martes, 5 de febrero de 2013

Justicia por mano propia es barbarie

Justicia por mano propia es barbarie

José G. Muñoz García @josegmunoz mar 5 de febrero de 2013/SDPNoticias
Es fácil comprender que el camino para lograr justicia es inmensamente largo, tortuoso, complicado e intransitable para la inmensa mayoría de los ciudadanos que han sido violentados en sus derechos tanto por agentes gubernamentales como por particulares. También se ha convertido en obviedad que sólo una élite (“víctimas privilegiadas”, las llamó Felipe Calderón) tiene acceso a instancias superiores para que su caso sea revisado y se logre enmendar alguna injusticia sufrida. La impunidad que logran los infractores de las leyes oscila entre el 95 y 98 por ciento y las víctimas de algún delito tienen como0 única opción llorar su desagracia. 
La delincuencia organizada es un flagelo para millones de ciudadanos y la autoridad legítimamente constituida se desvive en la búsqueda de palabras para calmar la sed de justicia. Se gasta sumas millonarias para contratar genios de la comunicación para que creen mensajes de esperanza que pronto se acabará este infierno, pero pasa el tiempo y continúan las extorsiones por “derecho de piso”; los secuestros, asaltos, asesinatos, fraudes, violaciones, trata de personas, narcotráfico y otros de gran calado sin que se avisore cuándo pueda tan siquiera amainar este infierno, producido por negligencia, impotencia y a veces participación directa por las mismas autoridades. 
Apenas el 28 de enero la versión en línea de diario Reforma publicó que “Ocho ciudades están al rojo vivo por la violencia en el País desde hace dos años. Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indican que Acapulco, el Distrito Federal, Ciudad Juárez, Culiacán, Monterrey, Torreón, Chihuahua y Tijuana figuran en el ranking de las localidades más violentas al concentrar el mayor número de muertos entre 2011 y 2012. Durante ese periodo, esos lugares concentraron más de la cuarta parte de los homicidios dolosos cometidos en el País. "Los mexicanos seguimos sintiéndonos inseguros. Hay regiones del País donde el crimen controla la plaza, donde el Estado es inexistente. La atención debe estar puesta en éste tema, es un reto primordial", planteó Edna Jaime, directora ejecutiva de México Evalúa.
Otro escalofriante testimonio de la incapacidad oficial lo muestra el diario The Washington Post que publicó que “unos 25 mil adultos y niños han desaparecido en México durante los últimos seis años, según documentos del gobierno mexicano que recibieron de parte de 'burócratas frustrados por lo que describen como una falta de transparencia oficial y el fallo del gobierno en investigar estos casos'. Según el diario, los nombres de la lista –'muchos más que los estimados en conteos no oficiales'- están en columnas de Microsoft Excel junto con las fechas de desaparición, sus edades, las ropas que vestían, sus trabajos y un pequeño resumen con 'datos escalofriantes'”.

