domingo, 31 de marzo de 2013

Reconoce México la suspensión de ley SEA 590 en Indiana, EU

Reconoce México la suspensión de ley SEA 590 en Indiana, EU
La medida violaba el debido proceso, determinó la juez Sarah Evans
Agencias y Georgina Saldierna
 
Periódico La Jornada
Domingo 31 de marzo de 2013, p. 9
El gobierno de México expresó su reconocimiento por la decisión de la Corte de Distrito del Sur de Indiana, Estados Unidos, de suspender de manera permanente diversas disposiciones antimigratorias de la ley SEA 590 de esa entidad, que otorgaban a las autoridades estadunidenses la facultad de detener personas por su apariencia.
El viernes pasado, la juez Sarah Evans Barker bloqueó la posibilidad de que se detuviera a personas por sospechar sobre su estatus migratorio y que las empresas aceptaran tarjetas consulares como forma válida de identificación.
Evans Barker consideró que dichas disposiciones violaban el derecho al debido proceso contemplado en la Constitución de Estados Unidos.
Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en comunicado de prensa, señaló que de haber entrado en vigor dichas medidas podrían haber propiciado la aplicación selectiva de la ley y afectado los derechos civiles de los nacionales mexicanos que residen o visitan ese estado.
También indicó que se hubieran acarreado sanciones por el uso cotidiano de la matrícula consular como prueba de identidad, la cual emite la cancillería mexicana con base en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
El gobierno de México mencionó que la decisión de la corte establece un precedente positivo, al brindar mayor certeza sobre la manera en que se aplica el marco jurídico en materia consular y la política migratoria federal en Estados Unidos.
Tras ratificar que seguirá desplegando todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los mexicanos, sin importar su calidad migratoria, recordó que en junio de 2011 presentó ante la corte de Indiana un escrito como Amigo de la Corte (amicus curiae), al que se sumaron los gobiernos de Brasil, Colombia, El Salvador y Guatemala, en busca de impedir la aplicación de la ley antimigrante.
La norma permitía a la policía detener a personas sospechosas de ser indocumentadas, sin ninguna orden de arresto, e invalidaba y consideraba un delito el uso de identificaciones otorgadas por gobiernos extranjeros, como la matrícula consular mexicana.

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