viernes, 2 de agosto de 2013

Paraguay bajo lluvia de denuncias y conflictos sociales

Paraguay bajo lluvia de denuncias y conflictos sociales
  
Por Javier Rodriguez Roque
Imagen activaAsunción, 2 ago (PL) A pocos días de la asunción del nuevo gobierno paraguayo las denuncias contra el ejecutivo saliente y la proliferación de los conflictos sociales son una constante en el panorama nacional.

Las acusaciones públicas de miembros del equipo de transición designado por el presidente electo, Horacio Cartes, especialmente sobre las arcas del Estado que deja vacías la administración actual, contrastan con la euforia del todavía actual mandatario.

Federico Franco, quien asumió el poder tras el golpe de Estado parlamentario de junio del 2012, planteó la víspera que dejará al Ejecutivo entrante la respetable suma de mil 700 millones de dólares para iniciar su trabajo.

Además de las imputaciones en sentido contrario hechas por Germán Rojas, principal asesor económico de Cartes y del propio Jefe de Estado electo, la situación económica y de efervescencia social en la nación parece desmentir tal afirmación.

Todo el sector de obras públicas contratado a empresas privadas está paralizado por una deuda cercana a los 100 millones de dólares y los adeudos en la rama de la salud a los proveedores se estiman en igual cantidad.

Médicos y trabajadores de hospitales y otros centros de salud llevaron su protesta a las calles esta misma semana por atrasos en el pago de salarios y debieron reducir los niveles de atención por falta de medicinas e insumos, además de cobrar a los pacientes.

Beneficiarios de programas sociales del gobierno anterior, entre ellos el Tekoporá, que subsidia a jefas de familia de escasos recursos a cambio de la obligatoriedad de velar por la asistencia de sus hijos a la escuela, tienen siete meses de atraso en los pagos.

Denuncias de organizaciones sociales y de los afectados sobre la desaparición de donaciones millonarias internacionales, hechas precisamente para garantizar esos pagos, señalan la falta de información sobre el destino que tuvieron esos fondos.

La entrega de alimentos y semillas a campesinos e indígenas afectados en sus sembradíos por la sequía o inundaciones, otro programa social bandera, brilla por su ausencia por falta de recursos y provocó en los últimos días protestas de calle y cortes de vías.

El país sigue aún estremecido por las movilizaciones y huelgas de decenas de miles de docentes que reclaman por atrasos salariales, bajas jubilaciones, maestros trabajando sin cobrar ni un centavo y falta de respeto a los escalafones, pero la respuesta es que no hay dinero.

Los miles de trabajadores del sector eléctrico también tomaron las calles ante el peligro inminente de la aprobación definitiva de un proyecto de ley que abrirá las puertas a la privatización de la generación y comercialización de la energía.

Es muy grave lo que se registrará en el país de entrar en vigencia una ley de ese tipo, apuntaron, pues desatará los despidos de personal y encarecerá el costo de la electricidad a la población.

Pero, además, señalaron que los magnates privados podrían comercializar el excedente energético de las grandes hidroeléctricas binacionales vendido actualmente a Brasil y Argentina, arrebatando esos ingresos actuales del Estado.

Otro peligro similar, el de los preacuerdos firmados por el gobierno de Franco con la multinacional Río Tinto Alcán para la instalación de una planta de producción de aluminio, es el primer paso para acceder a las condicionantes planteadas por dicha empresa.

Río Tinto pretende recibir, como agradecimiento a la inversión que promete, el suministro gigante de electricidad subsidiada por el Estado, ojos cerrados a contaminaciones ambientales y facilidades aduanales, a cambio de contratar apenas mil 400 paraguayos.

Ello ha desatado un verdadero movimiento nacional de repudio a tal acuerdo impulsado públicamente por Franco y por su ministro de Industrias, Diego Zavala, a quien opositores señalan que estuvo anteriormente como asesor de de la mencionada transnacional.

El acercamiento inminente al cambio de gobierno deja abierta en la sociedad la herida de la falta de esclarecimiento real del sangriento desalojo campesino ocurrido en Curuguaty, en el 2012, con saldo de 11 labriegos y seis agentes muertos.

Numerosas protestas se realizan en las calles actualmente en reclamo de justicia para el grupo de campesinos presos sin juicio hace más de un año, como únicos imputados del lamentable suceso a pesar, incluso, de los reclamos de organismos internacionales.

El apretado resumen del legado del actual gobierno muestra, evidentemente, una pesada carga que queda sobre los hombros del país, pero también la heredará el nuevo ocupante del Palacio de López.

rc/jrr

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