Las 10 dependencias con más sospechas de corrupción
1. Petróleos Mexicanos (Pemex): 2,142 funcionarios sancionados.
Un caso: En diciembre de 2010, 14 empleados de Pemex Refinación crearon una red para encubrir una contratación en sobreprecio de cuatro buques, lo cual desfalcó a la paraestatal mexicana por 245 millones de pesos.
2. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): 1,684 funcionarios sancionados.
Un caso: En noviembre de 2010, el coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del IMSS negoció con un directivo de un laboratorio farmacéutico la compra de medicamentos en sobreprecio por 80 millones de pesos, a través de una licitación “a modo”.
3. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): 1,444 funcionarios sancionados .
Un caso: En mayo de 2011, el jefe de Farmacia del Hospital Regional “Valentín Gómez Farias” del ISSSTE en Zapopan, Jalisco, robó medicinas contra el cáncer y recetas por 20,000 pesos para revenderlas a particulares.
4. Servicio de Administración Tributaria (SAT): 1,406 funcionarios sancionados .
Un caso: En enero de 2011, un empleado de la Auditoría Fiscal de Oriente del DF del SAT exigió a un contribuyente 750,000 pesos a cambio de reducirle un adeudo de 4.5 millones a 210,000 pesos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
5. Procuraduría General de la República (PGR): 1,214 funcionarios sancionados.
Un caso: En junio de 2007 se descubrió que 42 funcionarios de la PGR falsearon sus informes de percepciones salariales para obtener de Fovissste créditos de vivienda superiores a derecho, y que costaron a la dependencia más de 50 millones de pesos.
6. Secretaría de Educación Pública (SEP): 1,028 funcionarios sancionados .
Un caso: Entre 2005 y 2006, 194 empleados de la Dirección General de Educación Indígena de la SEP simularon compras con facturas falsas de lentes y aparatos ortopédicos para niños de escasos recursos; esto causó daños al erario por 3.9 millones de pesos.
7. Instituto Nacional de Migración (INM): 908 funcionarios sancionados .
Un caso: En noviembre de 2009, 10 agentes del INM utilizaron papelería oficial para emitir 35 pasaportes falsos a ciudadanos chinos, quienes habrían ingresado al país para efectuar operaciones relacionadas con la trata de personas.
8. Comisión Federal de Electricidad (CFE): 604 funcionarios sancionados .
Un caso: En julio de 2012, la SFP calculó un daño patrimonial de 65 millones de pesos a la CFE, luego de que cinco directivos –incluido el director de Operación de la paraestatal– compraron en sobreprecio equipo de cómputo de supuesta alta tecnología.
9. Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol): 602 funcionarios sancionados .
Un caso: En marzo de 2011, el entonces delegado de la Sedesol en Morelos pagó a tres empresas constructoras montos indefinidos para llevar a cabo en varios municipios el programa Piso Firme, pero las obras nunca se llevaron a cabo.
10. Policía Federal (PF): 599 funcionarios sancionados .
Un caso: Entre 2008 y 2009, personal de la Coordinación de Administración y Servicios de la PF recibió sobornos de parte de la empresa estadounidense BizJet International Sales & Support Inc. para beneficiarse con contratos que sumaron 47.8 millones de pesos por el mantenimiento integral de helicópteros y jets de la dependencia.
DE TODO UN POCO
Las investigaciones sobre actos de corrupción abarcaron todo tipo de faltas: contratos apócrifos con empresas fantasmas, cobro ilegal de cuotas escolares, averiguaciones previas en “carpetazo” por un soborno, dádivas a cambio de perder expedientes y hasta filtraciones de películas a líderes de comerciantes ambulantes.
En el sexenio, 91 dependencias fueron investigaciones por corrupción: a la Presidencia de la República le abrieron 245 indagatorias a lo largo del sexenio por malos manejos dolosos; al Instituto Politécnico Nacional (IPN), 593 expedientes; al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), 193; al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 112.
La respuesta a la solicitud de transparencia detalla que las consecuencia de los actos corruptos son sanciones administrativas, inhabilitación o destitución de funcionarios en el sexenio pasado.
Pero sólo en 213 casos, la Función Pública promovió denuncias penales por delitos como tráfico de influencias, desvío de recursos y daños al patrimonio, principalmente.
Uno de estos 213 casos es el de cinco empleados de Ferrocarriles Nacionales de México, quienes para saldar la deuda de una licitación mal entregada robaron y revendieron entre 2007 y 2008 más de 1,800 millones de pesos en rieles, clavos y pernos de los trenes nacionales.
Ante este escenario, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el 23 de noviembre una reforma a la Administración Pública Federal -propuesta por el presidente Peña Nieto- para que la Secretaría de la Función Pública desaparezca y sea sustituida por una Comisión Nacional Anticorrupción autónoma.
La reforma -que también contempla cambios para dependencias como Gobernación- fue avalada en lo general este jueves por la Cámara de Senadores, con lo cual sólo falta que sea aprobada en lo particular y se publique el decreto.
'PUDIERON HACERLO MEJOR'
La era de los sexenios panistas en México dejan para ENrique Peña Nieto un saldo positivo en materia de transparencia y uno negativo en rendición de cuentas, aseguró en entrevista Eduardo Bojórquez, director de la organización Transparencia Mexicana.
El especialista aseguró que los presidentes panistas cumplieron con avances como la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), así como obligar a los órganos de la administración federal a responder las solicitudes de información de los ciudadanos en áreas de sensibles como compras y licitaciones.
"Hace unos años eso era imposible; no había manera de conocer tales documentos. Ahora, los jóvenes entre 18 y 25 años ven con normalidad ese derecho. Ése fue un gran logro: que la transparencia se volvió un derecho, no una prebenda", dijo.
Sin embargo, se falló en la convocatoria a los otros niveles de gobierno, pues ni los estados ni los municipios siguieron el ejemplo federal, ni hubo quien los obligara a hacerlo.
"Se podría decir que faltó oficio político, que en ese sentido la transparencia no es completa. Si uno vive en el DF tiene más acceso a datos de gobierno que alguien que vive en provincia y eso es un retroceso', comentó.
Bojórquez abundó que los presidentes panistas fallaron en la rendición de cuentas, es decir, en la explicación del porqué se toman las decisiones del Gobierno Federal.
"Una cosa es que nos muestren, por ejemplo, documentos de compra del gobierno y otra es que nos explique por qué se compraron esos bienes a esos precios. En eso hay un avance magro", consideró el experto.
De acuerdo con datos de Transparencia Mexicana, estas acciones han causado que los gobiernos panistas terminen su etapa en Los Pinos con el mismo índice de percepción ciudadana en corrupción: 7.2 en escala del 1 al 10.
En el 2010, la organización contabilizó la existencia de 200 millones de actos de corrupción en los servidores públicos federales, estatales, municipales, además de concesiones y servicios administrados por particulares.
"Definitivamente, pudieron hacerlo mejor. Se pudo hacer más con lo que aprobó el Congreso en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, pero… no, no lo hicieron", comentó Bojórquez.
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