Hacia donde se voltee hay sangre, destrucción del orden jurídico y muerte. Pero también hay un gran número de mexicanos que trabajan a contrapelo del desorden: que viajan varias horas diariamente para llevar los satisfactores indispensables para sus hogares; hay pequeños empresarios, víctimas de las usura de la banca, que dan empleo a su familia y tienen a sus hijos estudiando y un día gran número de ellos serán ciudadanos útiles a la sociedad. Hay millones de profesionales de todas las ramas apoyando con sus conocimientos el crecimiento de la planta productiva. 
En el campo y las ciudades de nuestro México es mayor el número de mexicanos que nada tiene que ver con la delincuencia organizada y eso es un valor a defender con la ley en la mano. Esa mayoría debe imponerse a quienes perciben al país como un territorio sin ley. 
Se entiende el hartazgo que sufren algunas comunidades, como en Ayutla, Guerrero, donde crearon una “policía ciudadana”, a la que le otorgaron facultades legislativas y hasta judiciales con el objetivo de defenderse del crimen organizado, sólo que en el intento esa policía ciudadanas ya cayó en vicios peores que la policía institucional, al herir a dos turistas que se negaron a detenerse en un retén de  encapuchados que instalaron en la carreteras de acceso al pueblo. Se entiende, sí, pero  por ningún motivo puede el Estado moderno permitir estos excesos. 
La policía y hasta los jurados populares que se instalaron para “juzgar” a presuntos delincuentes (ellos ni siquiera los consideran “presuntos”) no tiene otra base que la voluntad del “pueblo”, expresión socorrida que se utiliza con demasiada frecuencia para cometer actos de barbarie. 
El Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: “La soberanía residen esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Hay quienes interpretan que en este artículo está la base de emprender una nueva revolución en cualquier momento y hasta se cita que todos los movimientos populares armados, en sus inicios han sido considerados como actos de vandalismo. 
Pancho Villa, según versiones, se convirtió primero en asesino por defender el honor de su hermana, mancillado por uno de los hijos del hacendado Laureano López Negrete, propietario de la hacienda Sombreretillo. Por esa causa vivió huyendo algunos años, en los que para sobrevivir, se unió a otros prófugos de la justicia cometiendo actos de vandalismo, hasta que la revolución tomó forma, en cuyo seno y a su amparo creció hasta convertirse en general. 
Emiliano Zapata, el caudillo del sur, al que tantas alabanzas se prodiga el oficialismo y sus medios afines, fue desprestigiado hasta la ignominia con el mote de bandido “roba-vacas”. Todavía cuando se concretó el asesinato a traición del revolucionario, el 10 de abril de 1919, el diario Excélsior de la ciudad de México le dedicó la nota principal en la que se festinaba el fin del “gavillero”. 
Ahora bien, la cuestión ahora es preguntar y responder si México está en revolución o si tiene condiciones prerrevolucionarias como las que prevalecían antes de 1910 y la respuesta definitiva es “No”. Hoy no se tiene una concentración del ingreso en tan pocas manos ni los trabajadores tienen la calidad de esclavos. Un obrero de esta época cuenta con comodidades jamás imaginadas en 1910: agua entubada en su casa, baño, teléfono celular, servicios de salud para toda su familia, etc., sin que por ello se quiera asegurar que es el paraíso, sino acentuar que todas las deficiencias que se padecen, ni siquiera tienen punto de comparación con las de 1910. 
La mención de que a los revolucionarios en sus inicios se les defenestraba y ahora se les considera héroes, viene de aquellos que sostienen que los actos de vandalismo de hoy pueden ser elogiados mañana, porque muchos actos “ilegales” son necesarios para cambiar el estado de cosas. Que la violencia es el parto de la historia. 
La violencia con intenciones de hacer una nueva revolución debe tener explícito ese carácter. Madero proclamó el Plan de San Luis en 1910. Zapata publicó su propio Plan de Ayala en 1911y los otros muchos planes avisaban a la nación su intención de derrocar al régimen. En tiempos modernos, apenas fue el subcomandante Marcos el que se atrevió a realizar su anuncio de derrocar al régimen de Carlos Salinas de Gortari a principio de 1994, con su Declaración de la Selva Lacandona. Ni siquiera el EPR con todo su capacidad destructora, ha declarado que quiere derrocar a nadie. 
Los habitantes de Ayutla, Guerrero, no tienen una proclama de revolución, ni siquiera de sustitución del régimen local, sino que, de facto, asumen sus funciones. Tienen todo el derecho de estar indignados, pero a lo que no tienen derecho es a instalar una policía y un tribunal para efectos de venganza. Esos cuerpos tienen en todo caso la categoría de turbamulta dispuesta linchar por un agravio menor a la comunidad (una infracción, de tránsito, robo por hambre, insultos, escándalo en vía pública, una deuda económica con algún amigo del “tribunal”, o, incluso, a algún visitante “sospechoso”, etc.) y eso el Estado no puede, no debe permitirlo, porque hacerse justicia por propia mano, es barbarie.

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