Tocará a Segob reconstruir el tejido social
Entre sus atribuciones posibles, la dependencia fomentaría los planes de prevención del delito y la participación ciudadana
Ivonne Melgar
CIUDAD DE MÉXICO, 17 de noviembre.-
En la reforma de la administración pública federal del presidente electo
Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) tendría la
facultad de desarrollar “políticas orientadas a prevenir el delito y
reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por fenómenos
de delincuencia recurrente o generalizada”.
Así se detalla en la iniciativa que este jueves presentó el PRI en la Cámara de Diputados y cuyo contenido se busca desahogar y aprobar la próxima semana.
Al asumir las tareas que hasta ahora ejecuta la Secretaría de Seguridad Pública, misma que el futuro gobierno busca eliminar, Gobernación tendría bajo su responsabilidad el combate al crimen organizado,
En consecuencia, de concretarse la reforma, el nuevo titular de Gobernación conduciría la prevención del delito “en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales”.
Para ese mismo propósito, según se enumera en la iniciativa, la Segob fomentaría la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales.
Por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que pasaría al mando de la Secretaría de Gobernación, conduciría además la prevención de los delitos del fuero común.
La Segob también deberá promover y facilitar la participación social para “el desarrollo de actividades de vigilancia” sobre el ejercicio de las atribuciones de la dependencia en materia de seguridad interior y pública, así como atender las denuncias y quejas ciudadanas por su desempeño en este rubro.
Para concretar todo lo anterior, Gobernación tendría que concretar convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con las estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, “en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia.
“Así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, conforme a la legislación”, se indica en la iniciativa.
Al concentrar bajo su mando la política de seguridad, Gobernación auxiliaría a la Procuraduría General de la República en la persecución de los delitos; y “dispondría de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables, en las situaciones de alteración grave del orden público”
Por lo tanto, la Policía Federal estaría adscrita a la Segob y, consecuentemente, su titular “propondría a quien pudiere ser designado por el Presidente de la República como comisionado general de la Policía Federal”.
En esta reformulación institucional, el secretario de Gobernación propondría en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, también bajo su futuro mando, tanto las políticas como las acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional.
En coordinación con la PGR, la Segob impulsaría estudios sobre los actos delictivos no denunciados.
Cuando así se requiera o estime, Gobernación reforzaría la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas y tendría la facultad de intervenir ante situaciones de peligro, en casos de amenaza por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente.
Además de conducir las políticas migratoria, penitenciaria y en derechos humanos y atención a víctimas, como lo dio a conocer el miércoles el Presidente electo en un acto con sus coordinadores parlamentarios, la propuesta del PRI busca que en el próximo gobierno la Segob tendría la operación de la investigación e información en materia de seguridad nacional.
Correspondería, por lo tanto, a esa dependencia el mantenimiento del sistema de información, reportes y registro de datos en materia criminal, así como la coordinación de los mecanismos e instancias vinculados a esa materia.
De acuerdo con la iniciativa presentada, Gobernación regularía y autorizaría la portación de armas para empleados federales, para lo cual se coordinará con la Secretaría de la Defensa Nacional, además de otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o más entidades federativas, así como supervisar su funcionamiento.
En la iniciativa se resume que, para concretar los cambios enumerados, el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal deberá experimentar “un reordenamiento integral de las funciones” de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con la propuesta, la jerarquización sería la siguiente: “Comenzar con aquellas de carácter formal, continuar con las de política interior y gobernabilidad democrática y de derechos humanos, continuar con las de seguridad y finalizar con aquellas en materia de protección civil, población, cédula de identificación personal en términos de ley.”
Enseguida, la “jurisdicción de islas, asociaciones religiosas y culto público, juegos y sorteos, comunicación social y radio y televisión, el Archivo General de la Nación, las cívicas relacionadas con el calendario oficial, entre otras que señalen las leyes y los reglamentos” correspondientes, enlista la propuesta.
“Se abre la puerta al régimen totalitario”
Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del Partido de la Revolución Democrática, aseguró que este instituto político está abierto al diálogo y a la discusión de todas aquellas propuestas en bien de la ciudadanía, al comentar las propuestas enviadas por el presidente electo Enrique Peña Nieto.
Indicó que no se puede estar en desacuerdo si con éstas se atiende una de las demandas más sentidas de la población, que es la seguridad pública.
