antes llamar a la población a armarse y defenderse, pues consideró que solo así cambiarán las instituciones.
En la carta que dirigió al presidente Peña Nieto relató su secuestro a manos de la banda de Los Zodiaco, de la cual era Cassez integrante. “Todavía recuerdo su cara y el odio con la que ella me daba a escoger entre un dedo o una oreja”.
Agregó: “reconozco plenamente y sin temor a equivocarme a Cassez como mi secuestradora y que fue ella quien me diera de comer en la primera casa de seguridad y que fue ella misma quien me inyectara el dedo de mi mano izquierda para amputármelo y ser método de presión sobre mi familia, para el pago del rescate”.
Elizalde agregó en su carta que “esta gente nunca se tentó el corazón y nunca nos dio el derecho de hablar con nuestras familias ni nada.”

La esperaron con gritos de “¡asesina! ¡asesina!”


La esperaron con gritos de “¡asesina! ¡asesina!”

Política •
Familiares de víctimas de la banda "Los Zodiaco" se concentraron en la puerta del penal para protestar contra el fallo.
México • Cuando se abrió la puerta del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, los gritos de “¡asesina! ¡asesina!” se reavivaron contra Florence Cassez. Eran familiares de personas secuestradas por la banda Los Zodiaco que lideraba Israel Vallarta, su pareja sentimental.
La ciudadana francesa viajaba en el asiento trasero de una camioneta blanca, aunque en un principio se pensó que iba en una guinda. Parecía no escuchar los gritos, su rostro era de sorpresa, impávido. Fueron segundos los que permaneció en la aduana de vehículos antes de dirigirse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para volar a París.
Vestía pantalón de mezclilla y en su hombro cargaba dos maletas, su padre Bernard Cassez y ella portaban chalecos antibalas. Medida de seguridad, argumentaron los custodios.
Minutos antes, Agustín Acosta, su abogado, antecedía la salida de Florence y confirmaba el llanto de la francesa cuando se enteró que los ministros de la Corte habían ordenado su inmediata libertad.
“Está emocionada y contenta, pero también en un estado que le impide pronunciarse mucho, está bien de salud y está con su padre, está casi sin palabras, yo ya me despedí de ella.”
Él también fue objeto de amenazas, manotazos, gritos y reclamos de Michelle Valadez, la esposa de Ignacio Abel Figueroa, comerciante de la Central de Abastos plagiado durante tres meses y víctima de laceraciones, golpes y amputaciones que hicieron sus captores para obligar a la familia a entregar, según dijo la mujer, dos millones de dólares.
Adentro, desde muy temprana hora, Cassez salió de su celda del dormitorio 1 para encontrarse con su padre y el cónsul general de Francia en México, Gérard Martin. Ahí siguieron la discusión que protagonizaban los ministros de la Corte.
Con la resolución a su favor, la francesa cerró una etapa de siete años de encierro, tiempo en el que conjugó el desarrollo de su proceso penal por secuestro con su vida en prisión. Los privilegios que tenía por compartir una estancia con una sola interna, las visitas extraordinarias, su mesa reservada en el comedor del penal, la vigilancia permanente de custodias que la acompañaban a todos lados, la restricción de otras mujeres para acercarse a ella.
Pero Florence también ocupaba su tiempo de ocio dando clases de su lengua natal y en la lectura, le gustaba escribir y publicó el libro A la sombra de mi vida de Editorial Océano. De ese 9 de diciembre del 2005, cuando fue detenida por la entonces Agencia Federal de Investigación dirigida por Genaro García Luna narraba su pesadilla.
Ayer, a su salida del penal había periodistas nacionales e internacionales, varios ciudadanos franceses que corrían de un lado a otro para dar cuenta de la liberación de la mujer que puso en jaque las relaciones México-Francia el sexenio pasado.
La AFI ya no estaba. Apenas seis camionetas del Grupo Relámpago de SSPDF encendieron las sirenas cuando el vehículo de Migración aceleró su paso.
“Denunciar a García Luna no está en mi agenda”, respondió Agustín Acosta al cuestionamiento de si fue el responsable de las violaciones a los derechos humanos que echaron atrás una sentencia de 60 años de prisión.