Reforma a la administración pública federal pone más candados anticorrupción
Los secretarios de Estado serán los responsables finales del uso de los recursos públicos y de la actuación de sus subordinados
Ivonne Melgar
CIUDAD DE MÉXICO, 25 de noviembre.-
La reforma a la administración pública federal aprobada el jueves por la
Cámara de Diputados, que desaparece a la Secretaría de la Función
Pública (SFP), pretende responsabilizar de manera directa a los
secretarios de Estado sobre el uso del erario.
Fuentes consultadas del grupo parlamentario del PRI señalaron que la iniciativa de Enrique Peña Nieto, que ahora se encuentra en el Senado para su discusión, busca terminar con los pretextos de que el uso de recursos públicos depende de la SFP.
Con este cambio, el próximo gobierno federal quiere garantizar que, como se define en el artículo 44 de la iniciativa, “los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de unidades de auditoría preventiva”.
Además, los secretarios de Estado serán responsables del desempeño de los servidores públicos y órganos de su dependencia, así como de la modernización continua y del desarrollo de la gestión administrativa.
Si el Senado también avala la reforma, las unidades de auditoría preventiva de cada dependencia y entidad harán en noviembre su plan anual de trabajo.
Esta iniciativa se suma a la propuesta del presidente electo Enrique Peña Nieto de crear la Comisión Nacional Anticorrupción.
Buscan que gabinete asuma tareas de SFP
Con el rediseño de la administración aprobado en San Lázaro el jueves, el futuro gobierno de Enrique Peña Nieto busca responsabilizar de manera directa a los titulares de las dependencias federales del control del ejercicio de los recursos y terminar con las excusas de que éste correspondía a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Para concretar ese propósito, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados defendió la desaparición de la SFP y rechazó la propuesta del PAN de mantenerla, en tanto no se creara el organismo que estará a cargo de la lucha anticorrupción, cuya iniciativa se encuentra ya en el Senado.
De acuerdo con fuentes consultadas en el grupo parlamentario priista, el objetivo de eliminar a la Función Pública radica, principalmente, en establecer una mayor obligación legal para los titulares de las secretarías en la rendición de cuentas.
Con este cambio, el futuro gobierno pretende garantizar que, como se define en el artículo 44 de la iniciativa, “los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de unidades de auditoría preventiva”.
Aun cuando la bancada panista presionó para modificar ese artículo y posponer la desaparición de la SFP, los priistas tenían la instrucción de sacarlo adelante por el interés de Peña Nieto de iniciar su sexenio con una ley en la que “los titulares tendrán la obligación de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, con base en los perfiles que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito, para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales”.
Por lo tanto, los secretarios serán responsables del desempeño de los servidores públicos y órganos de su dependencia, así como de la modernización continua y del desarrollo de la gestión administrativa y el manejo de los recursos públicos.
De aprobarse la reforma en el Senado, en los años venideros “las unidades de auditoría preventiva de cada dependencia y entidad formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de auditorías”, se indica en la iniciativa.
Los auditores entregarán informes en mayo y noviembre tanto al titular de la dependencia o entidad así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y ejecución de los programas, así como sobre la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los servicios generales”.
En los artículos transitorios se aclara que se mantiene en vigor toda la normatividad de la Secretaría de la Función Pública, ahora vigente, “hasta en tanto las unidades administrativas competentes realicen la reforma o abrogación que consideren procedente”.
Las actuales tareas normativas y de mejora de la gestión desarrolladas por la Función Pública se transferirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La reforma prevé que a partir de la entrada en vigor del decreto, los denominados órganos internos de control de las dependencias, entidades y, en su caso, órganos desconcentrados, pasarán a ser las unidades de auditoría preventiva.
Los titulares de las dependencias y entidades designarán a los responsables de dichas unidades dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la nueva ley, una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita los lineamientos correspondientes a los perfiles del caso.
Mientras las nuevas autoridades en materia de combate a la corrupción no entren en operación, todos los casos que se presenten por quejas y denuncias de conductas presuntamente violatorias de ley en la materia se atenderán por las unidades de auditoría preventiva, las cuales deberán retomar los asuntos pendientes ahora en curso en la Función Pública.
La reforma propone que, a más tardar el 15 de febrero de 2013, las unidades de auditoría preventiva deberán formular su programa anual de trabajo para el ejercicio de dicho año.
Diputados de PAN y PRD votaron a contracorriente
La aprobación de la reforma a la administración pública mostró que los llamados votos de conciencia, al margen de las definiciones partidistas, existen tanto en el PRD como en el PAN.