No obstante, el perredista consideró que la “supersecretaría” de Gobernación, a la que Enrique Peña Nieto pretende darle vida, “no es más que para abrirle la puerta al regreso de un régimen totalitario de la década de los 70, cuando se torturaba, se desaparecía al enemigo y la impunidad campeaba”.
2012-11-17 05:12:00
Así se detalla en la iniciativa que este jueves presentó el PRI en la Cámara de Diputados y cuyo contenido se busca desahogar y aprobar la próxima semana.
Al asumir las tareas que hasta ahora ejecuta la Secretaría de Seguridad Pública, misma que el futuro gobierno busca eliminar, Gobernación tendría bajo su responsabilidad el combate al crimen organizado,
En consecuencia, de concretarse la reforma, el nuevo titular de Gobernación conduciría la prevención del delito “en coordinación con las autoridades competentes federales, estatales y municipales”.
Para ese mismo propósito, según se enumera en la iniciativa, la Segob fomentaría la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales.
Por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que pasaría al mando de la Secretaría de Gobernación, conduciría además la prevención de los delitos del fuero común.
La Segob también deberá promover y facilitar la participación social para “el desarrollo de actividades de vigilancia” sobre el ejercicio de las atribuciones de la dependencia en materia de seguridad interior y pública, así como atender las denuncias y quejas ciudadanas por su desempeño en este rubro.
Para concretar todo lo anterior, Gobernación tendría que concretar convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con las estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, “en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia.
“Así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, conforme a la legislación”, se indica en la iniciativa.
Al concentrar bajo su mando la política de seguridad, Gobernación auxiliaría a la Procuraduría General de la República en la persecución de los delitos; y “dispondría de la fuerza pública en términos de las disposiciones legales aplicables, en las situaciones de alteración grave del orden público”
Por lo tanto, la Policía Federal estaría adscrita a la Segob y, consecuentemente, su titular “propondría a quien pudiere ser designado por el Presidente de la República como comisionado general de la Policía Federal”.
En esta reformulación institucional, el secretario de Gobernación propondría en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, también bajo su futuro mando, tanto las políticas como las acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional.
En coordinación con la PGR, la Segob impulsaría estudios sobre los actos delictivos no denunciados.
Cuando así se requiera o estime, Gobernación reforzaría la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas y tendría la facultad de intervenir ante situaciones de peligro, en casos de amenaza por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente.
Además de conducir las políticas migratoria, penitenciaria y en derechos humanos y atención a víctimas, como lo dio a conocer el miércoles el Presidente electo en un acto con sus coordinadores parlamentarios, la propuesta del PRI busca que en el próximo gobierno la Segob tendría la operación de la investigación e información en materia de seguridad nacional.
Correspondería, por lo tanto, a esa dependencia el mantenimiento del sistema de información, reportes y registro de datos en materia criminal, así como la coordinación de los mecanismos e instancias vinculados a esa materia.
De acuerdo con la iniciativa presentada, Gobernación regularía y autorizaría la portación de armas para empleados federales, para lo cual se coordinará con la Secretaría de la Defensa Nacional, además de otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o más entidades federativas, así como supervisar su funcionamiento.
En la iniciativa se resume que, para concretar los cambios enumerados, el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal deberá experimentar “un reordenamiento integral de las funciones” de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con la propuesta, la jerarquización sería la siguiente: “Comenzar con aquellas de carácter formal, continuar con las de política interior y gobernabilidad democrática y de derechos humanos, continuar con las de seguridad y finalizar con aquellas en materia de protección civil, población, cédula de identificación personal en términos de ley.”
Enseguida, la “jurisdicción de islas, asociaciones religiosas y culto público, juegos y sorteos, comunicación social y radio y televisión, el Archivo General de la Nación, las cívicas relacionadas con el calendario oficial, entre otras que señalen las leyes y los reglamentos” correspondientes, enlista la propuesta.
“Se abre la puerta al régimen totalitario”
Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del Partido de la Revolución Democrática, aseguró que este instituto político está abierto al diálogo y a la discusión de todas aquellas propuestas en bien de la ciudadanía, al comentar las propuestas enviadas por el presidente electo Enrique Peña Nieto.
Indicó que no se puede estar en desacuerdo si con éstas se atiende una de las demandas más sentidas de la población, que es la seguridad pública.
No obstante, el perredista consideró que la “supersecretaría” de Gobernación, a la que Enrique Peña Nieto pretende darle vida, “no es más que para abrirle la puerta al regreso de un régimen totalitario de la década de los 70, cuando se torturaba, se desaparecía al enemigo y la impunidad campeaba”.
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