miércoles, 17 de abril de 2013

El gobierno de Moreno Valle supera en opacidad al de Marín Torres: Amedi

El gobierno de Moreno Valle supera en opacidad al de Marín Torres: Amedi

Escrito por el 16 abril 2013 a las 5:00 pm en Medios, Monitoreo Informativo, Sociedad

por Martín Hernández Alcántara
La Jornada de Oriente

Lilia Vélez Iglesias, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) en Puebla.
Lilia Vélez Iglesias, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) en Puebla.
La presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) capítulo Puebla calificó a la administración del gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas como peor que la de su antecesor, el priista Mario Marín Torres, en transparencia y acceso a la información.
En una entrevista, la también directora de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoamericana, explicó:
“Las personas tenemos derecho a estar informados sobre los asuntos de interés colectivo y especialmente sobre obras y proyectos que serán financiados con recursos públicos y que tendrán un impacto en una zona o en un medio ambiente. En México ese derecho está garantizado por la Constitución y por los principales instrumentos jurídicos de defensa de derechos humanos, como la Convención Americana”.
La también ex integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Datos Personales de Puebla, acotó:
“Resulta lamentable que el actual gobernador haya criticado durante toda su campaña la opacidad del gobierno de Marín y haya prometido que su gobierno sería transparente”.
Y abundó: “la realidad es que este gobierno es peor que el de Marín en este tema, pues se ha negado sistemáticamente a informar sobre temas de interés colectivo, en una clara violación al Artículo Sexto Constitucional y también a la Ley de Transparencia. La opacidad morenovallista es más burda que la marinista, pues utiliza mecanismos que son realmente absurdos, como decir que la información no está digitalizada oreservarla sin que se cumplan las causales establecidas en la ley”.
“En el caso de la rueda, los ciudadanos  tenemos derecho a saber cuál es el costo–beneficio de la misma; cuánto nos costará; por qué se colocará en un sitio y no en otro; la manifestación de impacto ambiental; la licencia expedida por el ayuntamiento; el mecanismo y quién se hará cargo de su operación, a qué empresa se compró, por citar algunos datos”, apuntó.
Vélez Iglesias expresó que la negativa a informar todo ello “no solo confirma que este es un gobierno opaco y que no está dispuesto a rendir cuentas, sino que abona para creer que es un gobierno de ocurrencias”.
Desde enero del presente año Vélez Iglesias consideró que la administración estatal de Rafael Moreno Valle Rosas debe informar con claridad el costo y las justificaciones para la instalación de los megaproyectos turísticos en la capital.
La académica criticó que hasta ese momento las inversiones, los permisos y los estudios de impacto no habían sido mostrados a la ciudadanía. Incluso refutó que existieran solicitudes de información –a través del sistema Infomex–  que están “aparentemente detenidas” por no contar con los datos que se requirieron.
Vélez Iglesias apuntó entonces que existía una urgencia del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en promover su imagen personal a fin de conseguir simpatías para las elecciones locales de 2018, además de afianzar su interlocución durante los comicios de este año en el que se renovarán las 217 presidencias municipales y el Congreso local.
“Se conocen ciertas cosas pero no todo, debe estar claro el proyecto porque hasta ahora se saben pocas cosas y eso ha sido recurrente en los últimos años. Y cuando esto sucede es porque existe opacidad en los proyectos, de los que ni los permisos ni el gasto, las empresas beneficiarias o los estudios de impacto han sido presentados”, acotó en entrevista hecha por el reportero Arturo Alfaro Galán.
La presidente de la Amedi refirió entonces que la adquisición e instalación de la rueda de la fortuna en la zona del Paseo Bravo –que supondría un costo de hasta 200 millones de pesos– debía transparentarse antes de su llegada a Puebla, pues de lo contrario se podrían cometer violaciones a la ley, tal como sucedió con la edificación del Teleférico, en el Barrio del Artista.

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