El manual del 'mapache electoral': ¿cómo desvían recursos?

El manual del 'mapache electoral': ¿cómo desvían recursos?

 

 

 

 

Desde regalar despensas hasta hacer obras con material más barato para “quedarse con las sobritas”, son mañas de los mapaches electorales.

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Cuartoscuro

Por Imelda García  @imegarcia
Junio 06, 2013

Las acusaciones del PAN por el presunto desvío de recursos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal en Veracruz para cuestiones electorales revivió la polémica sobre la acción de los operadores de programas sociales para buscar inducir o coaccionar el voto, pero, ¿cómo trabajan y de dónde obtienen recursos estos operadores también conocidos como “mapaches electorales”?Expulsar a beneficiarios de los programas, entregar menos apoyos de los presupuestados, hacer obras sin licitación o hasta cobrar diezmos a los proveedores del gobierno, son algunas de las estrategias que suelen emplear los “mapaches” en épocas de contiendas electorales, para obtener recursos con los que se buscará inducir el voto a favor de un partido político.
A continuación te presentamos el manual del “mapache electoral” en el que te detallamos el origen del término, las prácticas más comunes y los esfuerzos que se están haciendo para limitar su accionar, según relatan algunos legisladores consultados por ADNPolítico.com.
EL ORIGEN
“Se les llama mapaches porque actuaban de noche, en la oscuridad, escondidos para que nadie los viera, aunque también lo hacían y lo hacen de día”, dice en entrevista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, diputado por el PT, quien asegura haber combatido estas prácticas y participado en los años 80 y 90 en brigadas comunitarias en Tabasco y Veracruz para intentar evitar la coacción del voto en las comunidades.
El legislador petista explica que un “mapache” es una persona que trabaja para un partido y que utiliza recursos públicos y los lleva a repartir a las comunidades para decirle a la gente que debe votar por cierto candidato. 
“Nosotros andábamos persiguiendo con brigadas ‘anti-mapache’ a los camiones que llevaban pollitos o patitos a repartir a las comunidades. Era una acción ‘mapacheril’ para repartir cosas entre la gente y vigilar cómo votaban las personas”, narra Huerta Ladrón de Guevara.
Para el legislador, detrás de las acciones de los mapaches electorales existe toda una ingeniería electoral de alto nivel que respalda y guía las acciones en las comunidades que les interesa cooptar.
Los “mapaches” pueden o no ser funcionarios públicos. A veces sólo son miembros de partidos políticos que “les ayudan” a atraer más votos para sus candidatos. Y, en ocasiones, se venden al mejor postor.
“No les importa la gente, no les importa que siga la pobreza; de hecho, les conviene que haya pobreza para sacar más provecho electoral”, advierte.
El escándalo más reciente en este tema se dio tras las acusaciones del PAN a funcionarios del gobierno federal que presuntamente desviaron recursos en Veracruz para buscar condicionar la adhesión a un programa social a cambio de votar por el PRI.
A raíz de ello, la titular de la dependencia, Rosario Robles, anunció la destitución de varios funcionarios federales y dijo que ella no está involucrada en esos actos y diputados iniciaron contra ella un juicio político en la Cámara Baja.
Sin embargo, no es el único caso señalado por los partidos, el propio PRI acusó al gobernador de Puebla, el panista Rafael Moreno Valle, de intromisión en el proceso, señalando que ha prestado la Casa de Gobierno para labores proselitistas de su partido y que funcionarios de su gobierno tienen relación estrecha con integrantes del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral locales.
LAS HERRAMIENTAS
Una de las dependencias más susceptibles para que los “mapaches” busquen operar a través de ellas es la Secretaría de Desarrollo Social, pues administra los recursos para los programas sociales como el Oportunidades, el de Apoyo a Adultos Mayores, el Seguro de Vida para Jefas de Familia, entre otros.
Para el 2013, el gasto asignado a la función social del gobierno federal fue de poco más de 863,000 millones de pesos, de los cuales, casi 79,000 millones son manejados exclusivamente por la Sedesol.
Beatriz Zavala Peniche, diputada por el PAN y exsecretaria de Desarrollo Social federal entre el 2006 y el 2008, en el gobierno de Felipe Calderón, explica que hay múltiples maneras en que los operadores de tierra de los programas sociales, como Oportunidades, pueden desviar recursos o coaccionar el voto en las comunidades.
“Pueden condicionar al voto la aplicación de un programa o el otorgamiento de un beneficio, lo pueden condicionar; yo sé, y lo hemos sabido siempre con el PRI, tanto en el orden federal como en el estatal, que incluso les piden sus credenciales de elector a los beneficiados, que las fotocopian, les dicen que van a saber el sentido de su voto; es decir, los condicionan.