Mientras nueve diputados perredistas se manifestaron de manera diferente a la directriz de su dirigencia parlamentaria, entre los panistas hubo 17 legisladores que rechazaron la línea impuesta por la coordinación.
En contraste, los diputados de PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza asumieron con disciplina partidista las directrices de su respectivo jefe de bancada.
El reporte oficial de votaciones y asistencia en San Lázaro el jueves anterior, cuando se aprobó la iniciativa, permite confirmar que el Partido del Trabajo ha encontrado en el ausentismo una modalidad política de manifestarse con temas polémicos.
Al igual que Movimiento Ciudadano, el PT rechazó en bloque la reforma, pero la tercera parte del grupo faltó a la sesión, incluido su dirigente, Alberto Anaya.
Los números desmienten la idea de que el PRD alinea a sus integrantes. Porque a nueve días de convertirse en bancada opositora, los panistas mostraron, proporcionalmente hablando, una mayor rebeldía respecto de las instrucciones cupulares.
Rebeldes azules
En el caso del PRD, la coordinación a cargo de Silvano Aureoles, en acuerdo con la dirigencia nacional, decidió la abstención.
Sin embargo, de los 104 diputados perredistas, nueve optaron por el voto en contra, es decir, ocho. 6 % del grupo, entre ellos José Ángel Ávila, Claudia Bojórquez, Alejandro Carbajal y Claudia Águila. Otros 11 legisladores, 10.5 %, prefirieron no acudir.
En el PAN, sin embargo, la cifra del llamado voto de conciencia fue mayor. La directriz de Luis Alberto Villarreal, con el aval de la dirigencia, fue votar en favor de la reforma, si bien presentarían reservas en algunos puntos.
El argumento de Gustavo Madero, líder nacional, y del jefe de los diputados fue que, como ocurrió hace 12 años con los cambios propuestos por el entonces presidente electo Vicente Fox, había que darle a la futura administración de Enrique Peña Nieto “la cortesía parlamentaria”.
De los 114 diputados blanquiazules, 17 rechazaron la reforma con su voto en contra. Esto significa que 15% del grupo no acató la linea.
Ellos son: Juan Bueno Torio, Rubén Camarillo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Sergio Augusto Chan Lugo, Alberto Díaz Trujillo, José García Ramírez, Mariana Dunyaska García Rojas, Juan Gastélum Buenrostro, Lázara Nelly González Aguilar, Raquel Jiménez Cerrillo, Teresa Jiménez Esquivel, Raudel López, Francisco Pelayo Covarrubias, Alicia Ricalde Magaña, Verónica Sada Pérez, Cinthya Noemí Valladares Couoh y Alfredo Zamora.
2012-11-25 03:51:00
Fuentes consultadas del grupo parlamentario del PRI señalaron que la iniciativa de Enrique Peña Nieto, que ahora se encuentra en el Senado para su discusión, busca terminar con los pretextos de que el uso de recursos públicos depende de la SFP.
Con este cambio, el próximo gobierno federal quiere garantizar que, como se define en el artículo 44 de la iniciativa, “los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de unidades de auditoría preventiva”.
Además, los secretarios de Estado serán responsables del desempeño de los servidores públicos y órganos de su dependencia, así como de la modernización continua y del desarrollo de la gestión administrativa.
Si el Senado también avala la reforma, las unidades de auditoría preventiva de cada dependencia y entidad harán en noviembre su plan anual de trabajo.
Esta iniciativa se suma a la propuesta del presidente electo Enrique Peña Nieto de crear la Comisión Nacional Anticorrupción.
Buscan que gabinete asuma tareas de SFP
Con el rediseño de la administración aprobado en San Lázaro el jueves, el futuro gobierno de Enrique Peña Nieto busca responsabilizar de manera directa a los titulares de las dependencias federales del control del ejercicio de los recursos y terminar con las excusas de que éste correspondía a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Para concretar ese propósito, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados defendió la desaparición de la SFP y rechazó la propuesta del PAN de mantenerla, en tanto no se creara el organismo que estará a cargo de la lucha anticorrupción, cuya iniciativa se encuentra ya en el Senado.
De acuerdo con fuentes consultadas en el grupo parlamentario priista, el objetivo de eliminar a la Función Pública radica, principalmente, en establecer una mayor obligación legal para los titulares de las secretarías en la rendición de cuentas.
Con este cambio, el futuro gobierno pretende garantizar que, como se define en el artículo 44 de la iniciativa, “los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de unidades de auditoría preventiva”.
Aun cuando la bancada panista presionó para modificar ese artículo y posponer la desaparición de la SFP, los priistas tenían la instrucción de sacarlo adelante por el interés de Peña Nieto de iniciar su sexenio con una ley en la que “los titulares tendrán la obligación de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, con base en los perfiles que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito, para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales”.
