“Es momento de
empezar a diferenciar entre testigos protegidos y delincuentes colaboradores”
18 Abr. (Notimex).- El caso del general Tomás Ángeles
Dauahare pone en entredicho el uso de testigos protegidos y evidencia cuando
las procuradurías deciden actuar sin que existan elementos, afirmó el
presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva. El presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que “ya es momento de empezar
a diferenciar entre testigos protegidos y delincuentes colaboradores”.
Entrevistado en esta ciudad, donde firmó un convenio con la Fiscalía General
del estado, insistió en que el caso del general recién liberado, luego de que
fue acusado de proteger a narcotraficantes, pone en claro que se trata “de una
de esas prácticas que tenemos que vencer para evitar que inocentes estén en
prisión. “No se puede seguir permitiendo que la impartición de justicia le siga
dando veracidad a las declaraciones de delincuentes que deciden cooperar y
están dispuestos a declarar lo que sea y en contra de quien sea, y a la postre
sólo ocasiona problemas como el que hoy se vive con el general”, detalló.
Plascencia Villanueva consideró que son excesos que se cometen por las
instituciones de impartición de justicia que no tienen justificación alguna,
“sin duda es muy lamentable que una persona que es inocente se encuentre en la
cárcel y esas son las cosas que ya no deben darse en nuestro sistema de
justicia”. Refirió que en su momento, la CNDH intervino en el caso a propósito
de las condiciones que el general enfrentaba en prisión, “de tal manera que
hemos dado acompañamiento a la familia y si nos solicitan apoyo ahora que él
salió libre, también intervendremos”. Sobre las movilizaciones que han emprendido
para protestar contra la reforma educativa, el ombudsman nacional detalló que
hasta el momento no se han recibido denuncias por parte de los manifestantes.
Por ahora, expuso, “las principales quejas son por la falta de recepción de
denuncias por parte de las autoridades ministeriales, la indolencia hacia las
personas que acuden a denunciar y la falta de investigación de las denuncias,
entre otras”. Por ello, resaltó la importancia de promover la capacitación de
los agentes investigadores y ministerios públicos como ya decidió hacerlo la
Fiscalía de Yucatán, y por lo cual firmamos un convenio este día donde estuvo
como testigo de honor el gobernador Rolando Zapata Bello. “Con esto se dan
pasos importantes para prevenir la violación de derechos humanos; el hecho de
que la Fiscalía haya decidido certificar y capacitar a su personal en materia
de derechos humanos creo que va a favorecer un mejor desempeño y servicio a la
sociedad”, destacó. El convenio es el primero en su tipo en el país y además de
capacitar en tema de las garantías individuales a todos los servidores públicos
que laboran en la FGE, consideró la instalación de una oficina de enlace con la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Lo anterior, para que
cualquier persona que sienta que no le son respetados sus derechos humanos o se
sienta agraviada por la actuación de alguna autoridad, tenga asesoría y apoyo
de la comisión local, de forma expedita.
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