“Y no solamente eso: pueden cambiar los padrones electorales, que es lo que están haciendo. Es decir, dan de baja a ciertos beneficiarios que no son priistas o que no votan por el PRI, así que cambian los padrones y dan de alta a otros beneficiarios”, expuso en entrevista con ADNPolítico.com.
Sin embargo, los “mapaches electorales” no sólo pueden condicionar un programa a cambio del voto o intentar comprar el sufragio, sino que también se encargan de hacer una “alcancía” que después destinan a los procesos electorales.
La panista relata que, aunque en la actualidad es difícil desviar recursos económicos de los programas porque se encuentran etiquetados para los propósitos para los que fueron creados y hay controles estrictos en su utilización, los “mapaches” se las ingenian para hacer un “cochinito” del que más tarde puedan disponer.
Algunos, explicó Zavala, pueden utilizar los programas de vivienda rural para quedarse con una parte del dinero; por ejemplo, haciendo las viviendas más chicas o consiguiendo que las construyan a un menor precio.
Otras formas de obtener recursos de estos operadores es a través de los programas gubernamentales que incluyen entregas de materiales de construcción (o de cualquier otro tipo), en las que los beneficiarios reciben una cantidad menor a la que les corresponde.
“Puede darse un ‘ahorro’ que vaya para otro lado”, acusa Zavala Peniche.
Una de las prácticas más comunes para conseguir recursos a través de estos programas es mediante el llamado “diezmo” con el que, para obtener un contrato o licitación, una empresa debe pagar una parte (regularmente el 10%, de ahí su nombre) a algún funcionario que le haya ayudado a conseguir el trabajo.
Ese dinero, apunta la legisladora, a veces se queda en las manos de los servidores públicos, para después ser enviado al partido para que éste lo aplique en las contiendas electorales.
Los “mapaches” también consiguen recursos en las pequeñas comunidades rurales, incluso hasta en aquellas consideradas de alta marginación social.
“A veces las obras de Sedesol, como son obras pequeñas, no siempre se licitan. No siempre se contrata a una constructora seria y grande para construir un bañito en una vivienda de una localidad pequeña y otro bañito a cinco cuadras.
“Por ejemplo, en ese tipo de obras, que no es una carretera, no es una licitación mayor, ahí puede haber mucho desvío”, declara la extitular de Sedesol.
ALERTA SOBRE EL 7 DE JULIO
La Cámara de Diputados está alerta ante el riesgo de que este fenómeno crezca de cara al proceso electoral del 7 de julio, donde los ciudadanos de 14 entidades acudirán a las urnas.
Francisco Coronato Rodríguez, diputado de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión Especial de Procesos Sociales de la Cámara de Diputados, alerta que las denuncias ciudadanas por malas acciones de los servidores públicos son cada vez más comunes, lo que ayuda a que se puedan ir erradicando esas prácticas.
“Quienes fiscalizan esas actividades deben tener una vinculación completa con la ciudadanía para que ellos, sin temor, hagan llegar sus quejas y se tengan acciones para castigar y para prevenir que esto se siga haciendo”, dijo Coronato Rodríguez en entrevista con ADNPolítico.com.
La Comisión Especial de Programas Sociales abrirá en los próximos días el servicio de un número telefónico gratuito en todo el país para hacer llegar sus denuncias sobre acciones de coacción del voto, además de recibir quejas por correo o a través de las redes sociales.
La panista Zavala Peniche comenta que, además del blindaje de los programas sociales, se debe combatir la impunidad y castigar a los servidores públicos que lucren o condicionen los recursos públicos; también indica que para combatir a los “mapaches” los titulares de las secretarías pueden influir controlando la acción de sus 32 delegados estatales.
“(Como secretaria) simplemente les tienes que dar instrucciones a tus delegados. Tienes 32 delegados, no me parece un número exagerado para que no puedas trabajar con ellos.
“Tú debes dar instrucciones: qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite, cómo deben aplicarse los recursos, etcétera, y con quien no lo haga así, hay que tener mano dura”, expresa la panista yucateca.
A esto debe sumarse la regla de que los padrones de beneficiarios de programas sociales deben ser inamovibles en época electoral.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara no es optimista pues cree que las “mañas mapacheriles” seguirán existiendo mientras haya pobreza e intereses superiores que quieran controlar cómo piensan y cómo votan los pobres.
“Pero yo les digo (a los ciudadanos): ‘Sean el pez inteligente y tomen la carnada, tomen lo que les den, y voten por quien quieran’; pero ahora se están sofisticando hasta los mecanismos para que demuestres que sí votaste por su partido”, denuncia el diputado del PT.
La Secretaría de Desarrollo Social anunció que a partir del 23 de mayo se suspendieron los movimientos en los padrones de beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal en los 14 estados donde se realizarán elecciones locales el próximo 7 de julio.