Por lo tanto, los secretarios serán responsables del desempeño de los servidores públicos y órganos de su dependencia, así como de la modernización continua y del desarrollo de la gestión administrativa y el manejo de los recursos públicos.
De aprobarse la reforma en el Senado, en los años venideros “las unidades de auditoría preventiva de cada dependencia y entidad formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de auditorías”, se indica en la iniciativa.
Los auditores entregarán informes en mayo y noviembre tanto al titular de la dependencia o entidad así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y ejecución de los programas, así como sobre la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los servicios generales”.
En los artículos transitorios se aclara que se mantiene en vigor toda la normatividad de la Secretaría de la Función Pública, ahora vigente, “hasta en tanto las unidades administrativas competentes realicen la reforma o abrogación que consideren procedente”.
Las actuales tareas normativas y de mejora de la gestión desarrolladas por la Función Pública se transferirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La reforma prevé que a partir de la entrada en vigor del decreto, los denominados órganos internos de control de las dependencias, entidades y, en su caso, órganos desconcentrados, pasarán a ser las unidades de auditoría preventiva.
Los titulares de las dependencias y entidades designarán a los responsables de dichas unidades dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de la nueva ley, una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita los lineamientos correspondientes a los perfiles del caso.
Mientras las nuevas autoridades en materia de combate a la corrupción no entren en operación, todos los casos que se presenten por quejas y denuncias de conductas presuntamente violatorias de ley en la materia se atenderán por las unidades de auditoría preventiva, las cuales deberán retomar los asuntos pendientes ahora en curso en la Función Pública.
La reforma propone que, a más tardar el 15 de febrero de 2013, las unidades de auditoría preventiva deberán formular su programa anual de trabajo para el ejercicio de dicho año.
Diputados de PAN y PRD votaron a contracorriente
La aprobación de la reforma a la administración pública mostró que los llamados votos de conciencia, al margen de las definiciones partidistas, existen tanto en el PRD como en el PAN.
Mientras nueve diputados perredistas se manifestaron de manera diferente a la directriz de su dirigencia parlamentaria, entre los panistas hubo 17 legisladores que rechazaron la línea impuesta por la coordinación.
En contraste, los diputados de PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza asumieron con disciplina partidista las directrices de su respectivo jefe de bancada.
El reporte oficial de votaciones y asistencia en San Lázaro el jueves anterior, cuando se aprobó la iniciativa, permite confirmar que el Partido del Trabajo ha encontrado en el ausentismo una modalidad política de manifestarse con temas polémicos.
Al igual que Movimiento Ciudadano, el PT rechazó en bloque la reforma, pero la tercera parte del grupo faltó a la sesión, incluido su dirigente, Alberto Anaya.
Los números desmienten la idea de que el PRD alinea a sus integrantes. Porque a nueve días de convertirse en bancada opositora, los panistas mostraron, proporcionalmente hablando, una mayor rebeldía respecto de las instrucciones cupulares.
Rebeldes azules
En el caso del PRD, la coordinación a cargo de Silvano Aureoles, en acuerdo con la dirigencia nacional, decidió la abstención.
Sin embargo, de los 104 diputados perredistas, nueve optaron por el voto en contra, es decir, ocho. 6 % del grupo, entre ellos José Ángel Ávila, Claudia Bojórquez, Alejandro Carbajal y Claudia Águila. Otros 11 legisladores, 10.5 %, prefirieron no acudir.
En el PAN, sin embargo, la cifra del llamado voto de conciencia fue mayor. La directriz de Luis Alberto Villarreal, con el aval de la dirigencia, fue votar en favor de la reforma, si bien presentarían reservas en algunos puntos.
El argumento de Gustavo Madero, líder nacional, y del jefe de los diputados fue que, como ocurrió hace 12 años con los cambios propuestos por el entonces presidente electo Vicente Fox, había que darle a la futura administración de Enrique Peña Nieto “la cortesía parlamentaria”.
De los 114 diputados blanquiazules, 17 rechazaron la reforma con su voto en contra. Esto significa que 15% del grupo no acató la linea.
Ellos son: Juan Bueno Torio, Rubén Camarillo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Sergio Augusto Chan Lugo, Alberto Díaz Trujillo, José García Ramírez, Mariana Dunyaska García Rojas, Juan Gastélum Buenrostro, Lázara Nelly González Aguilar, Raquel Jiménez Cerrillo, Teresa Jiménez Esquivel, Raudel López, Francisco Pelayo Covarrubias, Alicia Ricalde Magaña, Verónica Sada Pérez, Cinthya Noemí Valladares Couoh y Alfredo Zamora.
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